La causa de la causa

Hay un viejo aforismo en derecho que dice que la causa de la causa es la causa del mal causado (causa causae est causa cusati). Se atribuye a Santo Tomás de Aquino, y constituye, además de un trabalenguas diabólico, un principio inspirador de nuestros ordenamientos, especialmente en los ámbitos civil y penal, pero también de otras áreas de conocimiento, desde la física a la metafísica, la sociología y hasta el arte. En resumen, viene a significar que la causa original de un resultado es la responsable de los efectos posteriores. Todo tiene una causa y forma parte de la naturaleza humana su búsqueda y descubrimiento, y este principio de causalidad en román paladino se traduce en la expresión clásica de que no se puede tirar la piedra y esconder la mano.

Por ejemplo, hay quien puede llegar a pensar que las causas del procés encuentran su origen en la impugnación ante el Tribunal Constitucional del Estatut de Cataluña por parte de 99 diputados conservadores, que concluyó tras una cascada de intentos de recusaciones en la muy controvertida sentencia 31/2010, que a su vez dio lugar a una enorme movilización política y un aún mayor malestar social. Todo ello a cuenta del concepto de nación, que es más sociológico y político y jurídico, y entronca con lo sentimental más que con lo racional. En cualquier caso, lo que pudo gestionarse en las sedes de la soberanía popular, o mediante el diálogo y la negociación, se convirtió en el pistoletazo de salida para un conflicto de enorme relevancia, con el resultado bien conocido y lamentado de ruptura de relaciones institucionales y de una brecha social gravísima, que ha costado mucho restañar. Si lo analizamos, hubo una causa, un objetivo y una intención de consecuencias seguramente no medidas.

También se podría pensar que la permanente impugnación de la legitimidad democrática de un gobierno nacido de las urnas y conformado mediante acuerdos entre diferentes que ha conseguido culminar casi plenamente la legislatura, tiene sus objetivos e intereses concretos. Del Gobierno Frankenstein al que te vote Txapote, o el Sánchez okupa, son un camino claramente dirigido a un final concreto del que habrán sido la causa si es que se produce. Lo mismo sucede con la actuación de determinados miembros del CGPJ, con su instrumentalización de la institución de la que forman parte y de la justicia misma a la que como órgano de gobierno han de dirigirse. Caducados, politizados, inhábiles durante meses y meses, su actuar tiene un fin tan obvio como difícilmente admisible.

Son causa los indisimulados intentos de determinados miembros de la derecha y derecha extrema cuando llaman al movimiento frente al acuerdo sobre una ley cuyo texto aún no conocen y que en cualquier caso habrá de ser refrendada por la soberanía nacional

Pero también son causa los indisimulados intentos de determinados miembros de la derecha y de la derecha extrema cuando llaman al movimiento, a la actuación frente al acuerdo sobre una ley cuyo texto aún no conocen y que en cualquier caso habrá de ser refrendada por la soberanía nacional expresada en las Cortes generales y ratificada en cuanto a su validez jurídica por el TC. Alguien podría concluir que esos llamamientos están en la causa de los desmanes y de las presiones callejeras tan alejadas del derecho a la participación democrática que compartimos y que más que respuestas ciudadanas, son las viejas y violentas amenazas históricamente vertidas por grupos escasamente democráticos.

Pues sí: todo tiene su causa, y cada causa su intención, y tras cada intención ese interés concreto que muchas veces se pretende ocultar, pero que acarrea o debiera acarrear responsabilidad por los daños, los destrozos democráticos que se produzcan. Si no les gusta un gobierno concreto, tendrán que utilizar los instrumentos que nuestro garantista sistema constitucional les ofrece. La mayoría de los que no quieren una amnistía habrán de convencer a la mayoría de los representantes de las cámaras de que no es útil para la paz social. Si no quieren a Cataluña dentro de la institucionalidad del Estado por obtener algún rédito político del conflicto que lo digan, que lo asuman.

De no hacerlo, de seguir utilizando la calle sin los cauces legítimos, las instituciones y los poderes del Estado más allá de lo constitucionalmente posible ni tolerable, la política como un instrumento contra la convivencia, tendrán una responsabilidad clara que no deberíamos olvidar, porque en este caso y en estrictos términos éticos y jurídicos sí será imputable el desastre democrático acontecido.

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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.