Comunitat Valenciana

Barberá da marcha atrás en su plan por destruir El Cabanyal

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en una conferencia de prensa este jueves.

sergi tarín

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reconoció ayer la vigencia de la Orden del Ministerio de Cultura de diciembre de 2009 que suspende los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal al considerarlos un expolio del patrimonio español. “Tendremos que adaptar nuestro plan a esa orden”, reconoció. Un plan que consiste en la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de la demolición de 1.600 viviendas de alto valor histórico y la ruptura en dos del antiguo barrio de pescadores de Valencia.

La rectificación llega después de tres años y medio de insumisión y acoso a la orden. En marzo de 2010, el Partido Popular (PP), con mayoría en Les Corts, aprobó una ley autonómica que validaba los derribos y planteaba un conflicto de competencias con la norma estatal. El clímax se alcanzó durante el 6 y 8 de abril cuando las excavadoras echaron abajo una decena de viviendas y la Policía cargó con dureza contra los vecinos que las defendían. Finalmente, el Gobierno de Zapatero presentó un recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el 14 de abril y, a continuación, suspendió cautelarmente las demoliciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó este jueves que el Consejo de Ministros había acordado retirar el recurso de inconstitucionalidad tras el compromiso de la Generalitat a derogar, en tres meses, la ley que lo motivó. “La sentencia del Consitucional debía estar preparada y con un contenido muy negativo para el Ayuntamiento. Han preferido evitar el ridículo”, explicó Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

Barberá, sin munición

De hecho, Barberá se había quedado sin munición, ya que en el transcurso de los tres años y medio, la primera edil, en su afán por tumbar la orden, recibió informes en contra del Defensor del Pueblo y la Abogacía del Estado. Y en julio de 2012, la Audiencia Nacional falló en contra del ayuntamiento y avaló la orden ministerial. Barberá también maniobró en contra de la entonces titular de Cultura, Ángeles González Sinde. En mayo de 2011 presentó una querella por “prevaricación y usurpación de funciones”. La denuncia fue desestimada cuatro meses después por el Tribunal Supremo.

“La orden ha salido reforzada. Barberá ha perdido”, apuntó Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal, plataforma vecinal que se opone a los derribos y apuesta por una rehabilitación integral de la zona. Pese a ello, la noticia fue recibida entre el vecindario con más incertidumbre que alegría. Tras la aprobación del plan por parte del ayuntamiento en 1998, el barrio ha sufrido un duro boicot administrativo que ha dejado un vastísimo paisaje de abandono y desolación. “La orden suspende los derribos, pero también obliga al ayuntamiento a adaptar su proyecto a la protección y rehabilitación del barrio. ¿Cederá también en esto Barberá?”, cuestionó Doménech.

Una multitudinaria manifestación en el Cabanyal pide un plan de futuro consensuado para el barrio

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