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Democracia pixelada

Impuestos contra la Gente: el populismo ultraliberal

Mientras escribo estas líneas, es tendencia en Twitter un artículo publicado en la web de Libremercado y compartido en redes por cuentas oficiales del Partido Popular, así como por el economista de referencia para Cifuentes, fichado ahora por Pablo Casado, Daniel Lacalle. Su titular reza: “La nueva subida de impuestos que negocian PSOE y Podemos afectará al 80% de los contribuyentes”. Vaya, otra vez la izquierda friéndonos a impuestos a la gente humilde. Vamos a ver qué traman ahora.

Bajo el ampuloso epígrafe de “Nuevo golpe fiscal a las clases medias”, se desgranan los detalles de la amenaza. En primer lugar, subida de impuestos para los bancos. El artículo alerta del desvarío: cualquier tasa que se ponga a la banca terminará revirtiendo a los hogares porque subirán las comisiones. Vaya, debe ser que no hay margen de beneficio suficiente para que la mano invisible de la oferta y la demanda opere aquí su magia, y algún banco audaz se atreva a mantener las comisiones como están para ganar cuota de mercado. ¿O quizá sí hay margen?

En todo caso, según este sencillo razonamiento, no cabe pedir a los banqueros que se han beneficiado de un rescate a fondo perdido que dejó el país crónicamente endeudado, que se solidaricen ahora con el resto del país. Tampoco cabe reformar los actuales límites a las comisiones. Inevitablemente nos lo terminarían cobrando igual, o emigrarían a otros países, parece ser. Incluso aunque se están deduciendo en impuestos ocho veces más de lo que pagan.

La idea de fondo: si quieres beneficiar a los trabajadores, favorece a los capitales

Pero, un momento. Según esa misma lógica, cualquier aumento de impuestos a cualquier sector empresarial generará una subida de precios a sus clientes. Entonces, las bajadas y exenciones al Impuesto de Sociedades realizadas durante la crisis, ¿nunca deberían revertirse? Es más, a pesar de que las familias han sustituido a las empresas en el pago de impuestos, ¡liberemos de obligaciones fiscales a las empresas, para que puedan bajar sus precios! ¡Eureka!

Entonces sí que las empresas renunciarán a cierto margen de beneficio y ofrecerán sus productos y servicios más baratos, cumpliendo el axioma de la libre competencia. ¿Acaso no ha sido así cada vez que les hemos bajado los impuestos? Si los principales mercados nacionales estuvieran afectados por prácticas de corrupción, colusión, y puertas giratorias, cabría dudar de este dogma de la religión ultraliberal. Pero con la transparencia que les caracteriza, especialmente a la banca, sólo podemos mantener la fe: tasar sus beneficios, aunque sea para llenar la hucha de las pensiones, perjudicaría a los de abajo. Sigamos leyendo.

Porcentajes sensacionalistas y Europa, cuando me conviene

El siguiente párrafo aclara por fin lo del terrorífico ochenta por cien al que golpeará la reforma: “tan sólo el aumento del diésel bajo la excusa de combatir la contaminación supondría un palo extra para cerca de 15 millones de conductores, una cifra equivalente al 80% de los contribuyentes del IRPF”. Acabáramos. Leyendo el titular uno hubiera podido pensar que era una subida del IVA o de los tramos inferiores del IRPF ―las tasas que a más población afectan― lo que “golpearía” a tanta gente.

Resulta que el impuesto que permite un titular tan sensacionalista es la ecotasa al diésel. Una tasa que se deriva de cumplir las recomendaciones del informe semestral de la Comisión Europea para evaluar la progresión en las reformas estructurales en España. En él se avisa de que “los impuestos sobre la energía producen escasos ingresos, lo que evidencia un bajo nivel de tasas sobre la gasolina sin plomo y diésel. Este es en especial el caso del diésel, sobre el que España aplica la tasa mínima a pesar de que tiene mayor contenido en carbono y poder energético”.

Se trata de una tasa discutible, obviamente. Pero lo cierto es que nuestras ecotasas ―impuestos sobre las energías más contaminantes para incentivar la transición― recaudan muy por debajo (1,9% del PIB) de la media europea (2,4%). Mientras los españoles pagamos en impuestos 0,368€ por cada litro de diésel, en Europa se paga de media 0,462€. Lo curioso aquí es cómo el populismo ultraliberal se apoya en los vientos de Bruselas cuando soplan a su favor y piden recortes del gasto público, pero los ignora alegremente cuando le contradicen y piden impuestos para cuidar el medioambiente.

Sembrar la matriz de opinión anti-reforma, si no es con verdad, con posverdad

Seguimos leyendo. Encontramos que la eliminación de la tarifa plana de cotización perjudicará a 1,3 millones de autónomos principiantes. Esto sí que es indignante. ¡Pero si están ya asfixiados, los pobres! Investigo un poco. Tampoco hace falta mucho: es un rumor. La mesa conjunta con las asociaciones de autónomos ha iniciado su trabajo, y tanto estas como la ministra de Trabajo han coincidido en la necesidad de revisar dicha tarifa. Poco más, nada concreto aún. Vamos, que es un bulo. Demagogia hayekiana, carne de meme, pero eso sí, trending topic.

El ministerio dice más bien lo contrario, que mantendrá la tarifa, pero ajustada por tramos, dado que “uno de cada cuatro autónomos cotiza por encima de sus ingresos”. El presidente de ATA coincide en la necesidad de revisar esa tarifa para que ayude “sólo a quien lo necesita, no es lógico mantener las bonificaciones a autónomos que ingresan 50.000 euros”. Asociaciones como UPTA y UATAE están de acuerdo y afirman que, mal aplicada, la tarifa plana contribuye a la burbuja del emprendimiento y al fenómeno de los falsos autónomos.

Contextualizar, explicar de dónde vienen las propuestas, contraponer versiones, comparar con otros países… Periodismo, lo llaman

El análisis recorre otras polémicas en curso, como la ampliación de las cotizaciones a los salarios más altos. Es lo que se conoce como “destopar las bases máximas”: igual que hay una base salarial mínima por debajo de la cual ningún trabajador debe cotizar (858 euros), también hay una máxima (3.751 euros) por encima de la cual, por mucho que se supere, no aumenta la contribución a la Seguridad Social.

Podríamos valorar mejor estas polémicas si se contextualizan y se enmarcan en sus antecedentes: España ha quedado endeudada hasta las cejas tras el rescate, la hucha de las pensiones se ha vaciado para paliar esa deuda, y la presión fiscal en España es muy inferior a la media europea, pero la desigualdad se ha disparado más que en el resto de países y somos el país europeo con más trabajadores pobres. Los más humildes llevan años apretándose el cinturón más allá de lo soportable mientras las rentas empresariales se recuperan el doble de rápido que las del trabajo.

Las grandes empresas españolas tienen más beneficios que antes de la crisis, sin embargo el Impuesto de Sociedades recauda 20.000 millones menos, lo que quiere decir que el tipo efectivo ha caído aproximadamente a la mitad. Eliminar exenciones y bonificaciones, quitar los topes máximos o incrementar el Impuesto de Sociedades permitiría redistribuir la carga, aliviar a las familias y mejorar su capacidad de consumo para impulsar la demanda interna.

Los cientos de miles de navegantes que leían el titular de marras en redes podrían entender mejor estas propuestas si se ofreciera más de una fuente, alguna versión contraria, comparación con los impuestos en países vecinos o los argumentos de quienes las proponen, por aquello del pluralismo que recomienda la deontología. Si se explicase que hace tiempo que diversas organizaciones, como por ejemplo CCOO, ante la crisis de las pensiones, reclaman destopar progresivamente las bases para que los salarios récord tengan una cotización más proporcional, como los salarios más modestos, lo que permitiría un ingreso rápido que aliviaría la situación de emergencia en las arcas de la Seguridad Social.

Otra polémica descontextualizada es la subida del IRPF a las rentas más altas. Mientras Podemos propone subir la cotización al actual tipo marginal máximo (los que superan los 60.000€), el PSOE propone generar un nuevo tramo para quienes ganan más de 120.000 €. En el primer caso, el 96% de los contribuyentes no se vería afectado. Con la propuesta del gobierno, alrededor del 99% no se vería afectado, con lo cual tampoco se recaudaría muy significativamente.

El Estado contra la Gente: impuestos, regulación y gasto público como fuente de problemas económicos

La ideología del neoliberalismo integrista no acostumbra a entrar en materia para analizar qué impuestos se deben subir o bajar en cada contexto, su máxima es mucho más simple: todo impuesto es malo, lo que el Estado debe hacer es retirarse al máximo, recortar gasto, privatizar, desregular y dejar que el mercado resuelva todo.

La retórica del populismo de libremercado, con la que coquetean hoy tanto Casado como Rivera, trata de dividir el espacio político mediante una nueva frontera: los impuestos (por ende, lo público) son enemigos del progreso social, de la gente. Los intereses particulares de las grandes empresas y de las capas humildes, en cambio, coinciden, y son los intereses de la nación. Mercado es el significante universal que resuelve (articula) los problemas y demandas más dispares, un liderazgo perfecto, impersonal, que nunca falla, una mano invisible, divina, Ley Natural incontestable, aunque sea ley de la jungla. El liberalismo ortodoxo fetichiza el mercado como el marxismo ortodoxo fetichizó las posiciones de clase: todo lo resumen y todo lo explican. Promueve la idea de que subir impuestos a quienes viven con desahogo (tramo superior del IRPF, grandes empresas, patrimonio, cotizaciones máximas, etc.) empeorará la vida de los que lo están pasando mal, porque entonces los ricos se irán, o repercutirán inevitablemente esas subidas, y todo esto es complicado pero tú créeme que se gripará la economía y todo será un desastre.

Si la evidencia histórica avala o no este paradigma da igual (spoiler: no lo hace) porque construye excusas ad-hoc para cada situación donde sus predicciones fallaron. Se basa en eslóganes más que en datos, en razonamientos simples y mantras de autoayuda. El empleo lo generan los ricos, lo privado funciona mejor, los impuestos paralizan el emprendimiento, el mercado redistribuye la riqueza, cualquier regulación entorpece su funcionamiento, etc. Si en algún momento surgen oligopolios y la colusión falsea la competencia es por culpa del Estado y del exceso de normas, nunca es posible achacarlo a la propia dinámica de un mercado desregulado. Según esta religión, menos impuestos y menos normas siempre es mejor, y cualquier contradicción del libremercado se resuelve con doble ración de sí mismo. Los gurús de esta ideología hablan mucho sobre impuestos y regulación, pero por mucho que busquen en sus blogs y sus redes, raramente leerán de su pluma algo que no sea un ataque a los mismos.

¿Vuelve el anarcocapitalismo de los noventa?

Pedir el voto a la vaca

Sería un problema si esta ideología radical vuelve a calar entre ciertos sectores como posible solución a una crisis global creada por ella misma. Encuentra cámaras de eco muy potentes. Cuanto más global sea un actor económico, menos le preocupa contribuir a la prosperidad de su país de origen (más facilidad tiene para competir en mercados extranjeros), y menos necesita que se regule su sector (su propio peso le garantiza la influencia en el mismo y sobre su competencia). Por eso a este fundamentalismo no le cuesta encontrar mecenas. En cambio, asalariados, autónomos y medianas empresas, las que más empleo generan, dependen a vida o muerte de que haya reformas fiscales progresivas que permitan a los hogares recuperar su capacidad para consumir sus productos y servicios, y redistribuyan la carga del Estado del Bienestar de nuevo hacia arriba.

Pero incluso este cuadro es una simplificación algo simplista y cortoplacista. En realidad, multinacionales y grandes bancos aprendieron tras el estallido subprime de 2008 que necesitan regulación y una fiscalidad redistributiva si quieren disfrutar de cierta estabilidad en sus privilegios. Fue cuando Obama y Sarkozy llamaron a “refundar el capitalismo” y se sucedieron las cumbres internacionales para analizar lo ocurrido y poner parches. Aquél desastre financiero global puso al fundamentalismo ultraliberal en retirada en todo el mundo, incluido el mundo empresarial. Sería paradójico que ahora, en las derechas españolas, Casado y Rivera se pongan a competir por ver quién es más ultra en el campo del populismo económico, como están haciendo en el xenofóbico o en la construcción del enemigo catalán.

De aquella necesidad tomaron buena nota los mayores bancos globales tras el hundimiento, hace una década: la desregulación que les beneficiaba a cada uno individual y temporalmente, comprometía estructuralmente la estabilidad de su sector a largo plazo. Cuenta Strauss-Kahn, director del FMI en aquél momento, cómo en una cena privada organizada por Hank Paulson, entonces secretario del Tesoro estadounidense y antes presidente de Goldman Sachs, los grandes banqueros globales le decían: “Deben ustedes regular más, porque somos ambiciosos, no podemos evitarlo, la única manera de evitar esto es con más regulación”. Reconocían su responsabilidad en la crisis y sabían que el mercado por sí mismo no les iba a poner límites. Pronto veremos si los banqueros y grandes empresarios españoles han aprendido también la lección y aceptan solidariamente la reforma como asegura la ministra, o si el egoísmo y la estrechez de miras cortoplacista empujan a este país por la pendiente de la insostenibilidad.

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