Sistema de medios en España: diez reformas pendientes

Los datos hablan de un creciente euroescepticismo, tanto en la izquierda como en la derecha, en los países del sur de Europa. España es, además, el país donde más ha crecido este rechazo en los últimos años. El discurso institucional oficial se duele de este crecimiento y no sin motivos. Seguramente el dato sería otro si se probara a usar Europa menos como chantaje para la ‘deudocracia’ y más para plantear modelos de bienestar alcanzables. ¿Y si España hiciera por integrarse en Europa, por ejemplo, en lo que respecta al modelo mediático?

Es lógico que los españoles veamos en Bruselas cada vez más a un cobrador del frac y menos un espejo en el que mirarnos para conquistar equiparaciones en derechos y calidad institucional. Lo segundo no resulta creíble: en primer lugar porque las instituciones europeas han revelado su cruel orden de prioridades en la gestión de la deuda de países del sur como Grecia, o en el pacto con Turquía para tapar la crisis humanitaria de los refugiados; en segundo lugar, por la evidente falta de voluntad política de nuestro gobierno para adoptar estándares europeos en ciertos terrenos en los que no le conviene siquiera aceptar debatir sobre el tema.

El ámbito de la comunicación y las políticas mediáticas es un claro ejemplo. España arrastra un atraso considerable en diversos indicadores, y esto en principio ofrece a los nuevos partidos un campo abierto propicio para hacer campaña con propuestas de sentido común, difícilmente oponibles, realistas y con referentes europeos cercanos. Reformas que provocarían una transformación en el sistema de representaciones masivas que les beneficiaría en el medio plazo, porque mejorarían la salud de nuestro sistema democrático en su conjunto. Pongamos diez ejemplos de este tipo de posibles proyectos:

1. Desgubernamentalización real de medios públicos, abrirlos a la transparencia y la participación social. El rol del sector público en comunicación es clave. En el esquema actual, son los únicos medios a los que les estaría exigido evaluar su gestión según retorno social de la inversión en vez de buscar la mera rentabilidad económica. Deben atender a minorías, a población sin capacidad de consumo (como la infantil), fomentar la diversidad cultural y la participación democrática, garantizar acceso a grupos sociales significativos, etc.

Sin embargo, la situación arrastrada de control por el gobierno, ampliamente documentada ya, ha minado su credibilidad a la vez que reducía tanto la audiencia como el presupuesto. Los partidos en España, sin excepción, se han llenado la boca del famoso “Modelo BBC”, prometiendo dar independencia a RTVE y a los medios autonómicos. Sin embargo, finalmente, el bipartidismo se ha limitado a acordar un regreso al consenso amplio para elegir presidente. Un paso importante, pero por sí solo insuficiente, incluso contraproducente si no se completa con mecanismos de desbloqueo (Rajoy ya mantuvo RTVE durante un año sin presidente, en 2011). De momento la propuesta del PSOE no prevé ninguno, ni acceso a través de concurso público, ni ampliar pluralismo o participación de la sociedad civil, ni portal de transparencia parecido al de la BBC, ni derecho a carrera profesional. Mantiene el modelo de siempre. Sin pretender que las radios y televisiones públicas europeas sean perfectas, seguimos enormemente por debajo de los estándares en que deberíamos mirarnos.

2. Crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, como hay en los demás países de Europa. Son las entidades encargadas de regular la industria de la comunicación, que atienden cuestiones como la protección de menores, las cuotas de producción nacional, los límites a la publicidad, el derecho constitucional a la información, las garantías de pluralismo, la perspectiva de género, y un largo etcétera. En general, están dotados de capacidad sancionadora.

En España nunca llegó a crearse, así que le endosamos sus funciones (muy recortadas) a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Esto tiene al menos dos problemas: primero, la propia CNMC, superregulador que abarca desde la red ferroviaria hasta el gas y la electricidad, ha reconocido el año pasado su incapacidad para hacer seguimientos precisos y valoraciones cualitativas de los contenidos de las emisiones; segundo, todos sus miembros son nombrados por el Ministro de Economía, por lo que su independencia ha sido cuestionada por el propio Tribunal Supremo y la Comisión Europea. Según Joan Botella, expresidente de la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), “sin un regulador realmente específico e independiente, el espacio mediático español no estará a la altura de Europa”.

3. Una red de medios municipales participativos, que fomente el periodismo local y la comunicación de cercanía. No sólo permitiría desconcentrar el sistema de medios y reducir el abismo entre ciudadanía e instituciones municipales, acercando la política local, la más inmediata, a los habitantes para fomentar su participación. También serviría como dinamizador económico de zonas en riesgo de despoblación y como motor de empleo local, algo que necesitan nuestras ciudades, muchas carentes de un espacio mediático propio y cercano.

4. Reconocimiento a los medios del tercer sector. En la línea de la propuesta anterior, y con menor coste aún, está la reivindicación histórica de proteger y fomentar los medios comunitarios sin ánimo de lucro. Dejar de hostigarles económica y jurídicamente, y empezar a cumplir la actual ley, que obliga a conceder radioespectro para estas televisiones y radios, supondría ya un salto cualitativo. Para cumplir con las recomendaciones de la UNESCO, tampoco hace falta llegar a los niveles de subvención de los medios comunitarios que existen en Francia, Alemania o en los países nórdicos, donde incluso gozan de Open Channels estatales gestionados por las propias emisoras.

5. Y ya que hablamos de la UNESCO, sería deseable que España se actualizara también en el terreno de la educación mediática (en otros países lo llaman #MediaLiteracy o #Educomunicación), no sólo a través de campañas activas de conocimiento del funcionamiento de los medios de masas y la promoción de un rol activo de los públicos, sino también ampliando la enseñanza de esos contenidos en los programas curriculares educativos (hoy ya se hace, aunque con gran heterogeneidad entre distintas comunidades autónomas). Podemos lo propuso en su primera legislatura, lo que fue aprovechado por algunos medios para disparar, claro. Después, ha recuperado la propuesta la FAPE. Idéntica, pero esta vez no ha generado el mismo revuelo.

6. Generar un Estatuto del Periodismo o Estatuto de la Información, igual que se acaba de aprobar por unanimidad crear uno para la Cultura, pero que proteja los derechos profesionales del periodista: cláusula de conciencia, secreto profesional, derechos de autor, derecho a formar comités de redacción, al código deontológico, etc. Francia, Italia o Portugal, por ejemplo, tienen bases estatutarias desde hace décadas, reconociendo los derechos y responsabilidades de la profesión. En España, Zapatero se comprometió a ello y admitió a debate el borrador del Foro de Organizaciones de Periodistas. Pero finalmente, como también ocurriera con la propuesta del Consejo Audiovisual, el proyecto fue desviado a vía muerta. En tiempos de ‘postverdad’ y de crisis profesional, hace falta ese marco básico para proteger a los profesionales de la precariedad que les hace muy vulnerables a presiones, también las de su propia empresa. Debería, por ejemplo, regular los becarios, o establecer un sistema de tarifas dignas para los freelancers, como hay en Italia. Aquí esa propuesta fue desestimada por la CNMC por atentar contra la libertad de mercado. Tampoco en esto estamos integrados en Europa.

7. Fomentar el pluralismo mediático, y de paso, hablando claro, poner límites a la concentración de medios. Según el Media Pluralism Monitor de la Unión Europea estamos en “alto riesgo”, en especial en cuanto a propiedad cruzada de los medios (es decir, que los magnates de la televisión no lo sean también de la radio, y viceversa). No tenemos ninguna medida sobre el tema, como existen en Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. Un servidor fue listado entre los personajes negativos de la semana por el diario El Mundo, por proponer eso mismo en el Congreso. Salvo la voz de la Federación de Sindicatos de Periodistas, recogida por el medio donde ahora escribo, ninguna otra salió a participar de aquél debate. No lo demos por enterrado: lo exigen diversas normativas y recomendaciones europeas, pero hace falta sumar más voces y darle continuidad para romper el tabú y adoptar también aquí, al menos, el marco europeo.

8. Proyecto de transición digital. Aquí tenemos todo un terreno abierto a la iniciativa, la digitalización masiva no ha hecho más que comenzar a escala global. Como no espabilemos, el segundo y tercer dividendo digital van a llegar y nos van a pillar con un sector público obsoleto y desprestigiado, un tercer sector arrinconado y un sector comercial hiperconcentrado y precarizado. Así, la digitalización del radioespectro será en realidad una privatización (mal) encubierta y una puerta abierta a la segmentación socioeconómica de los servicios culturales e informativos, donde la gran mayoría ejercerá como audiencia pasiva de productos de ínfima calidad, captadores de atención para garantizar el impacto publicitario. Hay tantos ejemplos y propuestas para poner la red al servicio del bien común que cuesta nombrar solo una. Si las redes sociales digitales son la nueva plaza pública, por ejemplo, ¿sería una locura pensar en una red de código abierto, sostenida con fondos públicos, sin propaganda, diseñada para la participación democrática y que funcione en base a algoritmos conocidos y no opacos? ¿O un espacio interactivo de amigos del servicio público como ha propuesto Teledetodos?

9. Transparencia y proporcionalidad para las subvenciones a medios, directas e indirectas. La mayoría de diarios impresos que se jactan de independientes, y especialmente los que más abogan en su línea editorial por el adelgazamiento de lo público, reciben cuantiosas inyecciones de fondos a través de la llamada Publicidad Institucional, las campañas que ayuntamientos, gobiernos autonómicos e instituciones de todo tipo contratan con ellos. El problema es que estas cantidades, que en la práctica sirven como “ayudas indirectas”, no suelen ser conocidas ni tampoco asignadas de forma transparente. No siguen criterios objetivos como maximizar el alcance de la campaña o fomentar el pluralismo mediático, sino que han sido asignadas en función de la proximidad política. En vez de señalar a periodistas o confrontar con “los medios” en su conjunto, sería útil, como está pasando en algunas CC.AA., hacer campaña con propuestas para obligar al parlamento a acabar con esta inyección de fondos a medios de la derecha y forzar reequilibrios reales del campo mediático. El problema de que no se promuevan campañas como esta, o como las de #MediaTransparency, por parte de las fuerzas que realmente buscan un cambio profundo, es que otras fuerzas conservadoras tramiten rápidamente una versión gatopardiana para curarse en salud.

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10. Respeto al principio de neutralidad tecnológica, para evitar que, por ejemplo, las suscripciones a grandes diarios impresos gocen de un IVA reducido (4%) mientras que las de nuevos medios digitales pagan cinco veces más (21%). Es una subvención sesgada hacia el conservadurismo, que ya ha sido resuelta por países como Francia, Italia o Noruega. También lo es que mientras las televisiones nacionales en abierto cumplen su obligación de financiar medios públicos y producción cinematográfica local, las empresas globales monopolísticas over the top (como Netflix o iTunes) escapen a esta obligación, en contra de lo que indica la propia Comisión Europea.

Estas son sólo algunas propuestas, expresadas superficialmente, que los partidos tradicionales no pueden seguir esquivando indefinidamente y los nuevos partidos deberían priorizar en su acción política. No sólo porque son de justicia y de sentido común, amparadas en referentes de nuestro entorno (y por tanto susceptibles de servir para “retirar máscaras” y erosionar políticamente a los adversarios que las obstaculicen, si se apoyan con buenas campañas, a las que deben darse recursos y continuidad). Además, resultan estratégicas para las fuerzas que reclaman una democratización de las estructuras de poder, también de poder simbólico. Estratégicas para seguir empujando el cambio de subjetividades que el 15M llevó más allá del llamado Consenso de la Transición, que ahora amenaza con reconstruirse en una versión renovada para un nuevo cierre en falso.

Lo que aquí se apunta, no es un ambicioso programa revolucionario que cuestione los pilares de Occidente, como diría Esperanza Aguirre. Son medidas que gozan de un buen consenso tanto en ámbitos expertos y de la sociedad civil como entre activistas, y que se limitan a defender una actualización a los estándares europeos en cuestiones clave. A su lado, lo de arremeter simbólicamente contra los contenidos religiosos, en cambio, sea prohibir la Misa, el Tarot o el Salat, pues discúlpenme, pero no me parece prioritario. Entre otras cosas porque va contra su Derecho de Acceso como grupos sociales significativos. Como dice un buen amigo, sindicalista en RTVE, “con la que está cayendo aquí dentro, lo de la misa es una chorrada, no se entiende, solo sirve para calentar los motores del adversario”. Hay que elegir mejor los terrenos en que se da la pelea, el coste de oportunidad de cada batalla, qué beneficios se pretende lograr con cada acción. O prepararse para disfrutar con orgullo de una digna y larga derrota histórica (y de sus consecuencias).