Derechos sociales

Dos años después de la muerte de la anciana de Reus: ¿en qué se ha avanzado para erradicar la pobreza energética?

Manifestantes protestan contra la pobreza energética en Reus (Tarragona).

15 de noviembre de 2016. Durante la madrugada se desata un incendio en una vivienda situada en la localidad tarraconense de Reus y en él fallece una mujer de 81 años, llamada Rosa Pitarch. Horas más tarde, se descubre el motivo del accidente doméstico: la anciana llevaba meses sin poder pagar el suministro eléctrico y la empresa distribuidora, Gas Natural Fenosa, le había cortado la luz, por lo que Rosa se alumbraba con unas velas que, accidentalmente, prenderían su colchón y acabarían con su vida.

El accidente de Rosa y su fallecimiento reabrió entonces el debate sobre la pobreza energética, un mal que ese mismo 2016 provocó que en torno a 900.000 personas sufrieran al menos una desconexión de sus suministros de luz, agua o gas, según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales. La Agencia Catalana de Consumo abrió una investigación y terminó determinando que Gas Natural Fenosa había incumplido la ley catalana contra la pobreza energética, por lo que la Generalitat impuso una multa de 500.000 euros a la compañía por haber cometido una infracción muy grave. No obstante, Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy– recurrió la sanción ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y fuentes de la compañía aclaran que ese recurso sigue tramitándose, por lo que la empresa aún no ha abonado ninguna cantidad.

Cataluña, precisamente, tiene una de las leyes más avanzadas de toda España contra la pobreza energética. En 2015, el Parlament aprobó por unanimidad una norma impulsada por la PAH y en la que, bajo el título de "medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética", prohíbe a las empresas cortar los suministros a personas vulnerables y les obliga a comunicarse con servicios sociales para conocer la situación de quienes impagan sus recibos, con el fin de que no se produzcan cortes a personas que no pueden pagarlos por dificultades económicas. Precisamente esta ley es la que, a juicio de la Generalitat, incumplió Naturgy, y de ahí la multa.

No obstante, y a pesar del revuelo que levantó el fallecimiento de Reus, la ley a nivel estatal sigue sin ser tan avanzada como la catalana, aunque es cierto que se han dado algunos pasos para tratar de ayudar a las familias vulnerables a evitar que las empresas les corten los suministros energéticos. Apenas un mes después del fallecimiento de Rosa Pitarch, PP y PSOE acordaron modificar la Ley del Sector Eléctrico con el objetivo de que figurara la prohibición de la interrupción del suministro eléctrico a las familias consideradas vulnerables por los servicios sociales, pero la regulación específica sobre qué se considera un consumidor vulnerable no se aprobó hasta diez meses después.

El cambio de gobierno ha traído nuevas promesas sobre la necesidad de abordar con más fuerza la lucha contra la pobreza energética, aunque por el momento no ha habido grandes cambios legislativos al respecto. No obstante, el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos hace un mes contemplaba que, "con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética, se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables".

El decreto del Gobierno del pasado octubre

Sin embargo, la negativa de los partidos independentistas catalanes a negociar las cuentas para el año que viene por el encarcelamiento de varios de sus líderes complica que esta partida pueda finalmente ponerse en marcha, aunque ya se han aprobado varias medidas por decreto. Hace poco más de un mes, el Gobierno decidió ampliar la cobertura del bono social energético a nuevos colectivos, elevó un 15% el umbral de consumo que tiene derecho a descuento y, además, creó una nueva ayuda económica destinada a que estos colectivos puedan abonar el suministro de gas, que se abonará en forma de cheque y que tendrá como destinatarios a los mismos beneficiarios que accedan al bono eléctrico.

Además, el Ejecutivo aprobó también poder multar con hasta 60 millones de euros la imposición de condiciones, retrasos o dificultades por parte de las compañías a la hora de tramitar el bono social, y asimismo se aprobó extender la prohibición de los cortes de luz, un suministro considerado esencial, a algunos colectivos más de los que ya se beneficiaban de esta medida. Desde hace unas semanas, en aquellos hogares donde resida al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad mayor o igual al 33% o una persona dependiente en grado II y III, las compañías eléctricas no podrán cesar el servicio por impago. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono eléctrico que aprobó hace un año el PP. 

Por otra parte, el Gobierno se ha autoimpuesto un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto, hasta el próximo abril, para poner en marcha una "estrategia nacional contra la pobreza energética", de la que el Ejecutivo no ha ofrecido detalles pero que estará basada en ayudas para consumidores vulnerables "con verdaderos criterios de renta", según señaló la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. La idea es que este plan incluya medidas que afecten a los más de 4,6 millones de personas que, según el Ministerio, se ven afectadas de una u otra manera por la pobreza energética.

La ley de Unidos Podemos, varada en el Congreso

No obstante, lo cierto es que los meses más duros del invierno pasarán sin que esta estrategia haya sido aprobada. Y también se encuentra en las primeras fases de su tramitación en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de Unidos Podemos de "emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética", una norma que fue presentada a principios de año y que el Gobierno de Mariano Rajoy vetó. El Ejecutivo socialista desbloqueó el pasado verano su tramitación, pero no fue hasta septiembre cuando el pleno del Congreso admitió la proposición a trámite, y ahora mismo se encuentra en fase de enmiendas en comisión.

La norma que pretende aprobar Unidos Podemos –y cuya admisión a trámite fue apoyada por PSOE, ERC, Compromís, PDeCat y EH Bildu– recoge muchas de las medidas que ya están en vigor en Cataluña a través de su ley autonómica. Al igual que con dicha norma, se establece por ley una "tarifa social" para hogares vulnerables que implica que ninguno de estos hogares pueda sufrir un corte del suministro. "En cualquier caso, el importe resultante de la renta de la vivienda y de los suministros no podrá ser superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar considerada como vulnerable", señala la norma.

Para la totalidad de los hogares, además, la proposición de ley prohíbe los cortes a las familias que no puedan pagar los recibos por motivos económicos, y obliga a las empresas a que consulten a la administración antes de tomar ninguna decisión sobre el fin de los suministros de luz y gas a cualquier persona precisamente para garantizar que no se deja sin electricidad y agua caliente a familias vulnerables. Asimismo, de aprobarse esta ley, las compañías tendrían la obligación de hacer campañas publicitarias "informando a los consumidores sobre cómo pueden obtener el precio mínimo por el servicio", para evitar un problema frecuente: la desinformación de algunos clientes que no son conscientes de que pueden acceder a algunas reducciones en su factura.

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