La asociación que se querelló contra Moix tiene que reunir 3.000 euros en tres días para seguir con el proceso

La asociación que se ha querellado contra el fiscal Manuel Moix tendrá que reunir 3.000 euros en tres días si quiere evitar el archivo del procedimiento. Esa es la fianza que le impone el Tribunal Supremo para actuar como acusación popular, según un auto que lleva fecha de 28 de junio y al que ha tenido acceso infoLibre. En la querella se acusa a Moix –que tuvo que dimitir el pasado 1 de junio como fiscal jefe de Anticorrupción después de que este periódico desvelase que es dueño de una empresa en Panamá– de la comisión de tres delitos por archivar sin investigar dos denuncias presentadas en su día contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. Los querellantes consideran que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos.

La querella la presentó ante el Supremo la asamblea TCJ15M, a través de la asociación Contratrama. El Supremo le notificó este lunes 10 de julio el auto a los querellantes y les da un plazo de tres días para prestar la fianza en metálico. "No tenemos tiempo ni para hacer un crowdfunding a través de una plataforma. Así que hemos tenido que habilitar la cuenta de la asociación Contratrama para que puedan realizar aportaciones los ciudadanos que quieran colaborar", explica José Gamo, miembro de la asamblea del 15M y portavoz de los querellantes. Esa cuenta está abierta en el Banco Sabadell, su titular es la asociación Contratrama y el número IBAN es el siguiente: ES36 0081 0085 6200 0271 5382.

"La actuación de Manuel Moix con respecto a los casos de corrupción que rodean a Ignacio González ha sido fundamental para la pervivencia de la supuesta red criminal que ahora se ha destapado a través de la operación Lezo. Moix archivó dos denuncias contra González en 2007 y 2009 sin practicar las diligencias que pedían los denunciantes. Si Moix hubiese realizado una mínima investigación, la trama se habría descubierto hace diez años", explica José Gamo, quien añade: "Tres días es un plazo muy corto, pero estamos seguros de que la ciudadanía concienciada nos ayudará a reunir ese dinero. Estamos hablando de un personaje clave como Moix".

Una fianza proporcionada

Tras su dimisión a causa del escándalo de la empresa panameña, Moix es ahora fiscal de Sala del Tribunal Supremo, que es precisamente el órgano judicial que deberá decidir si admite o no a trámite la querella contra él.

En el auto del Supremo conocido este lunes, cuyo ponente es el magistrado Francisco Monterde, se indica efectivamente que la competencia corresponde a la Sala de lo Penal del tribunal. Pero añade que, antes de entrar en el fondo del asunto, procede imponer la fianza al actuar los querellantes como acusación popular. "Una fianza que deberá ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso", razona Monterde. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre coinciden en que la cuantía de la fianza impuesta por el Supremo es muy razonable y no pretende obstaculizar la iniciativa. 

“Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González”, se indica en la querella presentada el pasado 26 de junio y que firma la abogada Liliana Pineda.

Estos hechos fueron desvelados por este periódico el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”.

Las dos denuncias y una querella contra Ignacio González fueron presentadas en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. En aquel momento, Manuel Moix era el jefe de la Fiscalía de Madrid. Según afirman ahora los querellantes, Moix “no sólo archivó sin investigar las denuncias presentadas contra González, sino que fundamentó sus decretos de archivo en datos inciertos y sostuvo que no existía la más leve sospecha de irregularidades en una operación que la Audiencia Nacional califica ahora como delictiva”. Es una referencia al caso Lezo, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que González y su familia se lucraron directamente con la construcción y la explotación del campo de golf del Canal.

“El encubrimiento por parte de Manuel Moix de las operaciones presuntamente corruptas del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de sus familiares permitió que la ‘organización criminal’ –así definida en el auto de la Audiencia Nacional– siguiese operando durante diez años”, se destaca en la querella, que tiene 36 páginas y que se presentó en el Supremo acompañada de una abundante documentación para probar las acusaciones.

Los querellantes piden que se cite a declarar a Manuel Moix “en calidad de investigado”; que se requiera a la Fiscalía de Madrid para que remita al Tribunal Supremo las diligencias de investigación 2/2009, abiertas tras una de las denuncias contra González y que terminaron en un decreto de archivo firmado por el propio Moix, y que se envíen oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos empresas vinculadas a la trama del campo de golf.

La asociación querellante, Contratrama, tiene su germen en las asambleas del 15M. En 2012 se creó el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), que según se define en su web es una asamblea del 15M cuyo objetivo es “identificar y denunciar a los verdaderos responsables del colapso económico” y “mantener viva la causa procesal para llevar a las tramas delictivas financieras ante los tribunales”.