De Billy el Niño a Villarejo: la orden del Gobierno deja en el alambre más de medio centenar de medallas
El Gobierno da los primeros pasos para borrar de los listados honoríficos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los nombres de agentes que formaron parte del aparato de represión de la dictadura o cuyo comportamiento resulta incompatible con los valores que se presuponen para ostentar estos reconocimientos. Dos meses después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado orden a las direcciones generales de Policía Nacional y Guardia Civil para que inicien de oficio los procedimientos de revisión y retirada de "condecoraciones y recompensas policiales" a todos aquellos agentes marcados por su papel durante el franquismo o por haberse visto enredados en oscuras corruptelas a lo largo de los últimos años. Un movimiento que deja pendiendo de un hilo más de medio centenar de medallas policiales.
La retirada de este tipo de menciones siempre fue una promesa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el principio, cuando triunfó la moción de censura contra Mariano Rajoy. El problema es que no existía un mecanismo legal para articular dichas revocaciones. Eso fue, justamente, lo que se incorporó a través de la Ley de Memoria Democrática, una norma que en su artículo 42 abrió la puerta a la revisión de este tipo de medallas cuando quedase acreditado que el beneficiario, formando parte del aparato represivo durante la dictadura, hubiera realizado actos u observado conductas "manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos". Una acreditación que puede derivarse, por ejemplo, de sanciones disciplinarias, sentencias penales firmes o diligencias judiciales, de la Fiscalía o policiales.
Durante la última década, un buen número de viejos agentes que desarrollaron parte de su carrera durante la dictadura han estado en el ojo del huracán. Antonio González Pacheco es uno de ellos. Conocido con el mote de Billy el Niño por su supuesta facilidad para desenfundar la pistola, fue uno de los hombres fuertes de la extinta Brigada Político-Social. Su paso por las dependencias de la Dirección General de Seguridad estuvo marcado por sus brutales técnicas de interrogatorio. Culatazos con el arma, palizas y simulaciones de ahogamiento a los detenidos, entre otras prácticas, por los que nunca fue juzgado en nuestro país. En el expediente de este viejo policía, fallecido durante la pandemia, solo constan dos multas leves por malos tratos y coacciones. Además de cuatro medallas al mérito policial, todas pensionadas.
La jueza argentina María Servini cursó orden de detención internacional contra el exinspector. Sin embargo, González Pacheco no fue el único bajo la lupa judicial al otro lado del Atlántico. En octubre de 2014, la misma magistrada pidió también que se arrestara en el marco de la investigación derivada de la llamada Querella Argentina a los agentes Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona, Pascual Honrado de la Fuente, Félix Criado Sanz o Atilano del Valle. Viejos miembros de la Político-Social cuyos nombres acumulan al menos diecisiete condecoraciones policiales, según la información facilitada en su día por el Ministerio del Interior a este diario y los premios que aparecen reflejados en el propio Boletín Oficial del Estado.
De los siete expolicías, el más condecorado fue Martínez Torres: al menos siete medallas, dos durante la dictadura y las cinco restantes en democracia. Su nombre aparece en el testimonio dado en la causa argentina por José Aznar Cortijo: "Los interrogatorios en los sucesivos días eran de golpes entre dos o tres y aquí si recuerdo a uno que luego lo ascendieron, se llamaba Jesús Martínez Torres, joven que lo habían traído a Zaragoza". Le sigue, con tres distinciones, González Reglero. "A cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte y Jesús González Reglero), y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacían me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propiciaban con las propias cadenas con las que fui detenido", relató una víctima a la jueza Servini.
Pero la lista de señalados es todavía más larga. José Sainz González, quien fuera jefe de la Político-Social en Bilbao y luego director general de la Policía, también es un "antiguo conocido, de interrogatorios y torturas, para muchos militantes nacionalistas e izquierdistas", tal y como recordaba el periodista Alfredo Grimaldos en su obra Claves de la transición 1973-1986. Lo mismo que Conrado Delso en Madrid, "denunciado en dos ocasiones en la década de los setenta por malos tratos", según recoge el historiador Pablo Alcántara en "El águila gris: la policía política durante la dictadura franquista en Asturias y Madrid". O Roberto Conesa, otro de los jefes de la Político-Social que fue suspendido de empleo y sueldo a mediados de los cuarenta tras haber sido acusado por un superior de "haber infligido malos tratos a un detenido" y que se libró por los pelos a finales de los setenta de sentarse en el banquillo por hechos similares. Entre todos acumulan otras siete distinciones.
Para cuando Conesa recibió la Medalla de Oro al Mérito Policial, otro oscuro comisario había sido depurado ya por el régimen. Era Antonio Juan Creix, temido jefe de la BPS en Barcelona. Por sus manos pasaron desde dirigentes del PSUC como Miguel Núñez hasta intelectuales de la talla de Manuel Vázquez Montalbán o Luís Goytisolo. En su haber, cuatro condecoraciones, según desveló La Marea: tres cruces al Mérito Policial y otra más al Mérito de la Guardia Civil.
No es la única polémica dentro del Instituto Armado. Según desveló hace un par de años este diario, también con datos oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuatro de los guardias civiles que fueron condenados por el 23F han sido condecorados hasta en nueve ocasiones tras el golpe fallido a la democracia. Se trata de César Álvarez, Vicente Carricondo, Jesús Alonso y Pedro Izquierdo.
Según los hechos probados entonces por el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), los tres primeros fueron movilizados por el capitán Jesús Muñecas Aguilar, siendo Álvarez quien se quedó al cargo de "mantener el orden en el hemiciclo durante toda la noche". Izquierdo, por su parte, participó en el “servicio extraordinario” después de que se le asegurase que la "operación" iba de "servir al rey y la democracia". Tras ser absueltos por el CSJM, fueron finalmente condenados por el Supremo a un año de prisión por rebelión militar.
La policía política
El mecanismo de retirada incluido en la Ley de Memoria Democrática no está sólo pensado para viejos policías franquistas. De ahí que en su disposición adicional tercera se incluya que las resoluciones de concesión también pueden ser retiradas cuando "dejen de concurrir en la persona o entidad las circunstancias personales o profesionales que en su momento fueron determinantes de la concesión de la recompensa" o cuando quede acreditada la realización de actos "manifiestamente incompatibles con el ingreso o la permanencia" en las órdenes del mérito de Policía y Guardia Civil. Una redacción que abre la puerta a que se puedan retirar medallas a policías expedientados o, incluso, implicados en causas judiciales o en investigaciones.
Esto deja pendiendo de un hilo todos aquellos premios que se concedieron en su momento a aquellos agentes que formaron parte de la brigada política organizada durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Solo en el marco de la Kitchen, la operación parapolicial de espionaje montada contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, fueron procesados en el verano de 2021 el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, media decena de comisarios –José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo– y los inspectores Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago. Todos ellos cuentan en su haber con al menos dieciséis reconocimientos que les generan importantes beneficios económicos –algunas condecoraciones llevan aparejados pluses sobre la pensión vitalicia–.
En el expediente de Villarejo constan, según desveló el diario El País, media docena de distinciones concedidas por el Ministerio del Interior entre 1975 y 2013, de las cuales cinco fueron otorgadas cuando ya lideraba ese "clan policial mafioso" al que ha hecho referencia la Fiscalía Anticorrupción desde el estallido de la operación Tándem. Pino, por su parte, cuenta con al menos cuatro condecoraciones, entre ellas la Medalla de Plata que le fue concedida por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz tras su jubilación. El ex director adjunto operativo fue condenado el pasado mes de mayo a un año de prisión por facilitar al CNI, la UDEF y la Audiencia Nacional un pendrive con información de los Pujol sin advertir "a la autoridad judicial" del "origen ilícito de la prueba", un asunto que ahora se encuentra en el Supremo.
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Desde que entró en vigor, la Ley de Memoria ha ido desplegando sus primeros efectos. A comienzos de noviembre, se exhumaron de la Basílica de la Macarena los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, un paso que se dio pocos días después de que el Gobierno recordara por carta a la Hermandad que la norma prohíbe que "los restos mortales de dirigentes" del golpe de Estado de 1936" estén inhumados "en un lugar preeminente de acceso público". Pocas horas más tarde, era el Ministerio de Defensa el que anunciaba la creación de un Comité de Seguimiento de la Ley de Memoria. En su caso, la patata caliente se encuentra en la presencia de los militares franquistas José Moscardó y Jaime Milans del Bosch en una cripta del Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército.
La creación de una Comisión de Estudio y Análisis es lo que también ha dispuesto este viernes el Ministerio del Interior. Este órgano, que estará pilotado por la directora de gabinete de Marlaska, trabajará en tres frentes distintos. Por un lado, en la preparación de una reforma de la Ley de Asociaciones que incluya como causa de disolución o de revocación de la declaración de utilidad pública "la realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas". Por otro, en la revisión del proceso de retirada y eliminación de símbolos de la dictadura que se encuentren en los edificios de Interior. Y, en último lugar, en el establecimiento de las condiciones que permitan garantizar y facilitar el acceso a los archivos públicos y a la documentación que pudiera estar en manos del ministerio.
Mientras, desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Presidencia, siguen trabajando, entre otras cosas, en el diseño de un nuevo marco jurídico para Cuelgamuros, un complejo monumental que ha funcionado a lo largo de toda la democracia con un andamiaje jurídico levantado durante el franquismo. De esta nueva estructura legal dependerá, entre otras cosas, la continuidad de los monjes benedictinos en el popularmente conocido como Valle de los Caídos.
