En los últimos tiempos se han sucedido distintas iniciativas del Gobierno dirigidas al impulso del “Gobierno Abierto” en nuestro país, un concepto en permanente evolución y, en buena medida, críptico para sus propios autores y no digamos ya para la ciudadanía. A saber: el documento marco “Consenso para una administración abierta”, la elaboración y aprobación del inminente V Plan de Gobierno Abierto de España, el anuncio de la celebración en Vitoria este otoño de la próxima Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto y el Plan de Acción para la Democracia. Un verdadero bombardeo de medidas de “soft law” adoptadas en apenas tres meses que anticipaba un conjunto de normas cuyos proyectos solo tímidamente empiezan a ver la luz, ahora mediatizadas por la urgencia del plan anunciado este mismo mes por el Presidente del Gobierno para combatir la corrupción que acecha a las filas de su partido. No es pequeña la batería de compromisos anunciados: aportar más transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación, luchar contra la desinformación y los bulos, abordar una nueva regulación de los secretos oficiales, imponer a todas las administraciones una rendición de cuentas semestral, incrementar la transparencia de las relaciones de lobbies con el poder público, hincarle el diente a los conflictos de intereses de los altos cargos, etc. Realmente abruma la lectura de todos estos deberes que el Gobierno se ha autoimpuesto sin que apenas haya roto aguas…
La primera de las medidas adoptada estos meses atrás es el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, para entendernos, los lobbies, aprobado a finales de enero pasado y que aún continúa en la cámara baja, un proyecto muy esperado tras el intento frustrado de la pasada legislatura. Casualmente, la decisión vino precedida por la publicación en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados una semana antes de la proposición no de Ley para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la acción de Gobierno, que planteó el Grupo Parlamentario Popular y que solo ha suscitado un fuego cruzado más entre Gobierno y oposición en estos asuntos en un contexto como el actual que invita poco a la reflexión serena.
Pero quizá la urgencia que se percibe con mayor intensidad es la revisión de la actual normativa de transparencia ante el panorama desolador de la gestión de las solicitudes de acceso a la información por parte de las Administraciones. Más del 40 por ciento de las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en 2024 pone en evidencia la falta de respuesta, ya sea en todo o en parte, de la Administración del Estado a estas peticiones. En las administraciones locales y autonómicas en las que aquel Consejo tiene competencia, el 75% de las reclamaciones, esto es, tres de cada cuatro, han sido interpuestas ante el silencio de estas administraciones. Y lo peor, sin consecuencia alguna para ellas. La publicación en internet de las resoluciones que reprochan estos comportamientos ni siquiera consigue ya sonrojar a sus autores.
Si a este dato le sumamos otro, el de que en torno a una de cada cinco de las solicitudes no llega a tramitarse por distintas causas, resulta una imagen bastante calamitosa de este derecho en nuestro país. En concreto, de lo que se le pregunta a la Administración del Estado, en torno al 10 por ciento se inadmite porque quien resuelve considera que facilitar la información que se le pide exige un esfuerzo de reelaboración que considera que no tiene por qué afrontar. No son pocos los testimonios de periodistas que se quejan, por ejemplo, de un Ministerio del Interior que resuelve las peticiones espetándoles que preguntan demasiado o, directamente, derivando la respuesta a los gabinetes de comunicación, una práctica perversa que deja en el tintero la mayor parte de las preguntas incómodas.
No son pocos los testimonios de periodistas que se quejan, por ejemplo, de un Ministerio del Interior que resuelve las peticiones espetándoles que preguntan demasiado o, directamente, derivando la respuesta a los gabinetes de comunicación, una práctica perversa que deja en el tintero la mayor parte de las preguntas incómodas
Algunos de estos casos saltan puntualmente a los tribunales, bien de la mano del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, o gracias a algunas organizaciones de la sociedad civil que han hecho de la defensa de la transparencia pública su principal cruzada. Ahí está la Fundación Ciudadana Civio, que, actualmente, litiga ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para conocer el precio y los compradores de 9.440 viviendas protegidas vendidas por la Sareb, el coste real de algunos medicamentos financiados por el Ministerio de Sanidad o el código fuente del algoritmo BOSCO, que decide quién debe recibir el bono social eléctrico. La semana pasada, sin ir más lejos, se celebró la vista oral sobre este último asunto.
Resulta cada vez más exasperante la lista de administraciones que se suman a las peores prácticas ante una impunidad que todas han aprendido y necesita ser corregida. No hacerlo solo agravará nuestro descrédito y el desplome de nuestro país en los índices que miden la calidad democrática o la percepción de la corrupción, como el que hizo público en febrero la organización Transparencia Internacional.
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Joaquín Meseguer es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia.
En los últimos tiempos se han sucedido distintas iniciativas del Gobierno dirigidas al impulso del “Gobierno Abierto” en nuestro país, un concepto en permanente evolución y, en buena medida, críptico para sus propios autores y no digamos ya para la ciudadanía. A saber: el documento marco “Consenso para una administración abierta”, la elaboración y aprobación del inminente V Plan de Gobierno Abierto de España, el anuncio de la celebración en Vitoria este otoño de la próxima Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto y el Plan de Acción para la Democracia. Un verdadero bombardeo de medidas de “soft law” adoptadas en apenas tres meses que anticipaba un conjunto de normas cuyos proyectos solo tímidamente empiezan a ver la luz, ahora mediatizadas por la urgencia del plan anunciado este mismo mes por el Presidente del Gobierno para combatir la corrupción que acecha a las filas de su partido. No es pequeña la batería de compromisos anunciados: aportar más transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación, luchar contra la desinformación y los bulos, abordar una nueva regulación de los secretos oficiales, imponer a todas las administraciones una rendición de cuentas semestral, incrementar la transparencia de las relaciones de lobbies con el poder público, hincarle el diente a los conflictos de intereses de los altos cargos, etc. Realmente abruma la lectura de todos estos deberes que el Gobierno se ha autoimpuesto sin que apenas haya roto aguas…