El foco mediático nacional vuelve a Extremadura, esta vez a Badajoz. Este jueves 28 de mayo arranca el juicio oral por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación pacense: la Audiencia Provincial decidirá si el hermano del presidente del Gobierno accedió de forma irregular a una plaza, si posteriormente ese puesto se adaptó a sus necesidades en beneficio propio y si, además, colocó a un amigo —un exasesor de Moncloa— para que trabajara con él. También se dictaminará quiénes fueron los implicados en un proceso en el que, según las acusaciones, se intentó dar “apariencia de legalidad”. Además de Sánchez, están acusados Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE de Extremadura; el citado amigo, Luis Carrero; y otras ocho personas, entre ellos políticos y trabajadores de la Diputación. Se les atribuyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Hay 42 testigos citados, entre ellos, Álvaro Jaén, quien fuera líder regional de Podemos y el primero en denunciar —ante los medios de comunicación, no en los tribunales— la creación de esta plaza y su adjudicación a Sánchez. Jaén pidió explicaciones porque, según afirmó entonces, “no existía tribunal, solo una entrevista en el despacho”. Fue en 2017.
La crítica de Podemos retumbó en Madrid y le contestó, entre otros, el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos: "Aquí la pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar un puesto? ¿No emigrar?", subrayó.
Pero la polémica pasó de largo hasta que, siete años después, en 2024, el PP extremeño volvió a situar al hermano del presidente del Gobierno en el centro de la diana. Lo acusó de querer evadir impuestos porque trabajaba en Badajoz y tributaba en Elvas, una localidad portuguesa de La Raya, a 20 kilómetros de la capital pacense, donde tiene fijada su residencia oficial. Los populares aseguraron también que Sánchez no acudía a su puesto de trabajo “porque no fichaba por las mañanas” y que “se le había subido el sueldo por un cambio de funciones sin ningún proceso selectivo de por medio”.
Las recriminaciones del PP fueron recogidas por el colectivo ultra Manos Limpias, que las convirtió en una denuncia que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite.
Un informe de la Agencia Tributaria evidenció posteriormente que no existía fraude a la Hacienda Pública, que su domicilio fiscal en Portugal no entraba en conflicto con ser empleado público en España y que se resolvía con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Por su parte, el BBVA desmintió que acumulara 1,4 millones en acciones, como sostenía la querella del colectivo ultra insinuando un enriquecimiento ilícito.
Pero el periplo judicial por la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz continuó. A Manos Limpias se sumaron después Vox y el PP, además de Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos. Son las acusaciones populares que han impulsado que los acusados se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial. Es una cuestión clave, ya que la Fiscalía —al igual que las defensas— ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que el procedimiento se sustenta en “conjeturas” y no en indicios reales.
Al respecto, en el auto de apertura de juicio oral emitido por la jueza Biedma, se especifica: “Existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que determina que, en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”.
Un puesto de alta dirección
La Diputación de Badajoz ya había tenido una plaza similar a la adjudicada a Sánchez una década antes, pero la eliminó tras jubilarse la persona que la ocupaba. Así, en 2017 recuperó el cargo de coordinador de los Conservatorios como un puesto de trabajo laboral de alta dirección y libre designación. Abrió entonces un proceso de selección en el que hubo 11 aspirantes. A Sánchez —David Azagra de nombre artístico— fue considerado el único “apto”, según un acta redactada por Recursos Humanos. Se valoraron sobre todo sus respuestas en la entrevista personal realizada a cada candidato. Ninguno de los diez aspirantes que quedaron fuera denunció irregularidad alguna durante el procedimiento.
Tras analizas los más de 50.000 correos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza Biedma llamó a declarar, entre otros, al director del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, para averiguar por qué mandó un correo con el asunto “el hermanísimo” justo el mismo día que se publicaron las bases para el nuevo puesto. “Es un calificativo que alguien le puso. Había varios rumores sobre varios candidatos, y éste era uno de ellos, el más llamativo”, declaró Valentí.
De los correos investigados, la jueza también deduce que el puesto de coordinador no fue una petición de los conservatorios, que tenían otras necesidades de personal. Responder a la pregunta de quién propuso crear esa plaza es una de las claves del juicio oral.
Una búsqueda en internet
David Sánchez declaró en la fase de instrucción que había visto la vacante en la Diputación pacense mientras buscaba trabajo en internet. Antes de llegar a Badajoz había ejercido como director artístico del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. En esta ciudad se graduó con distinción en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal.
Otra pieza de este proceso judicial será determinar por qué en 2022 se transformó el cargo de Sánchez en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin una convocatoria pública y sin disponer, durante un tiempo, de un despacho o espacio similar donde desarrollar su tarea. Las acusaciones aseguran que el cambio se hizo para adaptarse “a sus preferencias laborales”. Como dato sobre su salario, percibió 57.627,07 euros brutos por un año completo de trabajo.
También está en el foco de la investigación la contratación en 2024 de Luis Carrero, el citado exasesor de Moncloa, con quien Sánchez ha reconocido que mantiene una amistad de más de 20 años y que entró a formar parte de su proyecto llamado Ópera Joven. La Audiencia Provincial tendrá que dirimir si ese contrato fue otro enchufe en la Administración pública y cuáles son sus consecuencias legales.
Cabe puntualizar que ni Sánchez ni Carrero son ya trabajadores de la Diputación de Badajoz: ambos renunciaron a sus puestos.
El aforamiento exprés de Gallardo
El proceso judicial al hermano de Pedro Sánchez y al exlíder del PSOE de Extremadura ha trascendido los tribunales y ha salpicado de lleno a la política, incluidas las últimas elecciones autonómicas del 21D, en las que Gallardo fue candidato con este proceso judicial abierto. De hecho, hubo voces internas en el partido que pidieron que diera un paso atrás para no perjudicar los resultados.
Gallardo obtuvo el peor resultado de los socialistas en la región, algo que en el partido atribuyeron a varios motivos, y finalmente dejó la secretaría general y su escaño en la Asamblea de Extremadura.
Antes, sin embargo, protagonizó una maniobra muy criticada: decidió convertirse cuanto antes en parlamentario autonómico —no lo era cuando fue nombrado jefe de los socialistas extremeños—, haciendo correr de la lista a cinco compañeros que estaban por delante de él. El objetivo era lograr un aforamiento exprés en mitad del proceso judicial para que la causa pasase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
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La jueza vio “fraude de ley” en este movimiento y el TSJEx le dio la razón. Pero Biedma también actuó por su cuenta: justo un día después del citado aforamiento exprés de Gallardo, acordó la apertura del juicio oral sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera los recursos de las defensas y la Fiscalía, que pedían que la causa se archivara.
Así, las acusaciones populares solicitan para los dos principales imputados, David Sánchez y Gallardo, tres años de prisión y hasta 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Además, reclaman que el primero devuelva lo que percibió de la Diputación pacense.
Está previsto que ambos declaren el próximo 4 de junio, en una jornada en que se espera un amplio despliegue de medios de comunicación para captar la imagen del hermano del presidente del Gobierno entrando de nuevo en los juzgados.
El foco mediático nacional vuelve a Extremadura, esta vez a Badajoz. Este jueves 28 de mayo arranca el juicio oral por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación pacense: la Audiencia Provincial decidirá si el hermano del presidente del Gobierno accedió de forma irregular a una plaza, si posteriormente ese puesto se adaptó a sus necesidades en beneficio propio y si, además, colocó a un amigo —un exasesor de Moncloa— para que trabajara con él. También se dictaminará quiénes fueron los implicados en un proceso en el que, según las acusaciones, se intentó dar “apariencia de legalidad”. Además de Sánchez, están acusados Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE de Extremadura; el citado amigo, Luis Carrero; y otras ocho personas, entre ellos políticos y trabajadores de la Diputación. Se les atribuyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.