Estimado líder de la Iglesia Católica:
Le escribo como ciudadana, madre y representante pública en la Asamblea de Madrid, pero también desde la responsabilidad de haber formado parte de la comisión de expertos que auditó los abusos sexuales a niños y niñas en el seno de la Iglesia católica española. Su próxima visita a nuestro país ocurre en un momento en el que la brecha entre los pronunciamientos oficiales de la institución en España y la realidad de las víctimas, así como de los colectivos más vulnerables, es cada vez más profunda. Usted está teniendo un importante papel en la defensa de los derechos humanos por sus firmes exigencias de un alto el fuego en Gaza, sus llamamientos a la distensión frente a Irán o Ucrania, y sus réplicas a Trump en defensa de las personas migrantes. Precisamente porque abandera hoy esa coherencia ética internacional, es urgente que esa exigencia de justicia y amparo a los más vulnerables se traslade a la propia Iglesia española.
El informe de auditoría sobre los abusos sexuales a niños y niñas en el que participé arrojó cifras desoladoras: miles de víctimas que esperan una respuesta a la altura del daño sufrido. Sin embargo, observamos con honda preocupación cómo el proceso parece haberse estancado en una burocracia defensiva. La Iglesia en España no puede limitarse a "dar luz" de forma selectiva; debe garantizar la reparación integral, la justicia y, sobre todo, medidas estructurales que aseguren la no repetición. No basta con peticiones de perdón si estas no van acompañadas de un amparo real que ponga a las víctimas en el centro de toda decisión política y eclesial. La Iglesia durante demasiado tiempo ha tratado este problema como una vulneración del sexto mandamiento, como si se tratase únicamente de un problema entre el victimario y el mandamiento cristiano, olvidando a las víctimas y las implicaciones que el abuso tiene en ellas. Por eso a las víctimas se les ha negado la posibilidad de participar en los procesos canónicos e impedido el acceso a la verdad. Ahora no basta con reconocer la pasividad ante las víctimas, hay que poner medidas enérgicas para erradicarla. Las instituciones deben proteger al débil frente al fuerte, y en este caso, la asimetría de poder sigue siendo abrumadora.
No basta con peticiones de perdón si estas no van acompañadas de un amparo real
A esta deuda pendiente se suma una actuación de la Iglesia que dista mucho de ser piadosa o solidaria. En un país castigado por la especulación inmobiliaria, resulta doloroso ver cómo fundaciones bajo tutela eclesiástica, como Fusara, o diversas órdenes religiosas, se comportan como agentes del mercado más agresivo. Hemos visto desahucios de personas mayores que han vivido toda su vida en pisos de la Iglesia, ventas de edificios enteros a fondos buitre y una gestión de centros escolares que, en ocasiones, parece priorizar el beneficio o la segregación frente a la misión educativa y social.
Como diputada y como defensora de la democracia, entiendo que el orden social solo es legítimo si nace del respeto a los derechos humanos y la justicia social. Una Iglesia que desahucia a sus vecinos o que dilata la reparación a las víctimas de abusos sexuales a niños y niñas, pierde su autoridad moral ante la opinión pública.
Le pido, por tanto, que su visita no sea solo un acto protocolario. Le pido que intervenga para que la Iglesia española cumpla con las expectativas de justicia que la sociedad demanda. Es hora de pasar de las palabras a los hechos: amparo y reparación real para las víctimas y una gestión de los bienes eclesiales que sea, de verdad, un reflejo de la opción por los pobres que usted defiende.
Atentamente,
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Emilia Sánchez-Pantoja es Diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y participó en la comisión de expertos que elaboró el informe de auditoría sobre los abusos sexuales a niños y niñas en el seno de la Iglesia Católica.
Estimado líder de la Iglesia Católica: