El mundo hace oídos sordos al sufrimiento de los palestinos

Hersch Lauterpacht (1897-1960), nacionalizado británico, abogado, activista pro derechos humanos y juez en el Tribunal Internacional de Justicia, nacido en Zolkiev, a pocos kilómetros de Leopolis, en la hoy torturada Ucrania, fue el introductor del crimen de lesa humanidad. Lauterpacht, judío, al final de su vida, calificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una vergonzosa derrota de las ideas que ambiciosamente proclamó.

El primero de febrero de 2022, Amnistía Internacional (AI) publicó un detallado y bien fundado estudio titulado “El apartheid de Israel contra los palestinos: un sistema cruel de dominación, crimen de lesa humanidad”. La ocupación masiva de tierras y propiedades palestinas, expulsiones forzosas, asesinatos, restricciones de movimiento y la denegación de nacionalidad y ciudadanía a los palestinos, entre otras medidas, integran un sistema que equivale al apartheid, tal como lo contempla el derecho internacional y que puede definirse como crimen de lesa humanidad tal como lo define el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional.

Al presentar el estudio, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, pronunció un alegato que habría enorgullecido a Lauterpacht: “Nuestro informe revela el verdadero alcance del régimen de apartheid de Israel. Vivan en Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania o en el propio Israel, los palestinos son tratados como un grupo racial inferior y sistemáticamente desprovistos de sus derechos. Las crueles políticas israelíes de segregación, despojo y exclusión en todos los territorios sometidos a su control equivalen sin duda alguna al apartheid. La comunidad internacional está obligada a actuar. No hay justificación posible alguna para un sistema construido sobre la opresión racista institucionalizada y permanente de millones de personas. No hay lugar para el apartheid en nuestro mundo y los Estados que decidan exculpar a Israel por estos actos se hallarán en el lado equivocado de la Historia. Los Gobiernos que continúen proporcionando armas a Israel y le protejan de rendir cuentas ante las Naciones Unidas estarán apoyando el apartheid, minando el orden jurídico internacional y agrandando el sufrimiento del pueblo palestino. La comunidad internacional tiene que afrontar la realidad del apartheid de Israel y avanzar por las diversas vías hacia la justicia que permanecen vergonzosamente inexploradas”.

Hubo una época en la que la racionalidad estaba presente en el Gobierno y la Administración israelíes. Hace treinta años Isaac Rabin, primer ministro y Yaser Arafat, presidente de la OLP, firmaron en Oslo los Acuerdos que deberían haber conducido al fin de la violencia, de la ocupación ilegal israelí de tierras palestinas y a la constitución de dos Estados, judío y palestino, que deberían haber pacíficamente coexistido. Sin embargo, apenas dos años más tarde, un extremista judío asesinó por la espalda a Rabin en un evento popular que pretendía con el lema “Sí a la paz, no a la violencia” impulsar lo acordado en Oslo. ¿Son hoy mayoría los extremistas en Israel? Desde luego lo son en el nuevo Gobierno constituido por Netanyahu. Y también desde luego hay que decir que los Acuerdos de Oslo de 1993 están muertos. Israel ha demostrado más que suficientemente su total ausencia de voluntad política para poner fin a la ocupación y la tan cacareada comunidad internacional (específicamente los Estados con capacidad para forzar a Israel) no ha hecho esfuerzos reales para imponerse. Por si fuera poco, la presencia de 750.000 mil colonos israelíes en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este en asentamientos “legales” o ilegales, respaldados o tolerados por su Gobierno, aproxima el caso al mito de Sísifo.

Defender los derechos de las mujeres en los Territorios Palestinos ocupados no es terrorismo, facilitar ayuda jurídica a palestinos detenidos no es terrorismo

Hay otros factores que complican la situación. Por ejemplo, la traición a la causa palestina por parte de diversos Estados árabes. En mayo de 2021, Israel atacó masivamente Gaza. 250 palestinos muertos, de ellos 68 niños y 70.000 civiles desplazados. La reacción árabe puede describirse con un oxímoron: silencio estruendoso. Pocos meses antes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán habían normalizado relaciones con Israel. Es posible que Arabia Saudí adopte en breve idéntica posición (a pesar de que solo el 6% de su población la respalda). El ministro de Exteriores emiratí, Anwar Gargash, declaró que la normalización implicaría el progreso de la paz y la prosperidad. Se mantenía entonces que Israel detendría la violencia contra los palestinos y tendería a afianzar el comercio y el desarrollo económico. Falso. El colmo del cinismo lo protagonizaron funcionarios públicos de Emiratos, Kuwait y Bahrein, que a pesar del apoyo generalizado de sus poblaciones a los palestinos, difundieron un hashtag: #Palestinanoesmicausa.

A partir de mayo de 2021, las autoridades israelíes han incrementado exponencialmente la represión contra la sociedad civil palestina. El 19-10-2021, el ministro de Defensa, Benny Gantz, calificó a seis ONG como “organizaciones terroristas”. Se trata de una campaña sistemáticamente institucionalizada con la intención de silenciar y desacreditar a toda persona u organización que se atreva a exigir responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o de lesa humanidad. Michelle Bachelet, en ese año Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, exigió a Israel que revocara tal calificación porque “defender derechos ante la ONU o cualquier otra organización internacional no es un acto de terrorismo. Defender los derechos de las mujeres en los Territorios Palestinos ocupados no es terrorismo, facilitar ayuda jurídica a palestinos detenidos no es terrorismo”.

Diversas agencias de Naciones Unidas son activas en la denuncia de las acciones ilegales de Israel en los Territorios Ocupados. En febrero de 2023, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se movilizara con el fin de detener “la demolición sistemática y deliberada de viviendas palestinas, así como el arbitrario desplazamiento de palestinos en la Cisjordania ocupada”. Sólo en enero de 2023, Israel demolió 132 viviendas palestinas en 38 comunidades cisjordanas, un 135 por ciento más comparado con el mismo período de 2022. Según la ONU, “la sistemática demolición de casas palestinas, la construcción de colonias ilegales y la sistemática negación de permisos de construcción a los palestinos en Cisjordania equivale a un domicidio”. Nuevo término a tener en cuenta.

Lo peor está por llegar tras la reciente configuración por Netanyahu del más extremista y ultraortodoxo Gobierno de la historia de Israel. En junio de 2023, el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, ultranacionalista previamente condenado judicialmente por incitar al racismo, exigió “una operación militar para demoler edificios, eliminar terroristas, no uno o dos, sino decenas y centenares y, si es necesario, miles”. Este consumado racista acompañó su proclama con un llamamiento a los colonos para que se movilizaran y ocuparan mucha más tierra en Cisjordania. En plena sintonía con dirigentes del movimiento colono, que exigen al Gobierno que anexione formalmente Cisjordania al Estado judío.

Estando así las cosas ¿es posible reactivar la posibilidad de dos Estados, palestino e israelí, tal como imaginaron Rabin y Arafat? ¿Retornará la racionalidad al Estado de Israel? Las Naciones Unidas continúan perseverando en el intento, pero, en última y auténtica instancia, las Naciones Unidas son el Consejo de Seguridad con sus cinco miembros permanentes con poder de veto. Y no todos parecen estar dispuestos a impulsar esa racionalidad y convencer/forzar al Gobierno de Israel para que ponga definitivamente fin al sufrimiento palestino.

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Emilio Menéndez del Valle es Embajador de España.