Los otros gamonales

El Ayuntamiento de Córdoba desalojará un centro social que da de comer a cien personas al día

El Ayuntamiento de Córdoba desalojará un centro social que da de comer a cien personas al día

Carmen Valenzuela

“Quizá nos echarán, pero vamos a reclamar cordura y a resistir con dignidad”. Es el desafío emitido desde Radio Dignidad Córdoba, la emisora que da voz a la Acampada DignidadAcampada Dignidad, el colectivo ciudadano que ocupa desde octubre del año pasado un colegio de primaria abandonado en el distrito sur de la ciudad andaluza. El cumplimiento de la orden de desahucio solicitada por el Consistorio cordobés y emitida por el juzgado de instrucción número cuatro, amenaza con desmantelar un centro que alberga un comedor social que atiende a cien personas al día y desarrolla otras actividades de interés social, educativo y cultural que da cobertura a los sectores más desfavorecidos de la ciudad.

Mientras las administraciones públicas se empecinan en adoptar el discurso de la austeridad y los recortes, la Acampada Dignidad de Córdoba ha demostrado que con muy poco se puede hacer mucho. Con un presupuesto que apenas alcanza los 10.000 euros y grandes dosis de solidaridad y trabajo, el Centro Social Rey Heredia atiende las necesidades de aquellos que han se han visto arrojados a la exclusión social en medio de la crisis. Un comedor social que alimenta a un centenar de ciudadanos diariamente, clases de apoyo para niños sin recursos, clases de inglés, alemán e informática para parados, una biblioteca con un fondo de tres mil libros y al menos doscientas conferencias por las que han pasado personalidades como Julio Anguita o Juan Carlos Monedero, son solo algunas de las múltiples actividades que desarrolla desde octubre de 2013 este centro social. “Nosotros lo que no queremos es que el colegio se convierta en un centro de caridad. Lo que buscamos es que la gente sepa que hay que cambiar esto a base de trabajo”, señala Rafael Juan Ruiz, el portavoz de la Acampada Dignidad. Una labor que, de momento, ha recibido como única respuesta de las autoridades la orden de desalojo inmediato que expirará el próximo mes de Mayo.

El Centro Social será una plaza pública

El derribo para la posterior construcción de una plazoleta pública es el destino que le aguarda al colegio que, fundado en 1917, desarrolló su actividad docente hasta que el Ayuntamiento cerró sus puertas en 2011. Un proyecto contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, y que según la plataforma, no podrá ejecutarse en un largo plazo de tiempo ante la notoria falta de liquidez del Consistorio Cordobés. “El Ayuntamiento, como reconoce él mismo, no lo puede tirar porque no tiene dinero ahora mismo para el derribo y la expropiación de lo que hay alrededor”, explica Juan Ruiz, - y prosigue- “mientras se tira o no se tira, lo que hay que hacer es que eso tenga un uso social”, algo que el colectivo alega haber solicitado ya “de mil maneras”, tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento.

“Este colegio es propiedad del Consistorio, pero el uso afectado lo tenía la Delegación de Educación del Gobierno andaluz. Para volver a recuperar su uso, el Ayuntamiento tenía que pedir la desafección. No lo hizo en ningún momento y desde entonces los colectivos del distrito sur lo han pedido por activa y por pasiva. Tenemos los documentos de solicitud como ha reconocido el Alcalde”, explica Juan Ruiz, aún a la espera de la respuesta tanto de la administración municipal como de la autonómica. Precisamente esta última, a través de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ha preferido desmarcase del conflicto escudándose en la falta de competencias en educación primaria del gobierno autonómico. Para la Delegación de Educación cordobesa "la junta no tiene nada que ver". Una postura que deja la pelota en el tejado de un ayuntamiento al que no dejan de acumulársele solicitudes para el empleo de este edificio público.

La cesión en precario como solución

Ahora, el gobierno conservador del Ayuntamiento cordobés debe resolver si conceder o no el uso en precario que ha solicitado la Acampada Dignidad. Una fórmula que permitiría continuar con las actividades que desarolla sin ostentar derecho de propiedad. Algo de lo que ya disfruta la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Córdoba, a la que se le ha cedido temporalmente un edificio de titularidad municipal situado en el casco histórico de la ciudad. Por su parte, el Ayuntamiento ha rehusado hasta en tres ocasiones exponer su postura a este medio.

Un silencio municipal que empieza a desesperar a los integrantes de la Asociación: “Aquí hay gente que no tiene para comer y no pueden estar esperando a que estos señores, en medio de las buenas comidas que se dan, decidan lo que van a contestar”. Así expresa el portavoz de la Acampada Dignidad su preocupación ante el creciente número de ciudadanos sin recursos que acuden al Centro buscando asistencia.

El auto del juez elogia el “muy loable” destino que se da al edificio

Con todo, este colectivo de ciudadanos se mantiene en la esperanza de que el alcalde, José Antonio Nieto, acceda a prestar el antiguo colegio. “Entendemos que es complicado para el alcalde decir que no a una petición tan clara”, señala Juan Ruiz, “además para hacer unas cosas tan loables como las que se están haciendo aquí”, concluye. Una virtud que reconoce el propio auto de desalojo del juez Rodríguez Lainz cuando “agradece y elogia” el “muy loable” destino que se le está dando al edificio. Un agradecimiento que sin embargo, no apaga el temor expresado en el auto de que no proceder al desalojo suponga “dar crédito y avivar la llama de futuras acciones similares” que “bajo la bandera de la ocupación pacífica y del interés solidario” sorteen igualmente la legalidad, anteponiendo la defensa de la propiedad privada al el uso social de los bienes públicos.

“El estado social se está perdido. Aunque la Constitución dice que tenemos derecho a disfrutar de todo lo que aquí se hace, resulta que llega un juez y aplica que la propiedad privada está por encima de que la gente coma”. Así expresa su desacuerdo sobre la resolución judicial el portavoz de la Acampada Dignidad, quien advierte que “bajo ningún concepto” consentirán el cierre del Rey Heredia.

Con la espada de Damoclés del desalojo pendiendo sobre sus cabezas, los integrantes de la Asamblea Dignidad Córdoba prometen continuar con una experiencia solidaria que cuenta con un respaldo cada vez mayor de los vecinos. Un desafío que bajo el grito “El Rey Heredia no se cierra”, enfrenta a colectivos sociales con las administraciones públicas. De momento, se han propuesto continuar con el proyecto que dicen, se afana por salvar un estado social castigado por los efectos de la crisis.

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