Violencia administrativa
Arranca el mes de agosto y con él, el plazo de diez días del que disponen las familias madrileñas solicitantes de las becas comedor del curso escolar que arranca en septiembre, para tramitar las subsanaciones requeridas por la administración.
Las familias que recurren a estas ayudas se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad, por eso recurren a estas ayudas. De no estarlo, no podrían siquiera aspirar a solicitarla, y también os digo que tampoco se molestarían en pedirla, por lo desagradable del procedimiento.
Pero la vulnerabilidad no solo es económica. Se manifiesta de diversas formas, y no todas son evidentes a nuestros ojos si no las hemos vivido.
La violencia administrativa se materializa también de muchas formas, y en el caso de las becas-comedor madrileñas, no quedan muchas por ejercer. Cada nueva convocatoria se supera. Voy a tratar de describirlas.
Vaya por delante que abogo por que los comedores escolares sean gratuitos para toda la infancia y adolescencia escolarizada.
Primera. La “agostidad” de la convocatoria de este año es una manifestación más, acumulada, innovadora, de la violencia administrativa que se ejerce a través del procedimiento. ¿Quién en sus cabales exige en pleno mes de agosto, por muy mes hábil que sea, embarcarse a miles de familias en tamaña desazón burocrática? Los centros escolares, que han sido ventanilla presencial y asistida para aquellas familias que así lo han necesitado en el proceso de solicitud por el motivo que sea, están cerrados en agosto. Las administraciones a las que han de acudir para solicitar documentación para la subsanación, están a medio gas en agosto, como el resto del país.
Segunda. Hay violencias machistas del mundo real que transitan sutilmente a la esfera administrativa, como el hecho de que madres queden excluidas del proceso por no poder presentar el DNI de padres “ausentes”.
Tercera. Estas familias madrileñas, además, compiten desde 2023 con otras familias que tienen prioridad por el hecho de que algún miembro de la unidad familiar pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, la segunda innovación de este 2025, pertenece a las Fuerzas Armadas con destino en la Comunidad de Madrid. Me arriesgo en este punto a hacer dos afirmaciones a lo loco, sin contrastar: que los empleados públicos como colectivo, lo que entendemos por vulnerables, pues no son; y que, precisamente en Madrid, seguramente por ser capital del reino, hay cierta sobrerrepresentación de este segundo tipo de familias, unos pocos o muchos miles de niños y niñas hijas de policía, guardia civil o militar con las que toca compartir exactamente el mismo presupuesto que el dotado el año pasado por la administración.
La violencia administrativa se materializa también de muchas formas, y en el caso de las becas-comedor madrileñas, no quedan muchas por ejercer. Cada nueva convocatoria se supera.
Cuarta. Si me parece osado querer confundir, mezclar o equiparar la necesidad de recurrir a una beca comedor con tener la condición de hijo o hija de policía, guardia civil o militar, más me lo parece si cabe que los segundos dispongan de una vía de acceso rápida, un fast-track sin fricciones, sin apenas preguntas y sin apenas papeles en la que quedan exentas de la aplastante y denigrante burocracia que para las otras familias es imperativa.
Quinta. También es violencia administrativa no proporcionar información asequible y comprensible, alejarse de los principios de la buena administración (diligencia, justificación, orientada al interés general y garante de los derechos de los ciudadanos) y no utilizar el lenguaje administrativo como corresponde. La resolución provisional que ha notificado a las familias la empresa subcontratada por la administración madrileña para gestionar un año más de forma desastrosa el procedimiento que nos ocupa (Tower Consultores, S.L.) las reduce a “presentada” o “excluida”, dejando a las familias, en pleno mes de agosto, con la incertidumbre de, por ejemplo, si estará bien o mal presentada, o si las causas de exclusión son subsanables o no.
Que ocurra todo esto de esta manera y todos los años es resultado de una política pública cabalmente diseñada. No es algo espontáneo. No es un error. No es aleatorio. Es incompetencia estratégica, perfeccionada convocatoria a convocatoria.
Quizá penséis que le tengo manía a Madrid, y nada más lejos de la realidad. Porque me importa mucho Madrid, me fijo, escucho, pregunto, busco y comparo. La ONG Educco publicó un informe tan interesante como demoledor, con datos de 2023, en el comparaba los distintos programas de becas comedor de las comunidades autónomas en función de la dotación, la suficiencia, la exigencia de los requisitos socio económicos y formales, la simplicidad, la transparencia y la agilidad del procedimiento. En todos ellos aparece muy mal situada, cuando no la peor, la comunidad autónoma que alardea de ser la primera y única en suprimir todos los impuestos propios con los que financiar servicios públicos esenciales como los comedores escolares. Una comunidad autónoma a medio hacer, institucionalmente incompleta, que apuesta por externalizarlo absolutamente todo y que, por no tener, no tiene ni quien defienda a sus gentes de los desmanes de su administración.
