Público y privado en la educación superior

Cuando se trata de servicios públicos, lo público y lo privado sólo son medios al servicio de la satisfacción del interés general. Hechos recientes contradicen esta idea. Las universidades Ramon Llull, Internacional y Abat Oliba han dejado de exigir las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) para acceder a los grados de Educación con objeto de remontar las matrículas en caída libre desde la implantación de estas pruebas en 2014 por acuerdo de las 12 universidades catalanas. Unas PAP que se crearon para mejorar en todas las universidades catalanas el nivel de matemáticas y lenguas de los futuros profesores cuando se constató el bajo nivel de los candidatos a cursar estos estudios. Con un 40% aproximado de suspendidos, sólo las universidades públicas las mantienen mientras que estas tres privadas, al eliminarlas, han doblado la matrícula. No tengo claro que las PAP sirvan efectivamente para mejorar el nivel de los candidatos. Creo que el problema viene de lejos y va más lejos todavía: la crisis de un modelo educativo fracasado desde hace años y lastrado por intereses corporativos diversos que impiden que el tema salga de la agenda política para poder hallar una solución “de Estado”.

En otro orden de cosas, la UOC (de propiedad mayoritariamente privada) ha reclamado recientemente que sus profesores puedan acceder a los mismos planes de mejora laboral del profesorado de las públicas, o acceso a fondos públicos para investigación en igualdad de condiciones que las públicas. No les faltaría razón si nos centráramos en su función de servicio público en vez de en su personalidad jurídica pública o privada. Sus docentes no son funcionarios y su actividad investigadora debería tener igual condición que la de las públicas a efectos de recibir fondos europeos para ese fin. Si esto debiera ser así, ¿por qué su profesorado se estructura en categorías “funcionariales” (catedráticos y demás)? ¿Por qué burocratiza el proceso de aprobación de títulos como las públicas, o los precios de sus matrículas? ¿Por qué es miembro de la Asociación Catalana de Universidades Públicas? Existen dos opciones: o que sea pública puesto que pretende este estatus, o que sea privada puesto que su propiedad mayoritaria lo es. La clave está en la procedencia de los fondos (incluyendo la deuda) que la sustentan: si son mayoritariamente privados o si son mayoritariamente públicos. Y así podríamos especular hasta el infinito: ¿Por qué no reciben también fondos públicos otras privadas como la Ramon Llull, la Internacional o Abat Oliba?. Y lo mismo valdría para la UVic. Este callejón sin salida nos conduce a constatar que se adoptó un estatus privado, distinto de las públicas, para huir del corsé de la ineficiencia burocrática, pero se reivindica el estatus público en aspectos convenientes a distintos intereses singulares (personal o financiación de la investigación).

El problema viene del confusionismo entre público y privado, generado a posta por intereses que no se declaran públicamente y se mueven entre bambalinas. Una universidad es un caramelo demasiado goloso en términos de poder como para rechazarlo

La salida puede radicar en centrarnos en la función pública y no en el estatus jurídico público o privado de las universidades: una universidad debería ser ante todo una universidad. Como una empresa es una empresa o una fundación es una fundación. Sin embargo, en este país destacamos por confundir de manera interesada incluso la noche con el día, pero especialmente las universidades… y los clubes de fútbol. Me refiero al hecho de que ante todo una universidad, sea pública o privada, debiera cumplir la función para la que se crea, que según la vigente Ley es garantizar el servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Del mismo modo que un club de fútbol debiera ser ante todo una entidad deportiva. Si después, insisto, después, reúne características mercantiles que incluso le permiten tener beneficios, será otra cosa, sin perder de vista sus funciones originarias paras las que fue creada la universidad… o el club de fútbol.

Sucede por estos andurriales que nada es lo que parece: si se pretende ganar dinero mediante la educación superior o el fútbol no pasa nada, es lícito, pero dígase. No es posible sin embargo que el objeto principal sea el lucro, no sólo el monetario, sino también —y a veces, sobre todo— en términos de influencia sociopolítica. Lo publiqué en 2006 en mi libro Universidad SA: nada que objetar al estatus privado de una universidad, siempre y cuando ejerza las tres funciones que la ley le exige. El problema viene del confusionismo entre público y privado, generado a posta por intereses que, con frecuencia, no se declaran públicamente y se mueven entre bambalinas. Una universidad es un caramelo demasiado goloso en términos de poder como para rechazarlo. Alguna privada se creó para dar respuesta a demandas territoriales (cada campanario tiene derecho a una universidad), otra tecnológicas (la enseñanza no presencial, como si las públicas existentes allá por 1994 no pudieran prestar este servicio) y otras de visión del mundo (como si el credo fuera elemento esencial del servicio público de la educación superior). Ojo al dato, la función de servicio público de la educación superior compete tanto a las universidades públicas como a las privadas, por cuanto el “sistema universitario” descrito por la Ley incluye a todas, públicas y privadas.

Siendo esto así, que las universidades privadas también ejercen un servicio público, no es de recibo la eliminación de las PAP en algunas universidades. Y ello porque no debería suponer un criterio de admisibilidad a unos estudios la capacidad económica del aspirante, sino la preparación académica para cursarlos. Si una prueba de acceso de nivel supone un obstáculo para el acceso el problema está en la preparación académica de los candidatos, que no puede resolverse pagando, sino estudiando. Curiosamente las plazas de estas universidades que han eliminado las PAP y que estaban vacías se están ahora llenando a un precio 8 o 9 veces superior al de las públicas. El problema no es sólo de las universidades privadas. Y es que la financiación de las públicas también está vinculada al número de alumnos que ingresa y egresa en el periodo de tiempo establecido: hay que captar muchos alumnos y evitar que repitan curso si se quiere mantener la financiación por estos conceptos. Mal asunto.

Sí es de recibo, en cambio, que todas las universidades (públicas y privadas) jueguen con las mismas reglas para la disposición de determinados fondos públicos y de capacidad de endeudamiento en la medida que todas prestan un mismo servicio público. Con distintas salvedades, entre ellas que su profesorado no se pueda someter a las “ventajas” de la burocratización funcionarial. En fin, llamemos de una vez a las cosas por su nombre.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.