'Caso Serrano': el excandidato de Vox investigado por fraude denuncia a infoLibre por revelar secretos

Francisco Serrano, en el Parlamento andaluz.

Francisco Serrano, candidato de Vox a la presidencia de Andalucía en 2015 y 2018, se ha querellado contra infoLibre y contra su periodista Ángel Munárriz por una supuesta revelación de secretos en las informaciones publicadas sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial, por las que está siendo investigado en un caso de posible fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros. El juez en excedencia, que se declara inocente, lleva así al terreno judicial su respuesta a las noticias publicadas por este diario desde 2019, que condujeron a la apertura de una instrucción penal actualmente en curso y provocaron su dimisión en 2020. Nunca Serrano –tampoco en su querella– ha desmentido las informaciones, apoyadas en documentación contrastada.

Serrano, que dejó su escaño de parlamentario andaluz como resultado de su imputación, se querella contra infoLibre como medio que publica las informaciones, contra Munárriz como autor de las mismas y también contra Rubén Sánchez, que ejerce la acusación popular en el caso que afecta al dos veces candidato de Vox. Los delitos que denuncia son dos: revelación de secretos y violación de secretos e información privilegiada. No obstante, los tres denunciados han sido citados sólo por el primer delito, el de revelación de secretos. Serrano se presenta en su querella como víctima de un "juicio paralelo" en el que los denunciados, para desprestigiar su figura por un "odio manifiesto por razones ideológicas", habrían lesionado sus derechos fundamentales con la publicación de información incluida en el sumario.

Daniel Basteiro, director de infoLibre –en representación del medio–, el periodista Ángel Munárriz y Rubén Sánchez, que ejerce la acusación popular, prestaron este martes declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla. Basteiro y Munárriz defendieron el interés público de las informaciones, que afectan a una persona de incuestionable relieve político que se presentó ante el electorado andaluz como garante del buen uso de los caudales públicos. También defendieron la diligencia profesional seguida en la elaboración de las noticias, tanto por su soporte documental como por su exposición objetiva y por la oportunidad dada a los aludidos de ofrecer su versión. Munárriz se negó a desvelar la identidad de ninguna de sus fuentes.

Este miércoles este diario se puso en contacto con Serrano para recabar su versión de los hechos, los motivos que le han llevado a la presentación de la denuncia o cualquier otro comentario que quisiera hacer sobre las diferentes informaciones publicadas. "No puedo facilitar ninguna información de las diligencias practicadas en una instrucción dado su carácter reservado", se ha limitado a contestar.

El caso

Para entender la querella hay que conocer el caso desvelado por este periódico. Francisco Serrano y un socio, Enrique Pelegrín, constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Bio Wood Niebla, atribuyéndole ante un notario de Sevilla una maquinaria que en realidad no tenían. Ese es el origen del caso. Esta falsedad les permitió obtener 2,4 millones de euros de una ayuda pública supuestamente destinada a una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva) que no llegó a culminarse ni a funcionar. El dinero, que fue ingresado a la empresa en diciembre de 2016, tampoco fue devuelto a Industria.

infoLibre destapó estos hechos en octubre de 2019. La Policía Nacional, tras una denuncia de Rubén Sánchez, abrió una investigación, que tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –en la etapa de aforado de Serrano– acabó en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla a raíz de la dimisión del dos veces candidato de Vox. Actualmente, dicho juzgado investiga tanto la forma en que se obtuvo el dinero como el destino de los fondos. El caso ha provocado el embargo de bienes de Serrano. Hay tres investigados: Serrano, Pelegrín y un tercer colaborador en el proyecto, Javier López.

infoLibre, tras desvelar los hechos, ha hecho seguimiento del caso tanto antes como después de la apertura del sumario judicial, con informaciones como estas: "Una segunda empresa de Serrano montó una filial en Extremadura con un millón de euros cuyo origen se niega a desvelar" (7 de noviembre de 2019), "El documento oficial que demuestra que el juez Serrano participó en el engaño para obtener una ayuda pública de 2,4 millones" (27 de julio de 2020) o "La Policía pide el bloqueo de un fondo de inversión en busca de dinero de la ayuda de 2,4 millones concedida al juez Serrano" (9 de febrero de 2021). Aquí puede leerse el dosier completo con las noticias publicadas por este periódico, que no sólo dieron a conocer hechos que la investigación primero policial y luego judicial han venido ratificando, sino que han encontrado amplio eco en otros medios de prensa, radio y televisión.

Ni Serrano ni ningún otro aludido –tampoco los otros dos investigados en el caso– han solicitado al periódico en ningún momento la rectificación de ningún dato. Serrano ha ignorado las reiteradas solicitudes para que ofrezca su versión que este periódico le ha trasladado antes de publicar las diferentes informaciones que le afectaban. Sólo atendió a infoLibre una vez, antes de la primera información. Desde entonces, no había vuelto a responder hasta este miércoles, cuando rechazó hacer ninguna valoración.

La querella de Serrano

El 16 de diciembre de 2021 Serrano presentó al juzgado de Sevilla que por turno correspondiera su denuncia contra infoLibre, Ángel Munárriz y Rubén Sánchez. Según el texto, de 15 páginas más once anexos, Munárriz ha difundido a través de este diario "información reservada y de naturaleza confidencial" pese a "tener conocimiento de su origen ilícito". Sin aportar prueba alguna, Serrano sugiere que la información que forma parte del sumario y fue publicada por infoLibre le fue entregada por la acusación popular. Además, acusa a Munárriz de haber difundido información de forma "sectaria e inveraz", aunque no detalla dónde residirían ese sectarismo y falta de veracidad.

El juez en excedencia, que se dedica ahora a la abogacía en Sevilla, afirma en la querella haber sido víctima de un "juicio paralelo mediático" que tenía como fin "desprestigiar" a su persona. Según Serrano, el periodista y la acusación popular han actuado guiados por la búsqueda de "rentabilidad económica" y la "creación de opinión pública para perjudicar y deteriorar" la imagen del ahora denunciante. "Concurren manifiestas y no veladas razones e intereses particulares de represalia política e ideológica, dirigida contra quien se considera ha tenido un papel relevante en una formación política [Vox] que es contraria a la propia ideología de los denunciados", recoge la denuncia. La querella añade que "ni la libertad de información [...] ni la libertad de expresión" amparan la conducta de los denunciados. El denunciante sostiene que las revelaciones de infoLibre afectan a su derecho a una defensa, a su presunción de inocencia, a su honor y a su intimidad.

El interés público y el rigor informativo

Tanto Basteiro como Munárriz comparecieron por separado este martes, acompañados de su abogado, en el Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla, donde habían sido citados como resultado de la querella de Serrano. Aunque la denuncia fue por dos delitos, en las citaciones judiciales –de 3 de junio de 2022– figuraba sólo uno, revelación de secretos, tipificado en el artículo 199 del Código Penal y que prevé hasta cuatro años de prisión.

Los dos periodistas reafirmaron durante sus declaraciones el interés público de las informaciones publicadas, que afectan al que fue candidato de un partido, Vox, cuya irrupción en Andalucía en 2018 fue crucial para quebrar una mayoría encabezada por el PSOE que duraba ya casi 37 años. Serrano se había presentado en la campaña y luego como parlamentario como un garante de la limpieza en la gestión y el buen uso de los fondos públicos, lo que incrementa el interés público de unas informaciones que precisamente tratan sobre caudales del Estado.

Ambos destacaron también la diligencia profesional y el escrúpulo deontológico en la elaboración de las noticias, apoyadas en documentación contrastada y publicadas después de dar a los afectados la oportunidad de ofrecer su versión, sin incluir en ningún caso datos personales o sin relevancia desde el punto de vista del interés público. Basteiro y Munárriz negaron en el juzgado haber actuado por animadversión, de raíz ideológica o de cualquier otra, hacia Serrano o hacia ningún otro afectado por su investigación, así como haber publicado información con origen ilícito.

Rubén Sánchez, a preguntas de este periódico, explica que en su declaración negó las acusaciones de Serrano y rechazó haber hecho cualquier uso ilícito de la información integrada en el sumario a la que tiene acceso como acusación popular. Como parte del proceso, el también denunciante del caso ante la Policía Nacional se ha limitado a hacer públicas algunas diligencias que solicita al juez instructor, cosa a la que tiene perfecto derecho, sin comprometer en ningún caso información reservada, explica. 

El secretario general de Facua, que ya fue denunciado por calumnias por Serrano –denuncia que fue archivada–, afirma que la querella es una "instrumentalización de la justicia impropia de alguien que ha sido juez" y que sólo pretende su expulsión del procedimiento. "Pero no porque su principal preocupación sea que trasciendan datos de la investigación, sino porque la actuación de mi abogado está haciendo surgir nuevas pruebas que lo incriminan", señala.

Pese a que Serrano ha ignorado los múltiples ofrecimientos de dar su versión de los hechos desvelados por este periódico, infoLibre ha incorporado su posición en sus informaciones tomándola de manifestaciones públicas realizadas por él mismo o, una vez abierto el sumario, de escritos presentados por su defensa, entre otras fuentes.

Una querella anterior de García Egea y López Miras

La querella de Serrano, que incluye la acusación de revelación de secretos, se suma a otra anterior por el mismo delito presentada contra infoLibre y contra su periodista Alicia Gutiérrez por parte de Fernando López Miras y Teodoro García Egea a raíz de la publicación de una información, en junio de 2021, que desvelaba que el presidente de la Región de Murcia había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del entonces secretario general del PP

El juzgado de instrucción que llevó el caso lo archivó, decisión avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, que le dio carpetazo definitivo en julio de 2022.

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