Corrupción

Arístegui ocultó al Congreso que había creado la empresa por la que ahora le investiga la Audiencia

El exembajador Gustavo de Arístegui, a su salida en mayo de la Audiencia Nacional donde compareció para declarar como investigado.

Las sucesivas declaraciones de actividades que el ya exembajador Gustavo de Arístegui presentó como diputado entre 2000 y 2011 han dinamitado una de sus principales coartadas: la de que el Congreso le había autorizado a ejercer el asesoramiento jurídico en materia de "apertura de mercados internacionales" y que, por tanto, se trataba de una actividad lícita y compatible con su acta de diputado.

Los documentos oficiales a que ha tenido acceso infoLibre –todas sus declaraciones de actividades y los correspondientes dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados que le permitieron ejercer en el ámbito privado durante casi 11 años– demuestran que Arístegui ocultó al Congreso dos datos esenciales: tanto que en diciembre de 2009 había creado Karistia SL como que para entonces ya hacía como mínimo seis meses que tenía decidido actuar como conseguidor en el extranjero. Este diario no ha logrado contactar con Arístegui ni con su letrado, cuyo teléfono profesional no consta en la base de datos de la abogacía y en cuyo domicilio nadie atendió el teléfono este miércoles.

¿Tenía el entonces portavoz de Exteriores del PP obligación legal de comunicar al Congreso que había constituido Karistia SL y que poseía el 99% de los títulos de la compañía? Sí, la tenía, y así lo preceptúa la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) al señalar que la declaración de actividades debe incluir "en general, cualesquiera actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económico".

Pero el Congreso no vigila la veracidad de las declaraciones presentadas por los diputados. No posee facultades "investigadoras", por utilizar el término empleado ayer por una cualificada fuente parlamentaria.

La secuencia de las declaraciones de actividades elevadas por Arístegui prueba que era consciente de su obligación de comunicar a la Cámara su participación en empresas. De hecho, el 1 de julio de 2002 envió a la Comisión del Estatuto de los Diputados un escrito donde exponía que había adquirido el 7,49% de las participaciones sociales de una compañía en principio ajena a la trama que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Cuatro años y medio más tarde, el 18 de enero de 2007, repitió la operación: esta vez, alertó a la Cámara de que había comprado el 50% de una segunda sociedad. La Comisión del Estatuto de los Diputados declaró compatible su presencia en ambas empresas. Y en el dictamen emitido en 2007 hizo constar una limitación relevante impuesta por el Reglamento del Congreso: la de que ningún diputado puede  "invocar o hacer uso de su condición de parlamentario en el ejercicio de la actividad profesional".

En esa legislatura, la primera de Zapatero, el Congreso ya había reflejado de forma expresa esa prohibición en el dictamen por el que, el 16 de marzo de 2005, autorizó a Arístegui a ejercer la abogacía. 

Pero cuando en julio de 2009, seis meses antes del nacimiento de Karistia SL, Arístegui y su socio y también entonces diputado del PP Pedro Gómez de la Serna firmaron un contrato con un agente colaborador se comprometieron por escrito a lo siguiente: "valerse de sus contactos" y socios en el extranjero en beneficio de las empresas para las que trabajasen. 

Aunque el sumario apunta en la dirección opuesta, Arístegui sostiene que solo desarrolló esos negocios hasta su nombramiento en 2012 como embajador de España en la India y que, por tanto, no cabe aplicarle la legislación sobre incompatibilidades de altos cargos. Junto con su socio Pedro Gómez de la Serna, también hoy exdiputado del PP, el exembajador cobró más de cinco millones de empresas que buscaban contratos en el exterior.

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