El día del accidente ferroviario de Adamuz, Alberto Núñez Feijóo compareció con un tono medido, casi institucional. No habló de dimisiones ni señaló culpables. Dijo que no tenía información directa del Gobierno, que se habían enterado “por la Junta y por los medios”, y pidió conocer las causas “cuanto antes”. Incluso llegó a reconocer que la gestión de una tragedia así no es fácil y que los profesionales estaban actuando.
Ese fue el Feijóo del primer día: cautela, exigencia de información y una apariencia de respeto a los tiempos de investigación.
Pero duró poco.
Días después, el discurso empezó a mutar. La falta de información pasó a ser “caos”, la prudencia se transformó en acusación, y el foco se desplazó con rapidez hacia el Gobierno central.
El siguiente escalón fue explícito: la petición de dimisión del ministro de Transportes. Ya no se trataba de esclarecer lo ocurrido, ya no importaba el dolor de las víctimas, se trataba de instalar un marco político claro: el accidente como consecuencia de una mala gestión del Gobierno.
Pero no sucedió lo mismo con el accidente del Alvia en Santiago de Compostela. Ahí el dedo acusador hacia la gestión del gobierno del PP nunca apareció. Al contrario.
Tenemos que retrotraernos algo más de 12 años para tomar perspectiva.
La mayoría de las víctimas del accidente de Angrois eran gallegas. Personas que vivían, trabajaban o regresaban a casa en la víspera del día grande de Galicia. Porque cuando una tragedia golpea de forma tan directa a una comunidad, la responsabilidad política no se limita a la gestión técnica ni a la coordinación administrativa. Existe también una responsabilidad moral: escuchar, investigar, proteger y no despreciar a quienes han perdido a los suyos. En el caso de Angrois, esa responsabilidad recaía de manera directa sobre el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como máxima autoridad política del territorio más afectado.
Para muchas víctimas, lo ocurrido después de ese día es casi tan doloroso como el propio accidente.
El accidente y el relato inmediato
El 24 de julio de 2013, el tren Alvia que cubría la línea Madrid–Ferrol descarriló en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela. Murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Galicia quedó conmocionada.
Desde las primeras horas se impuso un marco explicativo claro: error humano. El maquinista circulaba a una velocidad muy superior a la permitida. El dato era cierto, pero incompleto. Inmediatamente, el nombre y apellidos del maquinista salieron a la luz, imágenes de su rostro ensangrentado, también. Es algo que él mismo se preguntaba, años después, con extrañeza: “¿Quién filtró mi nombre y apellidos, fotos mías…? No me había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa”.
Y ese encuadre temprano tuvo consecuencias duraderas. Marcó el rumbo de la investigación, delimitó el debate público y convirtió en secundarias, cuando no invisibles, otras preguntas esenciales: la transición entre sistemas de seguridad, la evaluación de riesgos o las decisiones administrativas que permitieron que un fallo individual derivara en una catástrofe colectiva.
En paralelo, desde la Xunta de Galicia se apelaba a no “politizar” la tragedia. El mensaje se repetía una y otra vez. Para las víctimas, aquello no era una llamada a la prudencia, sino una advertencia: investigar responsabilidades políticas era cruzar una línea.
Cuando pedir explicaciones se convierte en un problema
A medida que pasaban los meses, las asociaciones de víctimas, especialmente la “Plataforma Víctimas Alvia 04155”, comenzaron a exigir comisiones de investigación, transparencia y respuestas claras. La reacción institucional fue el bloqueo. En el Parlamento gallego, el PP vetó reiteradamente cualquier intento de investigación política. Feijóo llegó a afirmar que pedir explicaciones dañaba la “marca España”.
Ese llamamiento inicial al respeto y a no convertir la tragedia en un debate político se hizo explícito años después: en julio de 2017, Feijóo acusó al PSOE de ‘politizar’ Angrois por apoyar una comisión parlamentaria y sostuvo que ‘mezclar’ política y justicia ‘no beneficia a las víctimas’.”
Ese fue el punto de ruptura. Para las víctimas, investigar no era desprestigiar, era una exigencia democrática básica. Negarse a hacerlo, en cambio, sí era una decisión política.
La desconfianza se convirtió en conflicto abierto en 2014, cuando la Xunta anunció la concesión de la Medalla de Oro de Galicia a las víctimas y a los servicios de emergencia. Las asociaciones respondieron con una carta contundente: “No nos ofenda, señor Feijóo”. El mensaje era claro, el problema no era el homenaje, sino la ausencia de verdad y justicia. El reconocimiento simbólico no podía sustituir a la investigación.
El 24 de julio de 2014: medallas dentro, policía fuera
Un año después del accidente, la Xunta organizó el acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de Galicia en la Cidade da Cultura, exactamente el 24 de julio. Para el Gobierno gallego era un gesto de cierre. Para muchas víctimas, una apropiación institucional del duelo.
La mayoría no fue invitada. Ocho personas, entre víctimas y familiares, accedieron al recinto. El resto se quedó fuera. Se encontraron con un cordón policial que les impidió el acceso. Un homenaje a las víctimas celebrado sin las víctimas. Feijóo protagonizó todo el acto, desde la entrada acompañado por el sonido de las gaitas, hasta su discurso, como si las víctimas que gritaban desde las puertas de la Cidade da Cultura no existiesen.
Dos días después, la Plataforma 04155 envió una carta demoledora, que documenta con detalle lo ocurrido: exclusión, vigilancia, presión policial y un trato que califican de indigno. “Váyase, Sr. Feijoo, las víctimas, el pueblo gallego, los españoles de bien y toda la Humanidad se lo agradecerán”. Nunca obtuvieron respuesta.
A partir de ese momento, las víctimas dejaron de ser tratadas como interlocutores incómodos y pasaron a ser gestionadas como un problema de orden público.
El corazón del proceso: peritos y cierre del foco
La fractura política dio paso a una cuestión aún más delicada: la credibilidad de la instrucción judicial. En un accidente ferroviario complejo, los peritos no son un detalle técnico. Orientan la mirada del juez y determinan qué se investiga y qué queda fuera.
Durante la instrucción judicial, ocurrió algo muy grave. El juzgado solicitó peritos para analizar el accidente. Lo que se esperaba era un procedimiento habitual, selección de expertos independientes con perfiles técnicos específicos en seguridad ferroviaria, señalización y análisis de riesgos.
Lo que ocurrió fue distinto. Dos de los tres peritos clave que acabaron interviniendo procedían de la propia Administración autonómica. Fueron designados a propuesta de la Xunta de Galicia, es decir, de la institución presidida por Alberto Núñez Feijóo.
Tras rechazar a ingenieros independientes con experiencia en materia ferroviaria como peritos de la causa judicial por el accidente del tren Alvia, los peritos que propuso la Xunta eran funcionarios propios con dudoso bagaje en cuestión de trenes: un ingeniero de Caminos experto en urbanismo y un ingeniero Industrial que era jefe del servicio autonómico de energías renovables.
Este hecho, en sí mismo, no implicaba ilegalidad automática. Pero introduce un problema evidente de apariencia de independencia. La Xunta no era una parte ajena. Ana Pastor, con vínculos en Galicia y amiga de Rajoy, era la ministra de Fomento. EL PP había vetado investigaciones parlamentarias y Feijóo era objeto de críticas constantes por parte de las víctimas.
¿Cómo puede una Administración señalada por su falta de colaboración en el esclarecimiento de los hechos colocar a sus propios funcionarios como peritos judiciales sin ser expertos en la materia?
El efecto sobre el enfoque de la investigación
Las víctimas no acusaban a los peritos de actuar por consigna política. Lo que denunciaban es algo más estructural: que la mirada técnica que se imponía en la causa volvía a estrechar el foco hacia el error humano y dejaba fuera el análisis profundo de las causas sistémicas.
Los informes periciales refuerzan la idea de que el accidente se explica fundamentalmente por la conducta del maquinista, mientras que cuestiones como la evaluación de riesgos, el diseño del trazado o la gestión de la seguridad quedan en segundo plano o son tratadas de forma superficial.
Para las asociaciones, esto no es casual. Es coherente con todo lo ocurrido desde 2013. Un proceso que, paso a paso, va cerrando puertas a cualquier responsabilidad que no sea individual. La culpa siempre al maquinista, como bien señaló Feijóo desde el principio.
La credibilidad del proceso pericial sufre un daño mayor cuando se conoce que uno de los peritos puestos a dedo por la Xunta plagió partes sustanciales de su informe. No se trata de una cita mal atribuida ni de un error menor, sino de la incorporación de contenidos ajenos sin reconocimiento adecuado. El perito acusado de plagio, el ingeniero experto en urbanismo, imputa el accidente de la curva de Angrois en exclusiva a un despiste del maquinista. En su informe incluye numerosos párrafos idénticos, hasta en las erratas, a lo escrito previamente por otro de los peritos judiciales de la causa y por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, sin citar su origen y atribuyéndoselos como propios. Un corta y pega de manual.
Este hecho tiene un impacto devastador por varias razones. Primero, porque se trata de un peritaje judicial en una causa de enorme trascendencia pública. Segundo, porque ese informe había sido utilizado para apuntalar el relato técnico dominante: la culpa era del maquinista. Y tercero, porque confirma, a ojos de las víctimas, que el proceso estuvo lejos del rigor y la independencia exigibles.
Para las asociaciones, la cuestión de los peritos se convierte en uno de los argumentos más sólidos de su denuncia. Ya no hablan solo de desprecio institucional o de gestos simbólicos vacíos. Hablan de interferencia estructural en la búsqueda de la verdad.
Este episodio refuerza su convicción de que el caso Angrois fue conducido hacia un cierre controlado, en el que cada elemento, relato político, veto parlamentario, trato policial y enfoque pericial, encaja en una misma lógica: proteger al gobierno del PP.
Cuando el poder presiona incluso a sus propias víctimas
En ese proceso de control del relato hay un episodio especialmente perturbador, porque rompe una de las últimas líneas rojas: la presión directa sobre una víctima. Y no una cualquiera, sino una víctima que además era diputada del propio Partido Popular.
La exdiputada Teresa Gómez-Limón, superviviente del accidente de Angrois, relató públicamente que Rafael Catalá, entonces secretario de Estado de Transportes, se puso en contacto con ella cuando los cadáveres “aún estaban calientes”. No para interesarse por su estado, sino para orientarla políticamente sobre cómo debía expresarse en público. El mensaje, según su propio testimonio, apelaba a los “negocios de España” y a la necesidad de no dañar una imagen que el Gobierno quería preservar.
No fue un consejo inocente ni una conversación informal entre compañeros de partido. Para la víctima, y así lo ha contado reiteradamente, fue una presión indebida. Un aviso claro de que determinadas palabras no debían pronunciarse. Que determinadas preguntas no convenían. Que, incluso siendo víctima directa, había límites que no se podían cruzar.
El episodio es demoledor porque confirma lo que las asociaciones llevaban años denunciando, que el problema de Angrois no fue solo cómo se investigó el accidente, sino cómo se intentó silenciar a quienes podían romper el relato desde dentro del propio sistema.
Seguridad frente a prisas: lo que reveló el Senado años después
La sombra de Angrois volvió a proyectarse con fuerza años después, cuando el debate ya no era el accidente pasado, sino la seguridad ferroviaria presente y futura. Y lo hizo de la mano de una afirmación realizada en sede parlamentaria, imposible de despachar como una opinión interesada.
En marzo de 2020, durante un debate en el Senado, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, afirmó que Alberto Núñez Feijóo había presionado para acelerar la llegada del AVE a Galicia aceptando la puesta en servicio con un sistema de seguridad más débil (ASFA) en lugar del sistema más avanzado (ERTMS), con el objetivo de inaugurar antes.
Las víctimas exigieron explicaciones a Feijóo. La acusación no era menor. ASFA es un sistema claramente inferior en términos de protección automática frente a errores humanos. Precisamente el tipo de sistema cuya insuficiencia quedó dramáticamente expuesta en Angrois. Que el mismo dirigente político señalado por las víctimas por haber bloqueado investigaciones y minimizado responsabilidades apareciera años después vinculado a presiones para rebajar exigencias de seguridad encajaba, para ellas, como una pieza más del mismo patrón.
Un cierre anunciado: solo el maquinista, como siempre quiso el PP
El desenlace judicial del caso Angrois la semana pasada ha confirmado, punto por punto, el guion que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular defendieron desde el primer momento: toda la responsabilidad concentrada en el maquinista. Ningún responsable político. Ningún cargo intermedio.
La exculpación definitiva del cargo de seguridad de ADIF y el cierre del caso dejan una sola condena penal. Y ese resultado no llega como una sorpresa para las víctimas, sino como la confirmación de una estrategia sostenida durante más de una década: reducir Angrois a un fallo individual para blindar al sistema y evitar que la responsabilidad ascendiera.
Eso fue exactamente lo que defendió Feijóo desde 2013. Primero, apelando a no “politizar” la tragedia, todo lo contrario a lo que ha hecho con Adamuz. Después, vetando comisiones de investigación en el Parlamento gallego, cunado ahora es el primero en exigirlas. Más tarde, deslegitimando a las víctimas críticas. Y finalmente, aceptando como inevitable un cierre judicial que deja intactas todas las decisiones estructurales previas al accidente.
Más de una década después, Angrois sigue siendo una herida abierta y lo demuestran las recientes declaraciones de las asociaciones de víctimas. Feijóo no supo estar a la altura, pero eso es algo que jamás reconocerá. —
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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.
El día del accidente ferroviario de Adamuz, Alberto Núñez Feijóo compareció con un tono medido, casi institucional. No habló de dimisiones ni señaló culpables. Dijo que no tenía información directa del Gobierno, que se habían enterado “por la Junta y por los medios”, y pidió conocer las causas “cuanto antes”. Incluso llegó a reconocer que la gestión de una tragedia así no es fácil y que los profesionales estaban actuando.