Plaza Pública 8-M

De jueces, manadas y croquetas

Manifiestación del 8M en Santa Cruz de Tenerife.

Marisa Soleto Ávila

Se dice que no se debe legislar en caliente. Que las prisas no son buenas para hacer leyes ya que pueden alterar el buen juicio y que se corre el riesgo de incorporar a la Ley elementos que no están suficientemente reflexionados, al calor de una coyuntura que igual no se corresponde enteramente con el bien común. Dicen.

No me disgusta esta imagen, la entiendo. Hacer leyes es como hacer croquetas; mejor dejar reposar la masa, que no sirve de nada quemarse las manos y, en caliente, no hay manera de darles forma. Pero me pregunto cuál es el tiempo razonable de reposo en el caso de la acción legislativa y, sobre todo, si una espera demasiado larga no hace que pasemos de la urgencia y la necesidad a la indolencia y el conformismo.

Hace ya más de dos años de las movilizaciones provocadas por la sentencia de la manada de Pamplona, pero la cosa sobre la inadecuada regulación de los delitos contra la libertad sexual y la desprotección de las víctimas, viene de más atrás, mucho más atrás, con escenas judiciales que no creo que hagan ningún bien a la justicia. ¿O ustedes creen que es de recibo que una magistrada tenga que preguntar a una víctima de violación si cerró bien las piernas?, por citar algunas de las escenas judiciales de los últimos tiempos.

A las puertas del 8M, qué casualidad, hemos conocido, por fin, el informe preceptivo del CGPJ sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, casi un año después de su aprobación como anteproyecto por parte del Gobierno. Un informe que llega con bastante retraso sobre la fecha prevista, porque debe ser que un CGPJ saliente y prorrogado tiene mucho trabajo para andar cumpliendo plazos.

Nos viene a decir el Consejo en su informe que lo de modificar el tipo penal no le parece una buena idea, que la cosa está bien como está. Seguro que ya no se acuerdan de la vergonzosa imagen del tránsito judicial de la sentencia de la manada de Pamplona. Con la regulación actual y el actual arbitrio judicial, en un caso como esta violación grupal cabe desde la libre absolución ampliamente motivada en un voto particular (según el grado de inclinación de la cadera de la víctima, decía el magistrado), hasta la agresión sexual agravada de la sentencia del Supremo.

Esto no debe ser un problema para el órgano de gobierno de los jueces, si atendemos al informe del CGPJ. Pero lo es. Es un problema grave de inseguridad jurídica para quienes son víctimas de estos delitos, un problema que se manifiesta en la desconfianza de las víctimas en el sistema a la hora de denunciar. Las agresiones sexuales no se denuncian en un doloroso porcentaje muy significativo, que revela esta falta de confianza de las víctimas, mayoritariamente mujeres, en el sistema que debe protegerlas y reparar el daño sufrido.

¿Quién va a querer denunciar si lo que se va a encontrar es un juicio inquisitivo sobre la determinación con la que ha defendido su honor? Porque seguimos hablando de esto, de si las víctimas de agresiones sexuales hacen todo lo posible para no ser violadas, no vaya a ser que castiguemos injustamente a algún incauto. Aunque el informe del Consejo lo dice más bonito; presunción de inocencia, dicen.

Si se dan cuenta, la presunción de inocencia es un tema que aparece de forma reiterada en todos los delitos que afectan mayoritaria y desproporcionadamente a las mujeres y la pregunta es obligada: ¿Cree la justicia que las mujeres mienten? ¿Lo cree la sociedad? Si analizamos sentencias y comportamientos judiciales la respuesta es clara: sí; y por eso deben creer que es tan importante someter a las víctimas a la presión judicial necesaria para que digan la verdad.

En la misma semana en la que hemos conocido este informe del CGPJ, España ha sido condenada por el trato que una menor víctima de violación recibió en la exploración forense, no fuera a ser que la víctima estuviera mintiendo, en este caso sobre su edad. La falta de especialización judicial o las dificultades de contar con una adecuada representación legal para las víctimas provocan escenas tan dolorosas y vergonzantes como esta.

El doble tipo penal, su aplicación en los tribunales, si bien está definido según la especial gravedad de los medios que utiliza un violador para cometer el delito (violencia o amenazas), en la práctica se acaba definiendo por el comportamiento de la víctima. Una víctima que no presenta una resistencia heroica, no requiere por parte del agresor el uso de violencia ni intimidación extrema. La consecuencia es que la penetración a una niña de 5 años por parte de un familiar, o la violación de una mujer drogada que no tiene posibilidad de resistirse, acaban siendo calificadas como abusos y no agresiones sexuales, porque las víctimas no se resistieron y no hizo falta pegarlas. Y esto por no hablar de la confusión jurisprudencial con las violaciones grupales, o la prestación del consentimiento por debajo de los 16 años. Todo son casos reales. ¿En serio les resulta tan difícil encontrar una definición jurídicamente aceptable de consentimiento sexual? ¿No son capaces de reconocer la gravedad de este delito en función de la prestación del consentimiento y las circunstancias que rodean al hecho? ¿Qué les pasa?

No, el movimiento feminista no suele actuar a golpe de ocurrencias y calentones provocados por la coyuntura, más bien lo que decimos se ajusta al modelo de la gota que colma el vaso, y existen razones más que fundadas para decir que la regulación de los delitos contra la libertad sexual y la protección y reparación del daño de las víctimas en España es un disparate, del que los primeros que deberían avergonzarse son los propios actores del Poder Judicial, por el propio bien de la Justicia.

No nos hagan trampas, no se las hagan a ustedes mismos. No se trata de convertir en Ley las proclamas y lemas de las manifestaciones, como van argumentando por ahí vetustos representantes del Poder Judicial, qué va. Detrás del "no es no", del "solo sí es sí", del "hermana yo sí te creo", hay una ley que no funciona, que no sirve para perseguir un delito que no se denuncia, que maltrata a las víctimas durante el procedimiento judicial y que acaba sancionando con las penas menores las conductas que deberían merecer una mayor sanción y reprobación.

La reforma de los delitos contra la libertad sexual es una reforma urgente y necesaria en España. Es posible que el Gobierno se haya complicado en exceso la vida abordando esta reforma penal a través de un proyecto de Ley que, aunque recoge aspectos imprescindibles sobre los derechos de las víctimas y (finalmente) la penalización del proxenetismo, resulta más complejo de lo necesario y estaba poco trabajado en su origen. Pero, sea por una cosa o por otra, lo cierto es que no acaba de cuajar, y seguimos a la espera.

No es de recibo una espera tan larga. Más de un año va a pasar entre la aprobación del anteproyecto de Ley y su registro en el Congreso para su tramitación parlamentaria, que también durará lo suyo, lo que da tiempo suficiente para que se nos pase la necesidad y la urgencia y ofrece la oportunidad de que se puedan seguir poniendo palos en la rueda, enfangando un debate que debería estar mucho más claro. Ahí estarán los de siempre, confiados en que el hartazgo y la indolencia que provoca la propia espera les permita colar los mismos argumentos que siempre se han utilizado para retrasar el avance de los derechos de las mujeres. Como juego político igual tiene su chiste, pero maldita la gracia.

No voy a salir a la calle este 8M. No habrá, seguramente, grandes manifestaciones como en otros momentos. Lo que ahora sabemos de la pandemia, obliga. No contamos por lo tanto con la presión de la calle para demostrar que cosas como las que se dicen por parte del CGPJ no son de recibo en un país que pretendidamente apuesta por los derechos de las mujeres. Lo tendremos que hacer de otra forma, porque siguen existiendo poderosas razones que justifican la reivindicación del 8M como ese día en el que se hace repaso, se celebran los avances y se recuerda lo pendiente. Hay otros muchos temas, sin duda, pero en lo tocante a la regulación de los delitos sexuales, en el 8M de 2021, seguimos teniendo pendiente la reforma. Una pena. Especialmente porque como casi todo lo que reivindica el feminismo esto no va sólo de discursos ideológicos y proclamas, esto va de seguridad jurídica y de reparación del daño, de tener o no una buena Justicia, también para las mujeres.

Dedicada a todas las personas, instituciones y poderes públicos que tienen que intervenir en este proceso, mi pancarta del 8M: Hagan el favor, pónganse ya con las croquetas que se les va a estropear la masa. #8M, #NoEsNo, #SoloSíesSí, #HermanaYoSíTeCreo.

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María Soleto Ávila es directora de la Fundación Mujeres.

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