Alejandro Abascal: candidato del PP al CGPJ y ahora el juez que vigilará la investigación de la UE sobre Ayuso

El 16 de octubre de 2018 y por razones alfabéticas, el nombre de Alejandro Abascal Junquera encabezaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) la lista de candidaturas admitidas para la designación de vocales del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Propuesto por su asociación judicial, la conservadora APM, Abascal ocupaba entonces plaza judicial en el municipio madrileño de Fuenlabrada.

Cuando aún no han transcurrido cuatro años de aquello, el mismo Alejandro Abascal llevará ahora en la práctica la batuta de las investigaciones que, aun con las limitaciones aplicadas por la Fiscal General, Dolores Delgado, desarrollará la Fiscalía Europea sobre el contrato que en 2020 benefició al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Todavía sin haber cumplido un año de vida y presente en España a través de una delegación, la Europea es la única fiscalía que no depende jerárquicamente de Delgado.

Alejandro Abascal había ejercido en 2016 como juez de refuerzo en instrucción central 6. En 2019 volvió con esa misma categoría al 6, el juzgado de la Audiencia Nacional con más brillo porque, dirigido ya en ese momento por Manuel García Castellón, en sus manos están los principales casos que afectan al PP -desde Púnica al de Villarejo-. Y también, el caso Dina, relacionado con Podemos.

Una carrera meteórica

A comienzos de 2021, en línea con lo que cabría definir como una carrera meteórica y sin cruzado la barrera vital de los 45, Abascal se había convertido otra vez en uno de los candidatos al CGPJ, esta vez con el respaldo expreso del PP. De nuevo, la negociación fracasó. Su presencia en la nómina de futuros vocales fue una de las causas de que la renovación del Consejo quedase por segunda vez bloqueada. Mientras que el PP vetaba al juez clave en la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada,: Podemos se resistía con fuerza a que entrase en el órgano de gobierno de la judicatura un magistrado ligado al juzgado instructor del caso Dina.

No se sabe cómo habría sido la vida profesional del ovetense Alejandro Abascal de no romperse aquella primera negociación para el CGPJ, que terminó destrozada en noviembre de 2018 por el célebre whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, anunciaba que su partido seguiría controlando el Tribunal Supremo "desde detrás". Pero, ucronías al margen, ya es seguro que Alejandro Abascal acaba de subir otro peldaño: al frente de instrucción central 1 en comisión de servicio desde julio de 2021, le ha tocado por reparto ejercer como "juez de garantías" en la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre el contrato que en 2020 benefició al hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El contrato de la polémica

En la práctica, llevará la batuta de la investigación de la delegación española de la Fiscalía de la UE sobre la supuesta malversación de fondos en la concesión de aquel contrato. Es decir, el que, financiado con fondos Feder, adjudicó en abril de 2020 el Gobierno de Ayuso por 1,5 millones a Priviet Sportive SL para la compra de mascarillas frente al Covid-19. El contrato reportó a Tomás Díaz Ayuso una comisión de al menos 55.850 euros pagados por Priviet Sportive. En total, el hermano de la presidenta facturó en total ese año 283.000 euros de Priviet Sportive, cuyo dueño es amigo del pueblo de los Díaz Ayuso. Nadie ha explicado aún de dónde salieron los más de 227.000 euros adicionales a los 55.850 de la comisión por las mascarillas.

Encargada de investigar delitos contra los intereses financieros de la UE, la casi recién creada Fiscalía Europea ha permanecido como una gran desconocida hasta que salió a la luz por el caso de la comisión al hermano de Díaz Ayuso. Y ha salido a la luz en medio de un choque total con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por su decisión de partir el caso en dos y reservar a Anticorrupción la parte más carnosa y mediática: investigar si hubo tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y, en todo caso, también cohecho.

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Para la Fiscalía Europea queda el trozo de investigación relativo a la supuesta malversación de fondos europeos. ¿Resulta factible cortar en dos el racimo de potenciales infracciones penales? La Fiscalía Europea sostiene que no. Y algunas fuentes jurídicas anticipan como hipótesis posible que ponga el asunto en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a través de la Comisión Europea. Otras fuentes dan por hecho que eso no ocurrirá. Y que prevalecerá la ley española.

Pero lo único cierto hasta la fecha son dos hechos: el primero, que la Fiscalía Europea, que ya ha calificado la decisión de Dolores Delgado como "un desafío" a la legislación europea, seguirá adelante con sus investigaciones. Y el segundo, que en calidad de juez de garantías" las supervisará Alejandro Abascal. Tiene la potestad, por ejemplo, de "autorizar el secreto de la investigación y su prórroga".

El magistrado de la Audiencia Nacional será también quien dé o no vía libre a las diligencias "restrictivas de derechos fundamentales" propuestas por la Fiscalía Europea. Y quien en último caso opte por abrir juicio o disponer el sobreseimiento. Lo anterior significa, siguiendo con los ejemplos, que ningún arresto o registro policial podrá realizarse sin el permiso previo de Alejandro Abascal. Así lo preceptúa el artículo 8 de la ley aprobada en 2021 para regular el funcionamiento de la delegación española de la Fiscalía Europea. Liderada por Concepción Sabadell, quien como fiscal anticorrupción llevó el caso Gürtel desde sus inicios, a la delegación española también pertenece Pablo Ruz, el juez instructor que dentro de Gürtel destapó todo lo que Luis Bárcenas había anotado en su contabilidad B. O sea, la financiación ilegal del PP.