Ultraderecha

Las agresiones fascistas rebrotan... y quedan en su mayoría impunes

Enfrentamientos entre los asistentes a la tradicional manifestación del 9 d'Octubre en València.

Este lunes, el vicepresidente cesado de la Generalitat, Oriol Junqueras, censuró mediante un escrito publicado en Nació Digital y Público las agresiones por parte de la ultraderecha que han proliferado en los últimos meses. "Estamos viviendo episodios continuos de violencia en la calle", subraya Junqueras en la misiva, al tiempo que advierte de que "banalizar la violencia física contra las personas o ampararla es la licencia que piden los descerebrados y el caldo de cultivo de la impunidad". Lo cierto es que durante los últimos meses, a medida que se aproximaba la fecha marcada para celebrar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, el 1 de octubre, los episodios de violencia por parte de grupos de extrema derecha han ido repitiéndose en diversos puntos del mapa.

El 24 de septiembre, Unidos Podemos organizó una asamblea en Zaragoza a favor del diálogo en torno al conflicto territorial en Cataluña. Al acto asistieron como invitados integrantes de las mareas, ERC, PDeCAT y el PNV. En las inmediaciones del centro donde estaban reunidos los representantes políticos, medio millar de ultraderechistas se concentró y profirió insultos dirigidos a los cargos públicos. Los políticos tuvieron que salir escoltados, y el suceso derivó en una agresión hacia la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba (Podemos), que sufrió el impacto de un botellazo lanzado por uno de los participantes en la concentración.

Tras los hechos el partido morado denunció que Interior permitiese "el desarrollo de una concentración violenta que ha provocado numerosos incidentes". Un día después, el 25 de septiembre, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso una solicitud de comparecencia dirigida al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ante la Comisión de Interior con el fin de informar sobre "la falta de dotaciones policiales, que resultó en la agresión a la presidenta de las Cortes aragonesas, así como en el acoso a centenares de cargos públicos". La petición se encuentra desde el 28 de septiembre ante la Mesa de la Comisión de Interior a la espera de su evaluación.

Podemos no es el único partido político que ha puesto en el punto de mira la violencia fascista de los últimos meses. El 9 de octubre la CUP denunció un ataque contra su sede nacional en Barcelona, después de que la puerta del local amaneciera con quemaduras, la cerradura bloqueada con silicona y pintadas con las palabras "nazis", "escoria" y "terroristas". La formación independentista presentó entonces una denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

Tan sólo diez días después, la noche del 19 de octubre, la vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, Mònica Oltra (Compromis), denunciaba un episodio de acoso después de que un grupo de personas ataviadas con máscaras y rojigualdas se presentara frente a la puerta de su casa en lo que la misma vicepresidenta interpretó como una amenaza evidente contra su persona. "Ha sido un intento de intimidación por parte de unos fascistas, personas que se creen con derecho a amenazar a otros porque no les gusta cómo piensan", señalaba Oltra.

El 30 de octubre fue la formación liderada por Alberto Garzón, IU, quien decidió preguntar al Gobierno de Mariano Rajoy qué medidas está tomando ante el aumento de agresiones fascistas en las sedes de su partido. IU denunciaba, en su escrito, que el miércoles 25 de octubre tuvo lugar en Sevilla un ataque contra un mural dedicado a quince víctimas de la represión fusiladas el 24 de octubre de 1936. También documentaba un asalto contra la sede de IU en Lebrija (Sevilla) el 28 de octubre, cuya fachada amaneció con pintadas "haciendo apología del golpista y dictador Francisco Franco". Finalmente, el pasado 29 de octubre su sede de Alcalá de Henares (Madrid) fue atacada por un grupo de nazis con "actitud violenta y amenazante" mientras en el local se desarrollaba una reunión. La formación pregunta, a raíz de todo ello, qué datos tiene el Gobierno sobre cada uno de los ataques fascistas, qué intervenciones ha llevado a cabo sobre los casos concretos, y qué actuaciones está desarrollando "ante el aumento de la actividad fascista".

Agresiones sin respuesta

La actividad por parte de grupos fascistas ha sido progresiva en los últimos meses. Hasta el momento, según ha podido saber infoLibre, ninguno de los últimos episodios denunciados ha sido cerrado con detenciones.

Es el caso de las agresiones que tuvieron lugar el 9 d'Octubre en València, día nacional de la comunidad. Durante la tradicional manifestación que recorre cada año las calles valencianas, un grupo de personas que se había organizado previamente en una contramanifestación no autorizada agredió a varios de los manifestantes y periodistas que asistían a la marcha. Los participantes en la movilización denunciaron entonces la inacción de la Policía y de la Delegación del Gobierno, que ya había sido advertida de la convocatoria que diversos grupos fascistas se habían encargado de difundir a través de redes sociales. Casi un mes después de que se produjeran los acontecimientos, un total de trece personas fueron detenidas en un primer momento, pero ninguna ha pasado a disposición judicial. Según explican fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a este periódico, "no hay ningún juzgado asignado". El hecho es que "si la Policía detuvo a alguien lo dejó posteriormente en libertad, porque no ha pasado a ningún juzgado". "Muchísimos días después" de la manifestación llegaron "atestados de la Policía", pero antes de ello varios particulares ya habían denunciado las agresiones, de modo que la fase actual busca "determinar cuál fue la primera denuncia" y cuando se esclarezca, "se asignará al juzgado competente".

Según las imágenes difundidas y las denuncias de los participantes en la manifestación, gran parte de los agresores pertenecen a Yomus, una peña deportiva de ultraderecha vinculada al València CF, que además ha protagonizado otros episodios de carácter fascista.

Tras los acontecimientos, el 11 de octubre la diputada de ERC Ester Capella registró una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados en las que interpela al Gobierno sobre la manifestación ilegal que dio pie a las agresiones. Cuestiona, la diputada, el motivo por el que se permitió la "marcha ultra y violenta", por qué "se permite que grupos claramente violentos impidan el libre derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos" y por qué se permite que dichos grupos ocupen la vía pública sin permiso de la Delegación del Gobierno. También cuestiona si se va a proceder a una investigación de los agresores, "teniendo en cuenta el testimonio de quienes sufrieron las agresiones así como de la gran cantidad de material audiovisual", si tiene el Gobierno intención de investigar los hechos y, finalmente, si prevé tomar medidas ante lo que considera "pasividad policial con las fuerzas de extrema derecha antidemocrática". El Gobierno tiene de plazo hasta el próximo 11 de noviembre para dar respuesta a dichas cuestiones.

El mismo 9 de octubre, mientras grupos fascistas recorrían las calles valencianas, el metro de Barcelona era escenario de otra agresión. Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación de oficio con el fin de identificar a un ultra que, vestido con una camiseta de la selección española, propinó una patada a un viajero al grito de "¡Voy a por ti!". Uno de los acompañantes del agresor fue grabado haciendo un saludo fascista en el marco de la manifestación contra el independentismo que tan sólo un día antes llenaba las calles de Barcelona.

Marchas en defensa de la unidad de España fueron también el contexto de otros dos episodios de agresiones fascistas. El 29 de octubre, un taxista tuvo que ser atendido por el Servicio de Emergencias Médicas después de que un grupo de personas, todas ellas asistentes a la manifestación de Societat Civil Catalana, le agrediera arrojándole una lata que le causó un corte en la cara. También Comisiones Obreras denunció entonces que una trabajadora de Ferrocarrils de la Generalitat fue agredida por fascistas asistentes a la manifestación.

También en Cataluña, concretamente en Mataró, este domingo 5 de noviembre un joven fue atacado a puñetazos después de que se celebrara una manifestación por la unidad de España. Tal y como relatan diversos medios locales citando fuentes policiales, entre 15 y 20 personas increparon a la víctima y le exigieron que gritara un "Viva España" que se negó a entonar. Según denunció el Comité de Defensa de la República (CDR) en Mataró, el grupo le propinó varios puñetazos al ver que el joven no atendía a sus coacciones.

Tal y como han señalado fuentes de los Mossos d'Esquadra a este diario, ninguna de las investigaciones abiertas está "resuelta completamente". Hasta que no concluyan, por tanto, las autoridades barajan posibles delitos de odio, faltas, delitos de agresiones o delitos menores. No hay, hasta el momento, ningún detenido en el marco de tales agresiones fascistas.

Dimite un portavoz policial

La concentración celebrada en la madrileña estación de Atocha el pasado 1 de noviembre, aunque sin agresiones físicas sí dejó a su paso insultos y amenazas por parte de miembros del colectivo fascista de Hogar Social y otros ciudadanos presentes, a la llegada de los miembros de la Mesa del Parlament Josep Nuet y Anna Simó.

La Policía Nacional, a preguntas de infoLibre, se negó a aclarar si había identificado a algunas de las personas que estaban increpando a los políticos catalanes. Hasta el momento, el episodio ha derivado en la dimisión del portavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Julián Leal, que ha sido identificado en las redes sociales como uno de los asistentes a la concentración. Leal anunció este lunes 6 de noviembre que dejaba el cargo.

ACTUALIZACIÓN: el mismo día en que esta información fue publicada un total de trece personas pasaron a ser investigadas por las agresiones del 9 d'Octubre en València. El juez les imputa delitos de odio, lesiones y daños, y según el atestado policial los acusados están "relacionados con el entorno activo de ideologías próximas a la derecha más radical". La imputación se produce casi un mes después de que los ataques tuvieran lugar en la capital valenciana.

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