Mercado de trabajo

Baleares contrata inspectores para combatir la temporalidad y las horas extra no pagadas en verano

Establecimiento hostelero en la isla de Mallorca.

Proteger a los trabajadores en condiciones de precariedad y, a la vez, a las empresas que "hacen las cosas bien" de la "competencia desleal". Según la presidenta de Islas Baleares, Francina Armengol (PSOE), esos son los objetivos del Plan de Lucha contra la Explotación Laboral presentado este miércoles por el Gobierno autonómico, un paquete de medidas que plantea aumentar en un 66% la plantilla de inspectores de trabajo durante la temporada turística del archipiélago para luchar contra los abusos laborales.

Baleares se coloca como uno de los grandes destinos turísticos de España durante el verano, y eso se nota en la contratación: en el segundo trimestre de 2015, 69.900 personas encontraron trabajo en las islas, lo que supone un 15,3% más de empleados que en el trimestre anterior. Pero no es oro todo lo que reluce: de los 368.400 nuevos trabajadores en España con respecto al primer trimestre de 2015, el 83,5% firmaron un contrato temporal y sólo el 16,5% accedieron a un puesto indefinido.

El archipiélago no es una excepción, según recalca su consejero de Trabajo, el también socialista Iago Negueruela –exintegrante de la ejecutiva de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo–, que asegura que en Baleares 9 de cada 10 nuevos contratos son por un tiempo definido, un problema que se une a la alta tasa de contratación por horas del archipiélago: según sus datos, "el 70% de los empleos generados en la legislatura anterior son de menos de 20 horas semanales". Por ello, el plan presentado este miércoles se focalizará en detectar las irregularidades cometidas con este tipo de trabajadores, que son los que, a juicio, de Negueruela, concentran la "precariedad laboral".

El programa supondrá realizar alrededor de 1.300 inspecciones extra y aumentar la plantilla de inspectores de Baleares, que pasará de los 48 efectivos con los que cuenta actualmente a 80 durante un periodo de seis semanas: la segunda quincena de agosto y todo el mes de septiembre, es decir, el resto de la temporada turística estival. Estos 32 nuevos funcionarios, procedentes de la Península, se encargarán exclusivamente de vigilar el trabajo de los empleados a tiempo parcial y los asalariados temporales, unos sectores donde, según el consejero de Trabajo, "existe un nivel de fraude muy alto". 

Hasta 187.515 euros de sanción

"Nos vamos a centrar en los trabajadores que tienen un contrato de cuatro horas pero trabajan ocho, y también en los que tienen un contrato temporal sin causa justificada", señala Negueruela en declaraciones a infoLibre. En este sentido, el consejero denuncia que "se ha permitido que el contrato temporal sea la entrada al mercado laboral" cuando debería usarse sólo cuando existiese un motivo que lo justifique, y asegura que la idea es que los trabajadores que no se encuentren en esta situación sean reconvertidos a indefinidos, así como poner fin a las horas extra realizadas de manera irregular.

Las sanciones que se impondrán a las empresas que caigan en estas prácticas irán desde los 626 euros hasta los 187.515, según informó Negueruela en rueda de prensa. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, las infracciones graves –entre 626 y 1.250 euros de multa– incluyen, entre otros, supuestos como "la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno" u "horas extraordinarias", así como la utilización de contratos temporales "respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente". Entre las faltas muy graves –de 6.251 a 187.515 euros de sanción– se cuentan algunas como el impago de las nóminas.

"No nos vale el sistema de 'mejor un contrato de dos horas que nada'", remacha el consejero, que explica que en el tiempo que queda hasta que la medida se ponga en marcha –el trabajo de los 32 nuevos inspectores comenzará el próximo día 17 de agosto– el Gobierno autonómico lanzará "una campaña de disuasión" para concienciar a los empresarios de la ilegalidad de estas prácticas. Esto, no obstante, no implica una "amnistía" para con las irregularidades que se hayan cometido, apunta Negueruela, que señala que su Consejería tiene pensado seguir manteniendo el foco en los contratos temporales y a tiempo parcial una vez finalizado este despliegue especial.

Sindicatos y patronal aplauden el plan

El consejero sostiene, no obstante, que la medida también beneficiará las empresas "que dialogan y que no precarizan" frente a las que incumplen las normas laborales, y presume de que el plan ha sido apoyado por sindicatos y patronal. Negueruela recalca que el plan es "el primero que se dirige contra la precariedad laboral", y explica que para su realización también han contado con la colaboración de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo de Baleares y del Ministerio de Empleo 

En este sentido, los agentes sociales se mostraron satisfechos con la puesta en marcha del programa. UGT calificó de "muy positiva" la medida, mientras CCOO aseguró que cumple una de sus "reivindicaciones históricas" y calcó los argumentos del Gobierno autonómico al asegurar que el plan debería "revertir la situación de explotación que afecta a un número importante de trabajadores de las islas y, a la vez, eliminar la competencia desleal" entre empresas. "La gente no trabaja sin contrato por que ella quiera, sino porque no se le ofrece", zanjó su secretaria general en Baleares, Katiana Vicens.

Por su parte, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, confió en que "las inspecciones resulten positivas" y sostuvo que "es muy importante defender a los trabajadores", mientras que la secretaria general de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa, Mari Àngels Marí, aplaudió el plan porque durante el verano en Baleares "muchas empresas contratan con intrusismo y competencia desleal".

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La fotografía que acompaña esta información fue sustituida por una de la isla de Mallorca para retirar la que, por error, había sido incluida originalmente y que en realidad correspondía a otra comunidad autónoma.

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