'Lawfare' de máxima intensidad en Ecuador: los casos de Jorge Glas y Alexis Mera

Los casos de guerra jurídica (conocida también por lawfare en inglés) contra simpatizantes del expresidente Rafael Correa y el llamado "correísmo" son frecuentes desde 2017 en episodios que combinan acusaciones de corrupción con deficientes procesos de instrucción e impugnación de candidaturas. Al igual que sucedió en Brasil con la operación Lava Jato, no se han detectado inicialmente estrategias de abuso de funciones que afecten a miembros del sistema judicial, fiscales u otros poderes del Estado pero, con el tiempo, estos abusos dejan de pasar desapercibidos.

Tras los últimos acontecimientos que han tenido lugar, se hacen más evidentes los abusos procesales con fines persecutorios, así como la flagrante coacción entre poderes y la realización de investigaciones y acusaciones vertidas contra Jorge Glas y Alexis Mera. Jorge Glas, exvicepresidente de la República de Ecuador (2013-2018), está preso desde el 2 de octubre 2017 acusado del llamado caso Sobornos. Tras su designación como vicepresidente, el compañero de lista del expresidente Lenín Moreno por Alianza País, Jorge Glas, fue detenido y puesto bajo custodia judicial en base a unas pruebas poco contundentes. El caso resulta polémico y la pena de prisión es ciertamente abusiva.

Este martes día 9, y por segunda vez, el Estado ecuatoriano ha impedido la puesta en libertad de los acusados. Se impidió la liberación Glas incumpliendo una orden judicial, dictada por un juez constitucional (juez de garantías penitenciarias), que también tuvo en cuenta las condiciones de salud del acusado.

El director del Centro de Rehabilitación donde cumple condena se negó, sin mayor explicación, a cumplir con la orden de excarcelación y la Secretaría de Comunicación del gobierno justificó dicho incumplimiento con las siguientes palabras: "Las instituciones del Estado ecuatoriano presentarán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de liberar a ningún ciudadano que atente contra el ordenamiento jurídico y contribuya a la anarquía judicial a la que algunos jueces intentan llevarnos".

El presidente Guillermo Lasso escribió en Twitter que su gobierno "no permitirá la corrupción en Ecuador". Ante tal situación de incumplimiento de una orden judicial que denota una absoluta falta de independencia del poder judicial en Ecuador, Jorge Glass puede ser considerado técnicamente secuestrado, un preso político de los tiempos de la guerra jurídica en su máxima expresión.

Líderes internacionales, juristas y autoridades miembros del Grupo de Puebla y del Grupo CLAJUD han reaccionado y denunciado el abuso de poder del presidente Lasso, que, por segunda vez, impide su libertad e interfiere con las decisiones del poder judicial, además de exigir la complicidad del poder legislativo a la hora de imponer su decisión a la Asamblea Nacional. 

Las autoridades de la Unión Europea están presionando por que se cumpla la decisión judicial sobre la libertad del político ecuatoriano, pronunciándose ya en ese sentido (Ver el trabajo de observación de la Veeduría Internacional Europea para vigilar el cumplimiento de beneficios penitenciarios a favor de Jorge David Glas).

Otro caso que ha sido tratado por expertos en temas de persecución judicial es el de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, también acusado en el caso Sobornos. 

Recientemente, un exjuez nacional declaró, durante una audiencia ante el Consejo de la Judicatura que el acusado Alexis Mera debería haber sido excarcelado, pero que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) optó por medidas alternativas para evitar un escándalo. 

Estas revelaciones, sumadas a la reciente declaración del presidente de Ecuador expresando su desacuerdo y las probables medidas para revertir la decisión de libertad otorgada a favor de Jorge Glas denotan un flagrante abuso de poder del jefe del Ejecutivo

La declaración del exmagistrado Edgar Flores es grave porque revela el incumplimiento del correspondiente proceso legal. La detención contra Alexis Mera fue ordenada por el delito de malversación, el cual fue recurrido por el acusado. Con el procedimiento de resolución de dicho recurso ante el Tribunal de Justicia aún en curso, el Ministerio Público reformuló los cargos y retiró el delito de malversación; en su lugar, añadió los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. A pesar de esta modificación repentina en la acusación, se mantuvo la prisión preventiva contra Mera. Flores declaró al respecto que lo que correspondía era "la libertad inmediata" de los acusados, pero en lugar de eso, se dispusieron "medidas alternativas".

Edgar Flores también reveló que la verdadera razón de su destitución como juez fue la derogación de la prisión preventiva de Alexis Mera, y no por el proceso de evaluación del Poder Judicial, ya que su destitución se produjo antes de que se conocieran los resultados de dicha evaluación.

Estas revelaciones, sumadas a la reciente declaración del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresando su desacuerdo y las probables medidas para revertir la decisión de libertad otorgada por procedimiento de hábeas corpus a favor de Jorge Glas, denotan un flagrante abuso de poder del jefe del Ejecutivo, además de comprometer absolutamente el sentido de independencia judicial.

Se entiende que la democracia se basa en el respeto a la independencia judicial, lo que presupone, por otro lado, la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, como elemento constitutivo de seguridad jurídica. Así, es imperativo dar a conocer lo ocurrido en Ecuador dado el fuerte impacto de los procesos judiciales persecutorios no solo en los derechos individuales y colectivos, sino en la vida política de las sociedades latinoamericanas.

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Carol Proner es doctora en Derecho Internacional, profesora de la UFRJ y miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD).