Fallos de seguridad

El debate a raíz de conocerse el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, diferentes ministros y ministras y líderes del independentismo muestran varias cuestiones relacionadas con la demanda de responsabilidades, las cuales se pueden agrupar sobre dos elementos. Por una parte, se exige una infalibilidad en la protección y se critica el hecho de que se produzca el delito, es decir, el espionaje; y por otra, se observa que las críticas se producen más por quienes son las víctimas del espionaje, no tanto por los hechos en sí.

Esta situación nos aporta referencias significativas a la hora de entender el diferente posicionamiento respecto a otras cuestiones que afectan a las personas de a pie, y que no levantan el mismo interés ni la exigencia de responsabilidades.

Soy consciente de la distancia que hay entre unos hechos y otros, del diferente significado detrás de cada una de las situaciones, así como de la distinta trascendencia que suponen las actuaciones relacionadas con el “espionaje institucional” y los hechos que voy a comentar. Pero creo que en una democracia es necesario hacer el planteamiento amplio para entender que lo inasumible de determinadas conductas y acciones está en su significado, no sólo en su resultado ni en las personas afectadas, elementos que pueden graduar la gravedad de los hechos, no definir su ilicitud.

Lo veremos en los dos elementos destacados.

1. La infalibilidad ante la prevención del delito.

La infalibilidad ante la prevención del delito no existe. Las circunstancias que envuelven las relaciones humanas y la convivencia en un mundo complejo y lleno de intereses particulares para conseguir o acumular más poder son tan diversas que resulta muy difícil anticiparse a quienes utilizan el grado de confianza que nos damos y la normalidad que nos define como sociedad justo para lo contrario, y beneficiarse de un sistema imperfecto.

Esto no significa que demos por perdido cualquier intento de evitarlo y que no pidamos profesionalidad a quienes deben impedirlo, pero también que no nos equivoquemos al exigir responsabilidades sobre las posibilidades de éxito.

2. Hechos denunciados y personas afectadas.

La trascendencia social de los hechos, a raíz de lo ocurrido, vemos que en gran medida depende de las personas afectadas y del momento político.

Con independencia de la diferente dimensión de las acciones cometidas, ya comentada, en el espionaje del caso “Pegasus” comprobamos dos elementos interesantes. Por un lado, que parte de los hechos ya se conocieron años atrás sin que se produjera la reacción actual, y por otro, que tan sólo hace unas semanas se supo del hackeo al móvil del Presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con el que se hicieron públicas unas conversaciones con el futbolista Gerard Piqué sobre la negociación y las comisiones para organizar la Supercopa de España en Arabia Saudí, un contenido totalmente reprobable por todo lo que supone respecto al deporte y su instrumentalización económica, pero que ha surgido de un “espionaje” a un móvil privado, como el del Presidente del Gobierno y los líderes independentistas. En este caso, en lugar de cuestionar el espionaje se ha hecho información de todo ello.

La situación muestra que se piden responsabilidades dependiendo más de quiénes sean las personas afectadas que de los hechos llevados a cabo, y eso es algo que podemos trasladar a otros escenarios

La situación muestra que se piden responsabilidades dependiendo más de quiénes sean las personas afectadas que de los hechos llevados a cabo, y eso es algo que podemos trasladar a otros escenarios.

Sucede con la protección de las mujeres que sufren violencia de género y terminan siendo asesinadas después de interponer la denuncia, que es justo lo que se les dice que hagan desde las instituciones y administraciones.

En el último informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre las Mujeres, el porcentaje de mujeres asesinadas desde 2006 tras denunciar la situación que vivían es del 26,5%, algunas de ellas, incluso, con medidas de protección en vigor, una situación que refleja la distancia entre la realidad de la violencia de género y la respuesta que damos ante ella, la cual se traduce en múltiples deficiencias que deberían ser anticipadas y subsanadas.

Un ejemplo lo tenemos en el último homicidio por violencia de género cometido con anterioridad a escribir este artículo, ocurrido en Tarancón (Cuenca) el 2 de mayo de 2022. La situación de violencia era tal que la mujer lo denunció, y un mes antes de que el asesino acabara con su vida fue absuelto porque ella no se ratificó en el acto del juicio. Este hecho debería haber llevado a una investigación inmediata sobre las circunstancias que hacen que una mujer que denuncia libremente una situación de violencia después no se ratifique, porque sabemos que la causa más frecuente de ese comportamiento son las amenazas del agresor y la presión de los entornos, y que al no ratificarse aumenta la violencia y sitúa a la víctima en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, como en otras ocasiones, no dio lugar a nada, como si la violencia hubiera desaparecido, y la respuesta fue la absolución del denunciado, es decir, la impunidad, en lugar de la protección de la víctima.

La consecuencia era esperable y se ha traducido en el homicidio de la mujer ante la pasividad institucional por no investigar. Cabe la posibilidad de que la investigación no hubiera arrojado ninguna conclusión, difícil si se hace bien, aunque no lo sabemos, pero lo que no se puede hacer es no investigar.

Nadie asume responsabilidades en estos fallos de seguridad en la protección de las mujeres, y estamos hablando de que desde 2006 hasta hoy son 238 las mujeres asesinadas tras denunciar la violencia que sufrían, cifra a la que hay que unir los homicidios de algunos niños y niñas. Y nadie reclama desde el Parlamento y las instituciones que se mejore la seguridad y protección de las mujeres víctimas de violencia de género ni que dimita alguien, todo lo contrario, algunos pactan con quienes niegan esta realidad.

No puede ser que cuando hablemos de fallos de seguridad nos centremos sólo en aquellos que afectan a determinados temas y personas, mientras el resto de la sociedad vive bajo las amenazas de la violencia, especialmente las mujeres con la violencia de género en todas sus expresiones por tratarse de una violencia estructural, que incluso es negada por quienes tienen que poner en marcha las medidas que las protejan.

A lo mejor si se “espía” el móvil de los agresores de alto riesgo con autorización judicial podríamos salvar algunas vidas de mujeres y de sus hijos e hijas.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género.