La inteligencia artificial necesita al Estado, aunque pocos quieran reconocerlo

Hace poco más de un año que murió Brian Wilson y desde entonces he vuelto varias veces a Pet Sounds. Lo hago con esa mezcla de gratitud y melancolía que me producen las canciones que han aprendido a envejecer mejor que yo, por esa engañosa apariencia de lo inevitable que conserva el disco. Pareciera que su música siempre hubiera estado ahí, flotando en el aire californiano esperando a que alguien la recogiera.

Conviene no fiarse demasiado de la belleza. Detrás de aquellos temas míticos había talento, claro, pero también había esfuerzo, tecnología, músicos, horas de grabación y una industria muy compleja. La inspiración y el ritmo de The beach boys necesitaban cables y un presupuesto detrás, y si una escucha con atención puede llegar a percibir el ruido del trabajo ajeno sobre el que descansan unas melodías que parecen caídas del cielo.

Con la inteligencia artificial pasa algo parecido: nos fascina la respuesta que aparece en la pantalla, ese pequeño milagro de una frase con aparente sentido cuyas palabras se ordenan ante nuestros ojos. Casi magia. Preguntamos y la máquina responde con una frase de una limpieza casi inquietante. La parte que vemos es tan cómoda que se come el resto de la historia. No hay forma de escuchar el ruido tras la melodía y es más que evidente que la verdadera historia está detrás (en los grandes centros de datos, la supercomputación, el trabajo periodístico, la red eléctrica… y en los millones que se mueven en este mercado del disparate). Parece ligera porque cabe en una ventana de un chat, pero pesa toneladas.

España acaba de entrar en la carrera con nada menos que 719 millones de euros para impulsar una gigafactoría de inteligencia artificial. Por si todavía no lo saben, las gigafactorías son centros de datos enormes con el propósito de albergar cientos de miles de GPU (unidades de procesamiento gráfico) que son imprescindibles para entrenar a los grandes modelos de IA. El nombre parece sacado de una historieta, pero describe bien lo que promete: una instalación gigante con chips carísimos, mucho espacio y un gran consumo en refrigeración y conexión. Además de la paciencia administrativa, porque hablamos de dinero público.

Ahí empieza lo interesante, porque desde Reagan y Thatcher hemos escuchado la cantinela neoliberalista de que el mercado se regulaba mejor sin interferencia del Estado, que debía evitar la tentación de intervenir con sus ineficientes regulaciones que lo complican todo con su burocracia. La planificación industrial olía a despilfarro y a señores con carpeta decidiendo mal y tarde, así que cambiamos planificación por palabras más modernas y que sonaban mucho mejor: emprendimiento, talento, innovación… el no va más del neoliberalismo. Cualquier cosa menos permitir que una sociedad decidiera hacia dónde orientar su economía.

En estas estábamos cuando irrumpe la IA y hoy tenemos a Francia movilizando inversiones enormes en centros de IA; a Europa creando programas de supercomputación y planes de autonomía tecnológica… y a España entrando de lleno con fondos públicos. Llegan tarde, claro. China lleva años pregonando que la IA forma parte de su estrategia nacional y parece evidente el giro mundial, aunque casi nadie lo llama planificación. Lo llamamos resiliencia, que queda mucho mejor. O autonomía estratégica. O transición digital. Nos vale todo lo que parezca nuevo, no vayamos a caer en el viejo vicio de llamar a las cosas por su nombre: el Estado corriendo con parte del riesgo que el mercado no quiere asumir solo.

La IA se ha revelado como una tecnología demasiado potente como para dejarla en manos del mercado

No creo que Trump se haya convertido al keynesianismo con coro de gospel en el despacho oval. Creo que lo que ocurre es mucho más prosaico: la IA se ha revelado como una tecnología demasiado potente como para dejarla en manos del mercado. En el caso de Trump, el mercado chino. Afecta a la defensa y a la hegemonía yanqui. Al poder geopolítico, en resumidas cuentas, y por ahí no pasa la Casa Blanca. Poco le importó al poder que la globalización debilitara durante décadas la capacidad de elegir dónde se producía cada cosa: la cadena de suministros se estiró por el planeta buscando mano de obra barata, sin protección laboral… La IA acelera ahora un viaje de vuelta y los gobiernos intentan recuperar la capacidad de decisión.

No me digan que la paradoja política no es notable. Después de años viendo a los mismos tomar decisiones para apartar al Estado en favor del mercado (hola, Quirón), los vemos ahora compitiendo por macrocentros de datos. Esto debería obligarnos a abrir una conversación democrática seria: si vamos a dedicar fondos públicos (estatales o autonómicos), la ciudadanía debería poder decidir sus condiciones: desde quién se beneficia a dónde se instala, qué energía consume o qué dependencias provoca. Y, sobre todo, qué retorno va a tener para una sociedad que aporta los recursos. 

La pregunta de fondo no es anti tecnológica, es democrática. Si la IA necesita recursos e infraestructuras públicos, también necesita control público. El Estado ha entrado en El cuarto de máquinas y algunos prefieren que no se diga en voz alta.