La acusación popular pide cuatro años y medio de cárcel y 9,9 millones de multa para el juez Serrano de Vox

La instrucción del caso Serrano está cerrada. El juez que lleva el caso, Juan Gutiérrez, ya ha concluido su investigación desacreditando la coartada del dos veces candidato de Vox en Andalucía Francisco Serrano y enviándolo al banquillo junto a dos exsocios por los posibles delitos de estafa y fraude de subvenciones de más de 2,4 millones de euros, un dinero obtenido mediante engaño al Ministerio de Industria y que no fue utilizado para los fines comprometidos [ver aquí el dosier del caso]. Ahora les toca hablar a las partes. Rubén Sánchez, clave en el caso como denunciante ante la Policía Nacional, que actualmente ejerce la acusación popular, ya lo ha hecho. Y también el propio Serrano.

Sánchez, secretario general de la organización de consumidores Facua, reclama para Serrano, el hombre con el que Vox irrumpió en las instituciones en 2018 prometiendo limpiar la política andaluza, hasta 5 años y medio de prisión, que podrían rebajarse a 4 y medio si paga una multa de cerca de 10 millones de euros. La defensa de Serrano por su parte, solicita el sobreseimiento de las actuaciones contra el juez en excedencia y que continúen solamente contra sus dos exsocios, a los que acusa de haber "orquestado" un "saqueo" del que el dos veces candidato de Vox habría sido "víctima" y no autor. infoLibre trató de recabar la versión de Pelegrín y López, sin respuesta.

Los tres procesados se declaran hasta la fecha inocentes de los delitos que se les imputan, desvelados a raíz de una investigación de este periódico.

La acusación popular

La acusación que ejerce Sánchez, en su escrito de conclusiones provisionales, considera que tanto Serrano como sus dos exsocios, el ingeniero técnico Enrique Pelegrín y el consultor Javier López, han cometido el delito de fraude de subvenciones o alternativamente –es decir, si no se estimase que los hechos encajan en el fraude de subvenciones– el de estafa. En el caso de Serrano y Pelegrín, a estos dos delitos se suma el de delito contable, según la acusación popular. El escrito reclama para el que fue presidente del grupo de Vox en Andalucía hasta 5 años y medio de cárcel, que se rebajan a 4 y medio en el caso de que Serrano pague una multa de 9,95 millones de euros.

De los 5 años y medio, 4 son por fraude, a los que se sumaría uno más si no paga dicha multa, y medio por el delito contable. A cada uno de los tres procesados se les reclama idéntica multa, calculada por la acusación popular en función de la cantidad supuestamente defraudada. Sánchez también solicita que entre los tres devuelvan el dinero entregado por Industria –2,48 millones– "más los intereses de demora" y que pierdan durante cinco años la posibilidad de beneficiarse de subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales.

El escrito de Sánchez destaca que los tres socios se concertaron en 2016 para "obtener, sin tener la debida solvencia", una ayuda de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria supuestamente para la construcción de una fábrica de biocombustible (pellets) en Niebla (Huelva). Lo lograron atribuyendo ante notario a la empresa que constituyeron Francisco Serrano y el ingeniero técnico Enrique Pelegrín, Biowood Niebla, una maquinaria industrial que en realidad no poseían. Además de obtener el dinero mediante un engaño, no lo han devuelto. De la prometida fábrica sólo se han ejecutado obras por algo más de 654.000 euros, según el juez de instrucción. No se ha comprado e instalado nada para aparatos y equipos de producción. Al ser el importe máximo del préstamo destinado a edificación de 544.316 euros, el instructor llega a esta conclusión: de los 2.489.000 euros abonados por Industria, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros. Un 21,86%. Con el dinero de la ayuda se dio un préstamo a un cliente del despacho de Serrano y se envió dinero a empresas del propio juez en excedencia, entre ellas su propio periódico, XYZ, todo ello según el escrito de Sánchez, que coincide con lo expuesto por el juez de instrucción.

La acusación popular que ejerce Sánchez –hay otro acusador popular, Podemos– atribuye a Serrano el papel de "soporte jurídico y mercantil" del proyecto, así como el de responsable de las relaciones con el Ministerio de Industria, como acredita su firma en abundante documentación del expediente. Sánchez destaca que fue Serrano el que eligió la notaría en la que se imputó falsamente la maquinaria a la empresa y que también fue el candidato de Vox –que salió del partido y de la política tras empezar a ser investigado por este caso– el que firmó la memoria del proyecto subvencionado y participó en las "maniobras falsarias y de engaño" para obtener la ayuda.

Sánchez destaca que, una vez abierta la investigación, Serrano admitió ante la Fiscalía de Sevilla que al menos desde marzo de 2017 ya conocía que la maquinaria gracias a la cual habían conseguido la ayuda en realidad no existía, lo cual resta credibilidad a su propia coartada, según la cual salió del proyecto en cuanto conoció las irregularidades. La acusación considera que la salida de Serrano de Biowood Niebla en octubre de 2017 se produjo mediante un "acuerdo ficticio y no vinculante" del dos veces candidato de Vox con los que eran sus socios por el cual el cual el juez en excedencia quedaba exonerado de responsabilidad por la gestión de los fondos públicos.

La defensa de Serrano

La defensa de Serrano, en su escrito de alegaciones, denuncia haber sufrido una "absoluta situación de desamparo" durante la instrucción e insiste en que el magistrado en excedencia ha sido víctima y en ningún caso autor de la posible estafa. Serrano asegura que no fue responsable de la falsa asignación de la maquinaria a la empresa, algo que atribuye a sus dos exsocios, a los que denunció en 2018 por estafa en un proceso archivado provisionalmente. En su escrito señala como principal responsable de las irregularidades a Javier López, al que califica de "ideólogo de la operación" y en el que asegura haber depositado toda su confianza. Serrano afirma que atravesaba "una pequeña depresión" –por entonces estaba inhabilitado como juez– cuando conoció a López y este le prometió "solucionarle todos sus problemas".

La aportación de Serrano al proyecto, según su defensa, fue "meramente económica y de asesoramiento legal muy colateral [...] poniendo además al servicio del mismo las instalaciones de su despacho". En todo su escrito Serrano se presenta como desconocedor de las interioridades del proyecto, pese a que está acreditado documentalmente que participó en el engaño para obtener la ayuda y siguió participando en la gestión del proyecto y realizando operaciones empresariales con uno de los socios tras conocer las irregularidades cometidas para obtener los fondos. La juez Mercedes Alaya, que ha resuelto recursos del caso, también ha atacado la coartada de Serrano.

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El juez en excedencia invoca la escritura de salida de Biowood Niebla de 4 de octubre de 2017 en la que "se reconoce que no había tenido participación alguna en la gestión y administración de los fondos obtenidos del ministerio". Según la defensa de Serrano, cuando él sale de Biowood Niebla "el dinero procedente del préstamo [de Industria] se encontraba en las cuentas de las empresas relacionadas con el proyecto". Con posterioridad, añade, sus exsocios intentaron repetir el fraude "de manera idéntica" en Extremadura, ya con él fuera de la sociedad, lo que probaría según su interpretación que él no era el responsable del primer fraude.

"Cabe hacerse la evidente reflexión de para qué querría don Francisco Serrano obtener una subvención de forma fraudulenta, para posteriormente abandonar el dinero recibido en manos de sus dos socios", señala Serrano. En conjunto el procesado señala que ha sufrido una "pérdida patrimonial" y que los otros dos procesados se quedaron con casi 30.000 euros procedentes de su trabajo como abogado. Serrano afirma que cuando tomó el control del periódico XYZ, que recibió un préstamo con dinero de Industria, "fue, exclusivamente, para su liquidación".

Este periódico trató de ampliar y detallar la versión de Serrano, pero no obtuvo respuesta al requerimiento realizado.