Adif, el ente público que gestiona las líneas ferroviarias estatales que depende del Ministerio de Transportes, quiere que la Audiencia Nacional impida a Praza.gal revelar los reiterados incidentes que se han registrado en el Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo desde hace un par de años. Tras la denegación de una solicitud oficial de transparencia por parte de Adif, este periódico obtuvo una resolución del Consejo de Transparencia estatal que reconoce el derecho a recibir los datos solicitados ya que "existe un interés público evidente en el conocimiento de la información". Sin embargo, Adif presentó un recurso contra esa resolución, que ya está siendo tramitado por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La petición de transparencia de Praza.gal surge a raíz de la sucesión de incidentes y retrasos que vienen ocurriendo en los últimos años en los servicios ferroviarios del Eje Atlántico, la principal línea de Galicia. En octubre del año pasado, Praza.gal solicitó los detalles de esas incidencias ocurridas durante el año anterior, desde el 1 de septiembre de 2023, indicando días, motivos, número de trenes afectados, minutos de retraso acumulados y estación o ruta donde se produjo el incidente.
La petición también recuerda la posibilidad, contemplada en la Ley de Transparencia, de facilitar el acceso parcial a la información y que "en caso de no tener disponible ninguno de los detalles solicitados por necesidad de reelaboración" de los datos por parte de Adif, el ente debería facilitar algún tipo de extracto estadístico sobre los mismos.
La petición de Praza.gal fue rechazada en su totalidad por Adif un mes después, y el diario interpuso un recurso ante el Consejo Estatal de Transparencia, que en una resolución del 30 de abril falló a su favor. Según el órgano encargado de velar por la transparencia, "existe un claro interés público en conocer la información".
El Consejo de Transparencia recuerda que "los datos de cada una de las incidencias en los servicios de transporte ferroviario de viajeros son de conocimiento público, en mayor o menor alcance, cuando se producen", tanto por los pasajeros afectados como por las noticias publicadas sobre ellos en los medios de comunicación. "Por lo tanto, este Consejo considera que la denegación de acceso a una lista agregada de los detalles de cada incidente debe estar específicamente justificada, lo que Adif no ha hecho", concluye la resolución a favor de Praza.gal.
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Contra esta resolución, Adif presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional argumentando, entre otras cuestiones, que no dispone de los datos solicitados con ese nivel de detalle, lo que le obligaría a reelaborar la información para ofrecerla, una de las excepciones que contempla la Ley de Transparencia para que las administraciones no tengan que responder a una solicitud de información. En su recurso no se menciona la posibilidad, formulada y contemplada en la ley, de proporcionar acceso parcial con un extracto estadístico o a alguno de los datos si no están todos disponibles.
El recurso de Adif para mantener oculta la información solicitada llega incluso a decir que la petición de Praza.gal constituye un uso "abusivo" de la Ley de Transparencia sin interés público, en contra de lo que considera el Consejo de Transparencia.
Ahora será la Audiencia Nacional la que decida si Adif tiene razón en su censura de las incidencias que se han registrado en el Eje Atlántico o si la tiene el Consejo de Transparencia en su consideración de que se trata de una información de "evidente interés público", como también considera Praza.gal.
Adif, el ente público que gestiona las líneas ferroviarias estatales que depende del Ministerio de Transportes, quiere que la Audiencia Nacional impida a Praza.gal revelar los reiterados incidentes que se han registrado en el Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo desde hace un par de años. Tras la denegación de una solicitud oficial de transparencia por parte de Adif, este periódico obtuvo una resolución del Consejo de Transparencia estatal que reconoce el derecho a recibir los datos solicitados ya que "existe un interés público evidente en el conocimiento de la información". Sin embargo, Adif presentó un recurso contra esa resolución, que ya está siendo tramitado por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.