Las movilizaciones por la Sanidad Pública
El pasado doce de febrero centenares de miles de personas se manifestaron en las calles de Madrid, pero también hubo movilizaciones muy numerosas en las de Santiago y Burgos, como pocos días antes lo habían hecho en Salamanca. Y meses antes en muchos otros puntos de todo el país. Todas ellas tenían un objetivo común: defender la Sanidad Pública y la Atención Primaria contra las continuas agresiones que están sufriendo desde hace tiempo, y que se han puesto de manifiesto de manera más visible tras la pandemia. Las tres CCAA que se movilizaron el día doce están gobernadas por el PP, lo cual no deja de ser una evidencia de que las iniciativas privatizadoras tienen más intensidad en estas comunidades, aunque no son una excepción, ya que se extienden a lo largo y ancho de todo el país, y lo único que las diferencia es la vehemencia con que se producen.
Madrid es el epicentro de las movilizaciones y existen muchos motivos para ello, que podrían resumirse en los siguientes:
La Comunidad de Madrid es la que menos dinero dedica a la Sanidad Pública, situándose siempre por debajo de la media de las CCAA y, en muchos casos, en el último lugar. En los presupuestos de 2023 dedica 1.300,55 € por habitante y año (media de las CCAA 1.808,5, máximo de 2.133,13 de Asturias), lo que supone 508€ menos de inversión sanitaria per cápita que lo necesario para alcanzar el promedio de las CCAA. Con unas diferencias tan notables en los presupuestos no es posible ofertar las mismas prestaciones en calidad y cantidad. Y ello se produce en una situación en la que hay un continuo goteo de bajadas de impuestos propios, que a la postre solo benefician a las rentas más altas, confirmando de nuevo el axioma de que sin unos impuestos suficientes los servicios públicos fundamentales se hacen insostenibles.
Pero además, es la comunidad autónoma en la que el proceso privatizador ha aumentado de manera más importante, y ello supone un incremento de los costes (entre cinco y once veces más que en la gestión tradicional); una hipoteca de la política sanitaria con contratos a 20 o 30 años; disminución del número de camas, con menos personal sanitario y el no sanitario precarizado y menos cualificado, empeorando las condiciones laborales de los trabajadores; favorecen las corruptelas, acaban en manos de grandes multinacionales (Centene, Fresenius...) que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio básico; existe un control escaso o inexistente del sistema público sobre los centros privatizados y empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos de las empresas y su rentabilidad económica por delante del derecho a la salud de la población (hay evidencias científicas de que el aumento de dinero público derivado hacia centros de gestión privada aumenta la mortalidad evitable). Y, finalmente, las llamadas colaboraciones público- privadas, es decir, dinero público destinado para beneficios privados, no son sino un primer paso para la privatización total.
El deterioro de la Atención Primaria es una de las claves en esta estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos madrileños. Madrid es la comunidad autónoma que menos presupuesto tiene para la AP
El deterioro de la Atención Primaria (AP) es una de las claves en esta estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos madrileños. Madrid es la comunidad autónoma que menos presupuesto tiene para la AP (un 10,73%, es decir, 155,02 € /habitante y año, frente a 14,93% y 251,53 € de media de las CCAA), y ello se traslada a una crónica insuficiencia de profesionales: todas las ratios por habitante están por debajo de la media, Enfermería ocupa el último lugar, Medicina de Familia el segundo y Pediatría el tercero. En Madrid, el 57% de los profesionales de medicina de familia tienen a su cargo más de 1.500 tarjetas sanitarias, y el 7,87% más de 2.000 (de hecho, están en Madrid el 50,4% de los que en todo el país tienen más de 2.000). Y ello produce unas demoras intolerables en la atención: el 87,5% esperaron más de dos días y el 57,8% más de siete, con una demora media de 9,03 días (la media del país es 8,08); de hecho, un 26,7% de las personas con un verdadero problema de salud no lograron una consulta, el mayor porcentaje de todas las autonomías (datos todos del Barómetro Sanitario 2022).
Por otro lado, el proceso de privatización y la jibarización presupuestaria de la Sanidad Pública han producido una disminución de las camas hospitalarias que se hace patente en los momentos de aumento de la demanda (como la gripe, por ejemplo), con unos tremendos atascos en las urgencias con centenares de pacientes esperando cama para poder ingresar. Madrid tiene 2,13 camas públicas por 1.000 habitantes, baremo que va en descenso, ya que se cerraron 1.288 camas entre 2015 y 2021 (promedio de la UE 5 y de la OCDE 4,7). Esta situación genera importantes listas de espera (927.637 en septiembre de 2022) que no tienen visos de mejorar, pues el sistema sanitario no ha recuperado el nivel de actividad prepandemia (en 2021 se hicieron un 13,66% menos de intervenciones quirúrgicas que en 2019).
Esta realidad explica la gran preocupación de la población y la amplitud de las movilizaciones que se han producido, así como el aumento de las personas con una póliza de seguro privado en la región (el 38,11%, el mayor porcentaje de todo el país en diciembre de 2021), una situación que hay que recuperar urgentemente dotando a la Sanidad Pública de los recursos suficientes, reforzando la Atención Primaria para garantizar una cita en 48 horas, parando las privatizaciones y recuperando lo privatizado, y abordando las listas de espera con una utilización intensiva de los recursos públicos, que precisa además de un aumento de las camas hospitalarias y del personal sanitario.
Por supuesto, no será fácil conseguirlo, porque la señora Ayuso y su Gobierno tienen claro que su objetivo es deteriorar y desmantelar la Sanidad Pública madrileña. Habrá que movilizarse para lograrlo: nuestra Sanidad Pública y nuestra salud están en juego.
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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y patrono de la Fundación Alternativas.
