Anticorrupción pide la imputación de un excargo del PSOE de Aragón por el ‘caso Plaza’

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que investiga el denominado caso Plaza, en el que solicita la declaración como imputado del exviceconsejero de Obras Públicas socialista del Gobierno de Aragón y ex consejero delegado de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Carlos Escó, según ha podido saber infoLibre.

Carlos Escó es marido de la dirigente socialista Eva Almunia, y fue imputado en una de las causas abiertas relacionadas con el caso Plaza. En 2010, Escó dimitió como viceconsejero de Obras Públicas y de sus cargos anexos para incorporarse a Telefónica.

Los fiscales también reclaman la comparecencia como imputados del empresario Miguel Ángel Floría Arriazu y de Alejandro Viñuales, éste último un directivo de la UTE liderada por Acciona que se encargó de construir el complejo de oficinas y servicios promovido por la Plataforma Logística de Zaragoza SA. Plaza SA está participada al 51% por el Gobierno de Aragón, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza posee otro 12% e Ibercaja ostenta el 36% restante.

Hermano del juez Andreu

El caso se centra en las presuntas irregularidades detectadas en esta empresa denunciadas por Francho Chabier Mayayo, un empleado de la empresa Acciona, y por el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Hasta el momento, la denuncia inicial ha derivado en cuatro causas penalescuatro causas penales –caso Plaza, Codesport, Apartadero y Caladero–, aunque las dos últimas ya han sido archivadas. 

La investigación se centra en el desvío de fondos públicos en la construcción de la plataforma y, según fuentes del caso, en concreto se investiga si los dirigentes aceptaron facturas falsas. También se trata de determinar si se validaron certificaciones de obras fraudulentas y se encargaron trabajos de consultoría a una empresa administrada por las hijas de su entonces gerente, Ricardo García Becerril.

En los cuatro procesos derivados de la denuncia inicial ha habido hasta 34 personas investigadas entre políticos, empresarios y otras personalidades, algunos de ellos involucrados en varios procedimientos judiciales. El proceso que suma más imputados, 21 actualmente, es el caso Plaza. En él, el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza investiga delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y malversación de caudales públicos, informó en su día el diario Aragón Digital. Supuestas malversaciones que, según el informe pericial, ascenderían a 104 millones.

Correos electrónicos

En esta nueva denuncia, Anticorrupción se fundamenta en un informe de la Policía Judicial sobre el contenido de un ordenador personal entregado por Jesús Andreu, y que había sido usado por su antecesor, José Ricardo García Becerril.

Entre la documentación detectada en este terminal se encontraban varios correos electrónicos que tenían “como elemento común el versar sobre irregularidades cometidas por Julio Carlos Escó Sampériz", según las manifestaciones que aparecían en los mismos mensajes del exgerente de Plaza. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la validez de los correos electrónicos.

Uno de estos correos, denominado "Miserias", recoge los hechos que han convencido a la Fiscalía para solicitar la imputación de Escó. Según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, el contenido de los mensajes "en esencia, es cierto". Por ello, los fiscales consideran, en una primera aproximación, que los delitos imputados a Escó son los de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación continuada, cohecho y alteración del precio de las cosas.

Entre los hechos investigados se encuentra el revestimiento de seis fachadas por parte del Grupo Floría. Plaza abonó 344.405 por este trabajo, pero al final solo se revistieron tres fachadas. Además, la investigación también alude a la elaboración de un vídeo, "sin necesidad alguna y con un injustificado sobreprecio" sobre el denominado Parque del Canal. 

Troceó una factura

La empresa pública Plaza abonó "una cantidad aproximada de 48.000 euros (8 millones de pesetas)", aunque según uno de los correos "su precio no excedería los 2 millones de pesetas (12.000 euros)". La empresa Floría troceó la factura final en cinco cantidades "para justificar el encargo". También se habrían producido supuestas irregularidades en la creación del manual corporativo de la empresa.

Otra de las presuntas irregularidades detectadas en el email interceptado por la Policía Judicial se centra en el proyecto de construcción del Parque del Canal, en marzo de 2004, adjudicado directamente sin negociación presuntamente por orden de Carlos Escó a pesar de que el importe se acercaba a los 100 millones de pesetas (600.000 euros). 

Un hecho sospechoso, según los fiscales, es el encargo por parte de Escó de la construcción y explotación de una estación de servicio. El email especifica que Carlos Escó "ha estado parando" los pliegos "mientras negociaba directamente con Repsol, al punto que los planos de la parcela se han ido cambiando al gusto directo de Repsol. Está todo preparado y hecho a la medida entre CE [Carlos Escó] y Repsol".

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Caso Sanedi

La Fiscalía también reclama al juez que investigue el denominado caso Sanedi. "Se trata de la expropiación de unas fincas por Plaza S.A., por el proyecto de reparcelación de la Plataforma Logística de 544.121 metros cuadrados. Plaza pagó 4,5 millones por "unos terrenos absolutamente inútiles", un cifra que era casi la mitad de lo que la firma Sanedi había abonado dos años antes por todas las fincas.

Anticorrupción reclama al juez también la comparecencia, en calidad de testigos, del exejecutivo de General Motors (GM)) José Luis Marqués, y Borja Lasala, del Grupo Floria.