Bruselas da ayudas de 25,5 millones a dos proyectos de acogida de migrantes en Ceuta y Canarias

Fachada del edificio Delors, sede del Comité de las Regiones, en Bruselas, Bélgica

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La Comisión Europea ha seleccionado dos proyectos españoles en la convocatoria de ayudas para asilo y migración, con una dotación total de 25,5 millones de euros que se destinarán a reforzar el sistema de acogida de personas migrantes y paliar la sobrecarga de la capacidad de acogida en Ceuta y Canarias, que es el resultado del aumento de la presión migratoria, según informa Europa Press.

Concretamente, el Ejecutivo comunitario ha concedido una ayuda de 9,77 millones de euros a un proyecto en Ceuta para reforzar la capacidad y la resiliencia del sistema de recepción, asilo y retorno en la ciudad autónoma. El otro proyecto seleccionado, ubicado en Canarias, ha recibido 14,77 millones de euros que se destinarán a apoyar los sistemas de recepción, asilo y retorno para nacionales de terceros países que llegan a las costas de las islas, con el foco puesto en aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

El Ejecutivo comunitario ha destinado un total de 171 millones de euros a proyectos de acogida, asilo y retorno en España, Chipre, Grecia, Italia y Polonia, en el marco de la convocatoria de ayudas del Fondo de Asilo, Migración e Integración.

En el caso de Chipre, esta ayuda se destinará a la construcción de alojamiento y centros previos a la partida en las zonas de Menoyia y Larnaka. En Italia, por otra parte, reforzará la capacidad de recepción, de la llegada a todas las fases de recepción, para proteger y cuidar a los niños y mujeres refugiados más vulnerables. En Grecia el apoyo financiero se dirige a mejorar la calidad de la asistencia de protección a los solicitantes de asilo en el sistema de acogida. Especialmente, se centrará en la gestión individualizada de personas en situación de vulnerabilidad así como la prestación de apoyo a la educación de los niños refugiados en edad escolar en el país.

El proyecto polaco, por último, se centrará en fortalecer un enfoque para proteger los derechos de prestación de asistencia directa y mejorar los procedimientos de retorno.

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