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'Caso Auditorio'

Un ayuntamiento aporta al juez dos informes encargados por un imputado que favorecen al presidente de Murcia

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, gobernado por María de los Ángeles Túnez García (PP), ha aportado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que investiga el caso Auditorio, por el que está imputado por los delitos de prevaricación administrativa continuada, fraude contra la administración pública, falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), dos informes encargados por uno de los principales investigados en la causa a la empresa ACE Edificación, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, el Consistorio ha incluido entre la documentación aportada al magistrado instructor del caso, Julián Pérez-Templado, dos informes requeridos por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, que es uno de los querellados en el procedimiento, y que no es funcionario municipal. Estos documentos defienden las interpretaciones de los investigados en el procedimiento.

Pero llama la atención que entre los documentos remitidos al magistrado se incluye un "recibo" firmado por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, de fecha 24 de febrero, cuatro días después de que el juez reclamara esta documentación al Consistorio. En este escrito, el imputado aporta "la propuesta de liquidación elaborada por ACE Edificación". Además, en la segunda página de este documento que fue enviado al Consistorio mediante el registro electrónico municipal, en la relación de documentos que se adjuntan se incluye uno titulado: Auditorio Liquidación_ECC_ACE.pdf

El juez Pérez-Templado acordó pedirle al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras toda la documentación relativa al presupuesto de liquidación después de que el propio presidente murciano, ahora imputado, presentó el 15 de febrero un escrito al Tribunal Superior de Justicia en el que pedía que se requiriera al secretario del Consistorio murciano "testimonio literal de todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de obra del Teatro-Auditorio Municipal con inclusión de mediciones, certificaciones, informes y cualquier otro documento que exista para conocimiento de la Sala, y para poder solicitar y aportar cuantas pruebas fuera convenientes al respecto", especifica el documento aportado por el representante legal de Pedro Antonio Sánchez.

El Ayuntamiento no contesta

infoLibre, que se ha dirigido a dos portavoces del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, no ha obtenido respuesta sobre el hecho de que el Consistorio haya podido aportar documentación requerida por el magistrado Pérez-Templado el 20 de febrero, y que habría recibido de uno de los imputados cuatro días después.

Tal y como explica el propio presidente murciano en el referido escrito, esta solicitud ya la había realizado en dos ocasiones a la jueza que instruyó en Lorca el caso, Consuelo Andreo, que desestimó las peticiones, y que estaba pendiente de resolver por la Audiencia Provincial de Murcia. Y según Sánchez, "una vez que la competencia ha sido asumida por el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial de Murcia carece de la misma para resolver el recurso de apelación sobre la desestimación de una prueba".

El letrado de Pedro Antonio Sánchez, pretendía con este escrito, que fue estimado por el juez, saber "cómo se ha liquidado el contrato, qué obras se han ejecutado realmente, el importe de las mismas y la existencia del aval prestado por la constructora". Además, y según el escrito, el letrado considera que "las consecuencias económicas del contrato es condición necesaria para continuar en su caso o no la investigación".

El hecho de que el juez Pérez-Templado aceptara pedir al Consistorio el expediente de liquidación a las primeras de cambio, cuando la anterior instructora se había negado hasta en dos ocasiones, fue criticado por las acusaciones populares del PSOE y de Podemos, según adelantó La Verdad de Murcia, que recordaba también la magistrada de Lorca Consuelo Andreo ya había rechazado la solicitud de la defensa del presidente, "aduciendo que ya constaba en las diligencias la certificación de que el inmueble había sido formalmente recepcionado, así como que se había procedido a la liquidación del gasto, por lo que consideraba innecesario volver a reclamar esa documentación".

Obras inacabadas

El primero de los informes que ahora se encuentran sobre la mesa del magistrado, de fecha 1 de marzo de 2016 y que se titula Comprobación de superficies construidas y auditoría del estado de mediciones, versa sobre los aspectos técnicos de una obra que, pese a que el Ayuntamiento firmó un acta de recepción de las mismas, no está acabada.

Las conclusiones técnicas de este informe de la consultora establecen que las superficies reales construidas de los edificios son 662,78 metros cuadrados más que las indicadas en el proyecto modificado de 1 de abril de 2009.

El segundo de los documentos encargados por el arquitecto imputado se titula Informe pericial. Auditoría del presupuesto modificado de la obra, y en él la empresa ACE Edificación establece un presupuesto de liquidación de los trabajos, que cifra en 4.554.483 euros, una cifra ligeramente inferior al presupuesto establecido, en concreto 251.300 euros menos.

Reunión con Catalá

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El 17 de febrero, La Verdad de Murcia publicó que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se había reunido con el presidente de Murcia, José Antonio Sánchez, en el congreso nacional del PP, días antes de que generara polémica el conocimiento de éste último de información reservada sobre su situación procesal.

El rotativo murciano explicó que ambos mantuvieron "una larga conversación" poco antes de que se conociera la decisión del juez Eloy Velasco de achacar al mandatario delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la rama murciana de la operación Púnica.

Tras haber trascendido este auto, así como la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a que se investigara a Sánchez, el líder autonómico declaró que sabía que "cuatro fiscales del Supremo" también se oponían a la investigación. Por entonces se trataba de información secreta y reservada que el dirigente no podía conocer.

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