Memoria histórica

Las asociaciones memorialistas exigirán a Sánchez la retirada de las medallas a los expolicías franquistas imputados

Cartel contra Billy el Niño en una protesta de las víctimas del franquismo.

Arranca la era Pedro Sánchez. Después de una semana frenética de quinielas y nombramientos, este viernes se reunió por primera vez el Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo socialista. Once mujeres y seis hombres con gran cantidad de retos y un margen de tiempo muy reducido para afrontarlos. Por delante, dos años como máximo para ponerse manos a la obra en temas como la cuestión territorial, el futuro de las pensiones, la financiación territorial, el Pacto de Estado Educativo o las víctimas de la dictadura franquista. Porque la memoria histórica fue para los socialistas un asunto capital durante los años que el partido se mantuvo al frente de la oposición. Ahora, ocupando la Moncloa pero con los dedos pillados por los límites presupuestarios, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que ver cómo se mueve para materializar todas aquellas promesas que puso sobre la mesa en esta materia.

Algunas, como afrontar la apertura de las fosas comunes de la dictadura o resignificar el Valle de los Caídos retirando de allí los restos de Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera, llevan un coste asociado que tendrán que tener en cuenta, aunque desde el PSOE ya se ha asegurado que en 2018 se hará alguna modificación "de crédito" para comenzar a trabajar en esta materia y que en 2019 "habrá presupuesto para memoria histórica". Otras medidas, sin embargo, pueden llevarse a buen puerto sin la necesidad de rascar el bolsillo público. Son, por ejemplo, la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco o la revocación de las condecoraciones a todos aquellos expolicías franquistas acusados de torturas, dos asuntos que las diferentes asociaciones de memoria histórica también resaltan en color rojo en la agenda memorialista del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

La polémica por las condecoraciones concedidas a antiguos miembros de la Brigada Político-Social fue uno de los últimos temas sobre los que tuvo que pronunciarse el Ejecutivo de Mariano Rajoy pocas horas antes de que triunfase en el Congreso de los Diputados la moción de censura socialista. "Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración", señaló entre excusas el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, después de que el portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, le preguntara si se había estudiado revocar al "malnacido" Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, la Medalla de Plata al Mérito Policial que le concedió Rodolfo Martín Villa en el verano 1977, una distinción que ha permitido al expolicía investigado por torturas en el marco de la querella argentina cobrar durante años un plus del 15% en su pensión vitalicia.

Pero también fue uno de los primeros deberes que el líder de la formación morada puso sobre la mesa de Pedro Sánchez pocos minutos después de que triunfara la censura contra Rajoy. En los pasillos del Congreso, y preguntado por la primera medida que solicitaría al líder socialista nada más llegar a la Moncloa, Iglesias volvió a insistir: "La retirada de la medalla al torturador González Pacheco". Sin embargo, tal y como ha publicado este viernes infoLibre, el caso de Billy el Niño no es, ni mucho menos, una excepción. Como él, también tienen medallas otros cuatro expolicías franquistas imputados en la causa por los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini. Tres de ellos –Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres y Pascual Honrado de la Fuente–, tienen condecoraciones pensionadas. El cuarto, Félix Criado Sanz, tiene una distinción que no lleva anejo ningún plus en la pensión.

La ARMH volverá a pedir la revocación

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), afirma en conversación telefónica con este diario que su colectivo volverá "a solicitar" al nuevo Ministerio del Interior, ahora capitaneado por el juez Fernando Grande-Marlaska, la retirada de "cualquier condecoración o compensación económica" a todos aquellos que se dedicaron durante la dictadura y la Transición a "asustar, torturar o maltratar" porque, añade, "es alucinante que cuarenta años después" se siga "premiando a alguien que violó los derechos humanos". En la misma línea se posiciona Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria: "Pero no sólo retirar aquellas condecoraciones que llevan aparejadas un plus, sino revocar cualquier distintivo que reconozca honores a aquellas personas que trabajaron por sostener una dictadura, algo que es una aberración".

"La duda que está ahora en el aire es la siguiente: ¿un ministro –en referencia a Fernando Grande-Marlaska– que en su etapa de juez ha sido acusado de al menos no haber actuado con la suficiente diligencia para asegurar la integridad física de sus custodiados se atreverá ahora a enfrentarse no sólo a Billy el Niño sino al resto de torturadores del franquismo que a día de hoy siguen impunes?", se pregunta por su parte el eurodiputado Miguel Urbán, coordinador de Memoria Democrática y Antifascismo de Podemos. Sin embargo, en opinión del parlamentario de la Eurocámara, "no nos podemos contentar simplemente con retirar medallas y privilegios" que nunca debieron concederse "a torturadores". Hay que ir un paso más allá. "Hay que juzgarlos", completa. Algo con lo que coinciden también los colectivos memorialistas.

Muchos pasos que dar

Una de las primeras medidas que reclaman desde las asociaciones es que se inicie "con urgencia" la búsqueda y exhumación de los desaparecidos. "Que se haga como medida del Gobierno o de alguno de los ministerios, porque el Estado tiene sobradas herramientas para poder hacerlo", asevera Silva. Para Peinado, este paso es imprescindible porque el Estado no tiene que dejar la responsabilidad "en manos de las familias" de las víctimas y las asociaciones. "Hay que evitar que sigamos siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. Es necesaria una financiación para la recuperación de las víctimas del franquismo que siguen en nuestras cunetas", completa Urbán. Durante la etapa Rajoy, las partidas presupuestarias destinadas a la memoria histórica fueron eliminadas por completo.

Desde Podemos también aseguran que se presionará para que las víctimas de la dictadura tengan "el acceso a la justicia" que les ha sido negado "sistemáticamente" en los últimos cuarenta años "tanto por gobiernos del PP como del PSOE". "Debemos y tenemos que poder juzgar el franquismo y sus crímenes en nuestro país", apunta Urbán, que propone reformar la Ley de Amnistía para evitar que se siga utilizando como una norma de punto y final. Además, considera fundamental que el Ejecutivo de Pedro Sánchez inste a la Fiscalía General del Estado –que todavía se desconoce quién se encargará de dirigirla– para que promueva "todas las acciones oportunas ante los tribunales del orden jurisdiccional penal" para que se investiguen de una vez por todas "los crímenes internacionales cometidos por y durante la dictadura franquista".

En este sentido, tanto Podemos como las asociaciones memorialistas ponen el foco sobre la querella argentina, que lleva más de ocho años esquivando las piedras que se iban poniendo desde España a la instrucción durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Quieren que, de una vez por todas, la causa pueda avanzar sin problemas. Y, para ello, exigen que "se deje sin efecto la instrucción" que la Fiscalía General del Estado envió el 30 de septiembre de 2016 a las diferentes fiscalías provinciales para que se opusieran a las declaraciones de cargos franquistas y víctimas que había solicitado desde Buenos Aires la jueza Servini, un escrito que los abogados de la querella argentina interpretaron como "un intento de amedrentar" a los jueces insinuando que "podrían ser acusados de prevaricación" si atendían las peticiones argentinas. "Es necesario que los exhortos que lleguen sean atendidos", dice Silva.

Valle de los Caídos y Fundación Franco

Además, las asociaciones también ponen el Valle de los Caídos en la agenda memorialista del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. "Hay que sacar de allí los restos de Franco y Primo de Rivera y convertirlo en un monumento que cuente quién lo levantó, por qué se levantó, para que ha servido…", desliza el presidente de la ARMH, que también solicita la apertura de "todos los archivos que tengan que ver con la represión", la creación de un Alto Comisionado para las víctimas de la dictadura franquista y que se incluya en el currículo educativo toda la historia de la represión franquista que se esconde. Además de resignificar de una vez por todas el Valle de Cuelgamuros, Arturo Peinado también exige que se ilegalice la Fundación Nacional Francisco Franco, cuyo objetivo es la "proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española".

Estas dos medidas no le son ajenas al PSOE. Los socialistas las incluían en la propuesta que registraron en el Congreso de los Diputados para reformar la Ley de Memoria Histórica y que fue vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, el nuevo Ejecutivo podrá levantar ese veto para que se inicie su tramitación en la Cámara baja. No obstante, Silva considera que lo importante no es tanto modificar la norma, sino que haya "voluntad política". Un ejemplo, dice, es el País Vasco, que no cuenta con una ley de memoria pero es la comunidad autónoma "más avanzada" en esta materia. "Habrá que ver si el nuevo Ejecutivo tiene esa voluntad política", completa el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

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