El aragonés Jorge Azcón no ha tenido que esperar tanto como su homóloga extremeña, María Guardiola, para alcanzar un pacto con la ultraderecha pese a que obtuvo un peor resultado. Tampoco ha tenido que ir a una investidura fallida ni ha sufrido los desplantes de la dirección nacional de su partido. De hecho, su acuerdo con Vox ha llegado tan solo cuatro horas después de que Guardiola fuera elegida como presidenta de la Junta de Extremadura.
El acuerdo sigue el mismo patrón que el de Extremadura, en el que los ultras lograron imponer sus tesis en cuestiones como la "prioridad nacional" como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social. Se trata de un asunto que ha generado un choque entre ambas formaciones por su alcance, pero que no ha impedido que el PP vuelva a aceptarlo. Y Vox se congratula de ello: "Garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones", resumen fuentes del partido ultra tras alcanzar el pacto.
En este caso, Vox gestionará tres consejerías, una más que en Extremadura. Además de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los ultraderechistas asumirán también la de Medio Ambiente y Turismo en Aragón. Así, al igual que el caso extremeño, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad, un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. La de Medio Ambiente es una elección llamativa, ya que la formación de Abascal cuestiona las políticas en materia climática y pone en duda que el calentamiento global sea culpa de la acción humana.
Aragón mantiene la "prioridad nacional" en el pacto
La formación de Santiago Abascal ha dejado claro que la "prioridad nacional" era una condición imprescindible para llegar a un acuerdo en Aragón. Y también lo ha reivindicado el propio Azcón. "La prioridad nacional es compatible con la legalidad, y nuestros acuerdos serán legales", los cuales "van a regir los principios que inspiren al próximo gobierno", señaló en la comparecencia junto al líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. Y añadió: "Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa". El presidente aragonés se mostró muy satisfecho con el pacto y confió en poder sacar adelante "cuatro presupuestos".
Según los ultras, la prioridad nacional significa que "los españoles van primero" en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que "los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles". El PP, en cambio, evita el término "prioridad nacional" y trata de sustituirlo por criterios como el "arraigo" o la "vinculación" al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Eso evidencia la incomodidad de la formación con esta cuestión, lo que les ha llevado a votar en contra de la moción de los ultraderechistas este miércoles en el Congreso para defender esa "prioridad" a nivel estatal en el acceso a la vivienda.
Y así aparece reflejado en el acuerdo: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Entre ellas, citan condiciones como el "establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y la "vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".
Con todo, fuentes de Génova aseguran a infoLibre que "no están perdiendo ni un solo voto" con esta cuestión y consideran que "tiene poco recorrido" más allá de "acaparar tertulias y portadas" algunos días. Es un peaje que, aseguran, están dispuestos a pagar para alejar "el riesgo de unas nuevas elecciones". Añaden, además, que la "temática de inmigración perjudica más al PSOE", pese a que no hay datos que así lo indiquen. Sí hay estudios que, sin embargo, apuntan a que las derechas conservadoras se equivocan cuando asumen el marco de la ultraderecha, como está ocurriendo.
De las ayudas a las ONG a la prohibición del burka
Al igual que sucedió con el pacto en Extremadura, muchas de estas medidas son irrealizables porque traspasan las competencias autonómicas, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. También aseguran PP y Vox que "el Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". Y que "trabajarán activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".
En este acuerdo también defienden la prohibición "del burka у nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia", un punto calcado al de Extremadura.
Otra de las cuestiones que se incluyó y que vuelve a estar es el de dejar sin ayudas públicas a las organizaciones que "promuevan" la inmigración irregular, entre las que Vox incluye a Cáritas a diferencia del PP. Un punto que aparece con la misma formulación: "Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. El Gobierno de Aragón no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", reza el documento.
El PP y Vox también aseguran que van a derogar las "entidades públicas y leyes ideológicas", aunque no citan cuáles. "Se procederá a la derogación o, en su caso, la reforma de aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico", señala el acuerdo. Así, se dan de plazo el "primer semestre de gobierno" para llevar a cabo "una revisión sistemática del conjunto del ordenamiento autonómico en esta materia".
El acuerdo en Extremadura, el modelo para el resto de pactos
Los conservadores aseguran que "lo complicado" fue sacar adelante el acuerdo de Extremadura porque en él se "establecen los límites" pero que, una vez alcanzado, ese modelo es el que ha servido de base para las "negociaciones continuistas" tanto para Aragón como también para Castilla y León. En el equipo de Alberto Núñez Feijoo también defienden que el acuerdo "se puede aplicar cien por cien" pese a que el Gobierno ha denunciado que si se discrimina por motivos de nacionalidad es inconstitucional y lo recurrirán. "Hay textos legislativos muy parecidos aprobados en Consejo de Gobierno en Baleares", señalan en el PP.
El PP entrega a Vox tres consejerías en Aragón, una con rango de vicepresidencia
Desde horas antes, fuentes de Génova ya anticipaban que el acuerdo sería "muy similar" al extremeño, pero reconocían que, en el caso de Aragón, tendrían que "ceder más" ante Vox porque los ultraderechistas duplicaron en esta comunidad su resultado de 2023, al pasar de siete a 14 escaños, mientras que Azcón perdió dos actas y se quedó con 26. Esa "correlación de fuerzas" es la que ha forzado a los conservadores a dar una consejería más a los ultras de las dos y la vicepresidencia que ya tienen en Extremadura.
En el PP aragonés tenían prisa por alcanzar el acuerdo y habían presionado para cerrarlo antes de la celebración del Día de Aragón este jueves —y solo diez días antes del final del plazo para la investidura, el 3 de mayo— . El hecho de estar en funciones dificultaba aprobar "determinados acuerdos", en palabras de Azcón. Una preocupación que también verbalizó el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un Gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública.
Además, al igual que ocurre en el pacto extremeño, el acuerdo trata de garantizar una estabilidad que el PP no tuvo la pasada legislatura. Y por eso se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años, si volverán a romper cuando les "convenga electoralmente", como asegura Génova que hicieron en verano del 2024, o si se producirá una revuelta interna en el partido en el que la dirección no controle a sus propios diputados, como ha sucedido en Murcia y Baleares. Con todo, el mensaje que busca trasladar el PP es que ellos "van a gobernar otros cuatro años" mientras "la izquierda se queda en la oposición otros 48 meses".
El aragonés Jorge Azcón no ha tenido que esperar tanto como su homóloga extremeña, María Guardiola, para alcanzar un pacto con la ultraderecha pese a que obtuvo un peor resultado. Tampoco ha tenido que ir a una investidura fallida ni ha sufrido los desplantes de la dirección nacional de su partido. De hecho, su acuerdo con Vox ha llegado tan solo cuatro horas después de que Guardiola fuera elegida como presidenta de la Junta de Extremadura.