Plaza Pública

Los sobresueldos del PP “de los que usted me habla”: la limpieza pendiente de Casado

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, interviene durante el acto del cierre de campaña del PPC para las elecciones del 14-F, en El Xalet de Montjuïc, Barcelona, Catalunya (España), a 12 de febrero de 2021.

Txema Oleaga

El pasado miércoles 10 de febrero de 2021 el presidente del PP, Pablo Casado, manifestó que se había presentado a las primarias con la finalidad de “limpiar” el partido. Y afirmaba, categóricamente, que el PP anterior a su presidencia ya no existía.

Es difícil encontrar una confesión más evidente de que durante las presidencias de Aznar y Rajoy el PP cometió una serie de acciones delictivas basadas en un objetivo de acumular fondos económicos de manera ilícita. Supone un reconocimiento de que se trataba de una estructura organizada y no de actos aislados. Y significa que los máximos dirigentes de entonces lo autorizaron y lo pusieron en práctica.

Y claro, la cuestión es realmente sorprendente y conlleva una admisión indirecta de que lo que Luis Bárcenas viene declarando es cierto.

Así que vamos a detenernos brevemente para analizar algunas de las acusaciones de quien fue el tesorero de los populares y ver si de verdad el PP de Rajoy ya no existe realmente o estamos ante una nueva edición de “ese PP del que Ud. me habla”.

Luis Bárcenas afirma que tanto él como sus antecesores, Álvaro Puerta en particular, organizaron por encargo de la dirección del PP un entramado para obtener comisiones ilegales de determinadas empresas a las que se les adjudicaban obras públicas. Con los fondos obtenidos, se realizaban varias actuaciones. Algunas consistían en incrementar los gastos electorales por encima de lo establecido legalmente para las campañas electorales, obteniendo así una ventaja competitiva expresamente prohibida por las leyes de nuestro país.

Otra práctica incalificable consistía en retribuir a algunos dirigentes del PP con dinero “negro”. Éstas y otras actuaciones ilícitas formaban parte de lo que coloquialmente llamamos “caja B” del PP, cuya existencia ya ha sido acreditada en sentencia firme por el Tribunal Supremo.

La democracia española requiere del PP y de su presidente, Pablo Casado, una respuesta clara y contundente a dos interrogantes.

En primer lugar, cuáles fueron los ilícitos llevados a cabo por el PP y que él decía conocer y querer erradicar. Son muchas las causas pendientes y varios dirigentes y cargos públicos del PP ya han sido condenados y algunos están en prisión. Se está juzgando algo de una gravedad extrema, como es la utilización de la Policía Nacional para ocultar pruebas de los delitos cometidos.

¿Es cierto que Mariano Rajoy y su ministro de Interior organizaron una trama utilizando a la Policía para que ocultase pruebas a los juzgados sobre las prácticas delictivas del PP y obstruir la acción de la Justicia? De ser cierto, sería un hecho de tal envergadura que exigiría que sus responsables fueran puestos a disposición de la Justicia.

Y la segunda cuestión que debe aclarar Pablo Casado es si son ciertas las acusaciones de que varios dirigentes del PP han cobrado sobresueldos en “B”, alguno de los cuales aún ocupan altísimas responsabilidades, o las han desempeñado hace no mucho tiempo.

Hay también varios senadores sobre los que hay serias sospechas de haber percibido estas cuantías ilícitas. Algunos lo han reconocido explícitamente. Otros han sido directamente señalados por el propio Bárcenas como perceptores de retribuciones en “B”. Y aquí la cosa se pone aún más fea porque ese dinero tuvo que ser, además, necesariamente ocultado a la Hacienda Pública.

Más allá de la calificación legal, lo cierto es que estas prácticas son inadmisibles en un representante político y deben ser causa de exigencia de asunción de responsabilidades.

Estamos hablando de importantes cargos del PP, como Sebastián González –actual tesorero del PP y secretario de organización en la “gloriosa” etapa de la caja “B”– o Pío García Escudero –actual vicepresidente segundo de la mesa del Senado–. Y de los también senadores Javier Arenas, Rafael Hernando, Fernando Martínez Maíllo y Carlos Floriano.

Si de verdad hay voluntad en el señor Pablo Casado de desentrañar todas estas tramas delictivas y restaurar un mínimo de decencia política, no tiene otra opción que la de colaborar con la Justicia y expulsar de sus filas y de sus grupos parlamentarios a los autores de estas tropelías. No puede escudarse en la acción de juzgados y tribunales, sino que debe asumir las consecuencias políticas de esos hechos deleznables. No todo es esperar a una sentencia. Los hechos pueden haber prescrito, pero las conductas son intolerables y sus responsables no pueden desempeñar altas magistraturas en un país democrático.

No podemos olvidar tampoco que Pablo Casado fue jefe de Gabinete de José María Aznar, vicesecretario de Comunicación con Mariano Rajoy y estrecho colaborador de Esperanza Aguirre. La duda sobre su grado de conocimiento, su colaboración e incluso complicidad en esas prácticas corruptas puede lícitamente estar en la mente de cualquier demócrata. Y la única manera de acabar con la sombra de la sospecha no es otra que la de actuar de manera contundente y sin dilación.

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En el sistema democrático español el PP es un actor fundamental. De cómo resuelva esta cuestión Pablo Casado depende la supervivencia de su partido y la construcción de una alternativa de la derecha en línea con la que tenemos en otros países de nuestro entorno. Veremos…

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Txema Oleaga es senador del PSOE por Bizkaia 

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