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Por una infancia sexualmente sana

Violeta Assiego

Me llama la atención cómo la perspectiva de infancia puede ser olvidada e ignorada entre muchas feministas. De la misma manera, me sorprende encontrarme con expertas y representantes de organizaciones de infancia que desconocen –cuando no desconfían– de cómo el enfoque de género hace políticas de infancia mejores. Los derechos de las mujeres y los de la infancia no son compartimientos estancos, más bien todo lo contrario. No podemos olvidar que ambas esferas comprenden derechos humanos y que, por tanto, son interdependientes, están interrelacionados. Es más, un abordaje riguroso de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desactivarían muchas de las causas que están detrás de las desigualdades de género, desarmaría muchos de los relatos que se utilizan para jerarquizar las relaciones.

La educación sexual es un derecho humano en sí mismo y un medio para hacer efectivos otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos

Un ejemplo claro, y controvertido, de esto es la incorporación de una educación sexual integral en las escuelas desde la primera infancia. Es un tema este que pone especialmente nerviosos a miembros conservadores y ultraconservadores de nuestra sociedad, incluyendo entre estos a un sector del feminismo transexcluyente que, no pocas veces, comparte consignas con la misma extrema derecha. “Adoctrinamiento”, “pin parental”, “ideología de género”, “generismo” “queerismo”, “homosexualizar” “propaganda”, etc. son parte de una terminología global que aparece en las campañas y argumentarios (ultra) conservadores que, de forma deliberada, ofrecen información distorsionada o engañosa sobre en qué consiste una educación sexual integral. Algo que busca atemorizar a madres y padres, malinterpretando que no se trata de sustituir a las familias en su función educadora sino de complementar la educación de sus hijos e hijas con contenidos científicos como se hace con tantos otros aspectos dentro de un currículo educativo.

La educación sexual es un derecho humano en sí mismo y un medio para hacer efectivos otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos. Abordar la sexualidad de forma integral, con enfoque de género, de forma pedagógica y con contenidos adaptados a cada edad, favorece el autocuidado, el respeto a la diversidad sexual y la prevención de las violencias machistas porque promueve una vivencia sexual sana. Como dice el Consejo de Europa, “una educación sexual integral protege a los niños y a las niñas, y ayuda a construir una sociedad más segura e inclusiva”. Por ejemplo, una educación sexual integral hubiera impedido muchos de los abusos que miembros de la Iglesia Católica han cometido contra centenares de niños y niñas que, ahora siendo adultos, ofrecen terribles testimonios que dejan al descubierto cómo los agresores se aprovecharon de su inocencia y de todo un constructo socio-religioso muy perverso sobre la sexualidad.

Este año, llegamos al 8M con varias normas que intentan romper con la inercia de tabú que se viene imponiendo en España sobre sexualidad e infancia. La más reciente, este mes de febrero con la publicación en el BOE del Real Decreto que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Este incluye, en una de las áreas, la necesidad de acompañar en esta etapa el desarrollo de su afectividad, así como en el descubrimiento de la sexualidad y la construcción de género, respetando la diversidad afectivo-sexual. Sin embargo, al igual que sucede con la Ley de Protección a la infancia y la adolescencia frente a las violencias, que entró en vigor en junio, las referencias no son explícitas a una educación afectiva sexual integral. De ahí la importancia del anuncio que hacía esta semana el Ministerio de Igualdad de que la modificación de la Ley del Aborto pueda incluir contenido en materia de educación sexual de manera obligatoria.

Sin embargo, es imprescindible que la divulgación de tan necesaria propuesta no solo se justifique en que esta puede ser una medida preventiva de la violencia machista, que piensa en las mujeres, que lo es, sino que también y sobre todo es una medida pensada para la infancia que garantiza varios derechos de esta, entre ellos el derecho de las niñas y niños al más alto nivel posible de salud mental y física o su derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Es clave que los feminismos, las feministas, tengamos cuidado para no caer en el adultocentrismo de legislar ámbitos que afectan a la infancia sin pensar en los derechos de la infancia, es decir, pensando en otros sujetos que no son ellos.

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Violeta Assiego, abogada de Derechos Humanos

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