Demos voz al futuro: urge el voto a los 16 en España
El Gobierno se adentra en la necesaria revisión de la Ley Electoral (LOREG) proponiendo otorgar el derecho al voto a las personas jóvenes de 16 y 17 años. Este es un paso lógico y urgente que responde a imperativos de justicia, reconocimiento de su madurez y la necesidad de contribuir al equilibrio intergeneracional y revitalizar nuestra democracia. Es hora de reconocer su derecho y escuchar con atención a las voces del mañana.
Como afirmaba la activista juvenil Greta Thunberg, "el futuro está en sus manos". ¿Y acaso no son los jóvenes quienes heredarán ese futuro de manera más directa? Negarles el derecho a participar en la construcción de ese porvenir es silenciar una parte vital de nuestra sociedad. Esa parte de la sociedad que se juega todo en el futuro.
Ampliar el derecho al voto a los 16 es un acto de justicia, un reconocimiento de su madurez y una necesidad para construir una democracia más representativa y vibrante
Derechos que claman ser reconocidos: Ampliar la edad de voto es, ante todo, un acto de plena ciudadanía. Significa reconocer que, a los 16 y 17 años, las personas jóvenes ya son sujetos de derechos civiles y políticos, en consonancia con otros derechos que ya disfrutan. España, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, se comprometió a fomentar su participación en todos los asuntos que les conciernen. ¿Qué asunto les afecta más directamente que las decisiones políticas que moldearán el mundo en el que vivirán?
Al igual que la Ley Orgánica que regula el derecho de asociación permite a jóvenes desde los 14 años unirse y alzar su voz, el derecho al voto a los 16 es la culminación lógica de un proceso de reconocimiento de su capacidad de agencia. Países europeos como Austria, Alemania, Bélgica, Estonia, Malta y Reino Unido ya han dado este paso en diferentes niveles de gobierno, situándose a la vanguardia de la defensa de los derechos juveniles. España no puede quedarse rezagada en esta ola de ampliación de derechos de la juventud.
Madurez palpable, decisiones trascendentales: A los 16 años, la vida de las personas jóvenes experimenta un cambio radical. Termina la escolarización obligatoria y se enfrentan a decisiones cruciales sobre su futuro: continuar estudiando, incorporarse al mundo laboral, forjar su propio camino sin la tutela directa del sistema educativo. Se les considera suficientemente maduros para tomar decisiones vitales, y esta capacidad de discernimiento se extiende naturalmente al ámbito político.
La realidad es que nuestro sistema legal ya reconoce una amplia gama de derechos y responsabilidades a partir de los 16 años: pueden trabajar, emanciparse, consentir operaciones médicas, votar a sus representantes sindicales e incluso contraer matrimonio. Existe, por tanto, una sólida base para confiar en su capacidad de participar responsablemente en los procesos democráticos. Como sentenció Simone de Beauvoir, "No se nace mujer: se llega a serlo". Y cuando en España se debatió el derecho al voto femenino, se esgrimieron argumentos similares sobre la supuesta falta de madurez o capacidad de las mujeres para ejercerlo libremente. No podemos repetir ese error histórico, negando ahora a las personas jóvenes un derecho fundamental basándonos en prejuicios sobre su capacidad. La madurez cívica no surge de repente a los 18, sino que se cultiva y se ejerce.
Equilibrio intergeneracional y un soplo de aire fresco para la democracia: La pirámide poblacional española dibuja una sociedad envejecida, donde las decisiones políticas son tomadas mayoritariamente por las generaciones de mayor edad. Esto genera un desequilibrio democrático que limita la representación de las necesidades y perspectivas de las personas jóvenes, quienes heredarán las consecuencias de las decisiones actuales durante mucho más tiempo.
El Brexit en Reino Unido es un ejemplo doloroso de cómo el voto de una población mayor, que viviría menos tiempo las consecuencias de la salida de la Unión Europea, prevaleció sobre la voluntad mayoritaria de los jóvenes. Lo mismo ocurre con la crisis climática, donde las generaciones que menos sufrirán sus efectos toman decisiones que impactarán profundamente en el futuro de las personas jóvenes, sin que estos tengan voz directa en las urnas.
Ampliar el voto a los 16 no es solo un acto de justicia, sino también una inyección de vitalidad democrática. Permitir que las voces jóvenes se hagan oír en las urnas puede enriquecer el debate político, aportando nuevas perspectivas y prioridades, como la lucha contra el cambio climático, la justicia social y la inversión en su futuro.
No podemos dejar pasar la oportunidad de dar voz al futuro. Ampliar el derecho al voto a los 16 es un acto de justicia, un reconocimiento de su madurez y una necesidad para construir una democracia más representativa y vibrante. Es hora de que sus voces cuenten, porque su futuro es ahora.
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Emilia Sánchez-Pantoja es diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.
