Aragonès exige a Sánchez defender la inmersión lingüística y Casado propone un 155 en educación
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que haga una "clara defensa" del modelo de inmersión lingüística después de que el Tribunal Supremo (TS) haya ratificado la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo catalán.
Lo ha dicho en Palma en una comparecencia conjunta con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, después de haberse reunido en el Consolat de Mar, en el que ha sido su segundo encuentro desde que se reunieran en octubre en Barcelona, ha informado Europa Press.
Aragonès ha pedido al Gobierno que no sea "cómplice" del posible retroceso en la inmersión lingüística, que defiende que cuenta con un amplio consenso en la sociedad catalana, y ha asegurado que no delegarán la responsabilidad a los centros educativos.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido este miércoles al jefe del Ejecutivo los votos del grupo popular en el Senado para poder aprobar el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de clases en español en Cataluña.
Antes de asistir a la concentración en Madrid de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la Ley de Seguridad Ciudadana , conocida como ley mordaza, Casado ha avisado al presidente del Gobierno que está "obligado" a hacer cumplir ese fallo del Supremo y le ha advertido de que si no lo hace "podría estar prevaricando". "Le ofrezco nuestros senadores para que si tiene que aplicar el artículo 155 solo en éste ámbito educativo, lo haga", ha afirmado el jefe de la oposición.
El conseller de Educación dice que el Gobierno le ha dado "garantías" de no ejecutar el 25% en castellano
El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado este miércoles que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado "garantías" de que no ejecutará la decisión del Tribunal Supremo. Fuentes de su departamento, por su parte, han señalado a Europa Press que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien tendrá que "pedir la ejecución de la sentencia" y "vigilar" su cumplimiento.
Gonzàlez-Cambray también ha pedido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora".
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Gonzàlez-Cambray agradece la "dedicación" de los docentes, les envía un mensaje de tranquilidad —en sus palabras— e insiste en que el modelo de escuela catalana es el de la ley catalana.
Ha calificado la decisión de "grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, hecho desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos", y ha afirmado que comporta un menosprecio a los profesionales de la educación.
El conseller ha insistido en que "el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, y menos en un momento de transformación educativa y pedagógica", con menos clases magistrales.
Garantizar un 25% de castellano
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia. En todo caso, fuentes gubernamentales explican que, como ocurre con cualquier sentencia, los Ministerios afectados están estudiando el caso, y a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos que siempre se elaboran en estas situaciones.
"El Gobierno no tiene esas competencias", ha respondido la ministra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, al ser preguntada en concreto sobre si el Ejecutivo va a instar al Govern a cumplir la sentencia del Supremo. Esas competencias son de la Generalitat, según han explicado después las fuentes consultadas.
No obstante, la Generalitat ha dejado claro que no quiere acatar la sentencia y, de hecho, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora".
Aún así, el Ejecutivo entiende que el cumplimiento de esa sentencia depende del Govern, ya que es esta administración y no el Gobierno la que tiene las competencias en Educación. Eso sí, Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo central respeta las sentencias y las ejecuta cuando le corresponde
La reacción de Ada Colau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano lo hagan en centros privados. En su opinión, es un "error" convertir la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña en un problema y politizarlo, así como relacionarlo con el conflicto independentista.
"No se debe convertir en un problema lo que no lo es", ha asegurado la primera edil en una entrevista de TVE. Colau ha instado a las administraciones competentes a buscar el marco legal necesario para "blindar un modelo que es un éxito", y ha dicho que aquellas familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano pueden hacerlo en centros privados.
"El sistema (educativo) público debe defender un sistema igual para todo el mundo. Que incluye la garantía del pleno dominio de los dos idiomas, del catalán y el castellano", ha añadido la alcaldesa.
