Violencia y valores democráticos

Para poder entender ciertos procesos legales, se precisan conocimientos técnicos, pues la naturaleza del delito es tremendamente compleja. Así sucede, por ejemplo, si se intenta seguir un caso financiero (las preferentes, la privatización de Bankia, etc.). Al ciudadano que no esté muy metido en estas cuestiones le cuesta mucho entender los entresijos del caso y no le queda más remedio que delegar en la opinión de personas especializadas en el tema.

En otros juicios, en cambio, la materia de la que se trata no exige un dominio pleno del Derecho, pero los hechos y las evidencias no son concluyentes, las pruebas no son del todo claras, las declaraciones de los testigos no encajan, etc. Todo gira entonces en torno a la valoración de las evidencias disponibles.

El juicio a los líderes del independentismo catalán es bastante excepcional porque no se puede encuadrar en ninguna de las dos categorías previas. Dado que trata sobre cuestiones políticas, no requiere un gran dominio jurídico; y puesto que los hechos que se juzgan sucedieron a la vista de todos, siendo retransmitidos en directo por los medios de comunicación, tampoco las evidencias pueden ser muy distintas de las que cualquier persona informada conoce. Por todo ello, es un juicio que trasciende con mucho los límites del Derecho y plantea cuestiones que afectan a los fundamentos del sistema democrático. En este sentido, creo que es necesario que los comentarios sobre la causa catalana no se restrinjan a las personas entendidas en leyes. Lo que está en juego, al fin y al cabo, no es sólo si los líderes independentistas son inocentes o culpables por los delitos de los que se les acusa, sino los límites de nuestra democracia y nuestro Estado de derecho. El juicio tendrá consecuencias de largo alcance sobre la forma en que resolvamos los conflictos políticos en el futuro. Se trata de una causa que nos emplaza a todos a tomar partido.

Uno de los puntos nucleares del juicio consiste en dilucidar si hubo violencia durante la crisis de otoño de 2017. Ello es así porque el delito de rebelión, el más grave de los que han formulado las acusaciones, se describe en el Código Penal en términos de un “alzamiento violento” (en el caso del delito de sedición, algo menos grave, se habla de un “alzamiento tumultuario”).

Cualquiera que haya seguido los sucesos de la crisis catalana es consciente de que la violencia no fue más allá de algunos incidentes aislados y espontáneos que suelen producirse en toda protesta masiva. La concentración del 20 de septiembre y la jornada del 1 de octubre parecen ser los momentos clave a ojos de las acusaciones. En la concentración ante la Consejería de Hacienda, que tuvo que ser improvisada, pues nadie sabía que se iba a producir y por lo tanto no puede obedecer a una conspiración o un plan predeterminados, se vivió una gran indignación por los registros judiciales, pero dicha indignación se canalizó de forma pacífica. Habría habido violencia si una muchedumbre o turbamulta hubiese roto el cordón policial de la puerta del edificio y hubiese penetrado en el edificio, golpeando a la comitiva judicial y a las fuerzas de seguridad que se encontraban dentro del edificio. O si los concentrados hubieran atacado a los policías que se encontraban apostados en la calle. Pero no ocurrió nada de eso, como puede comprobar cualquiera que vea el documental “20S”.

En España ha habido manifestaciones mucho más violentas que las del 20S, desde las luchas obreras durante la reconversión industrial en los 80 hasta los recientes conflictos del taxi. Y ha habido violencia grave orientada a conseguir la independencia del País Vasco en múltiples jornadas de kale borroka durante los 90 y primeros años de este siglo, sin que los jueces aplicaran nunca el tipo penal de la rebelión.

A lo largo de la jornada del 1-O hubo múltiples incidentes provocados por la actuación de las fuerzas de seguridad, pero como todos tuvimos oportunidad de ver “en vivo y en directo”, la actitud de la gente fue la de desobedecer los requerimientos policiales y resistir las cargas policiales que tuvieron lugar a continuación.

Cuando los fiscales hablan de “murallas humanas”, de la presión popular y de las movilizaciones masivas, criminalizan la protesta ciudadana, confundiendo la resistencia y la protesta con la violencia. El juez Llarena, en su auto de instrucción, intenta dar cierta verosimilitud a su relato de los acontecimientos realizando distinciones bizantinas (como la de “actuar violentamente” frente a “actuar con violencia”) y tratando de forma despectiva y condescendiente a quienes participaban en las protestas de aquellos días (a quienes califica de “masa de fuerza” y considera que estaban poseídos por un “fanatismo violento”). En estas primeras semanas de juicio, hemos visto también cómo los fiscales se referían a las personas que protagonizaron las movilizaciones populares como una masa informe y aborregada que cumplía las directrices marcadas por una camarilla siniestra de conspiradores (los líderes independentistas). De ahí que hablaran insistentemente de las “murallas humanas”.

Resulta absurdo intentar apuntalar las acusaciones de rebelión y sedición con semejantes descripciones de la protesta de la gente. En Cataluña hubo una desobediencia grave y evidente de la legalidad por parte de las autoridades independentistas, que en nuestro país se castiga con penas de inhabilitación, y que puede justificar además medidas políticas como la suspensión de la autonomía de la región, pero no hubo violencia ni “alzamiento” y por tanto no pudo haber ni rebelión ni sedición (ni conspiración para la rebelión, dicho sea de paso). La acusación resulta especialmente monstruosa con respecto a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes no tenían ninguna responsabilidad de Gobierno y se limitaron a ejercer sus derechos políticos fundamentales.

Tanto la instrucción del juez Llarena como la línea seguida por la Fiscalía (primero con el Gobierno de Rajoy y ahora con el de Sánchez) revelan una profunda falta de sensibilidad democrática. Así como a raíz de la sentencia de La Manada hubo una demanda para que los jueces se formen en valores de género y tengan una mejor comprensión de la naturaleza de las agresiones machistas, creo que, por lo que hemos visto en estas primeras semanas, al Tribunal Supremo le vendría muy bien un cursillo acelerado de valores democráticos.