Las familias de las víctimas fueron claras desde el primer momento: "Hay que apuntar a cargos más altos". Lo dijeron cuando conocieron la primera imputación de ex altos cargos del Gobierno que Isabel Díaz Ayuso tuvo durante lo peor de la pandemia y lo repitieron cuando conocieron la segunda. Para las organizaciones que llevan cinco años peleando en los tribunales que se juzgue la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid no es suficiente con que lo sucedido recaiga únicamente en el autor y el firmante de los Protocolos de la Vergüenza. Ni en el presunto responsable del plan de choque que incluyó una medicalización que no se produjo. Ni en el responsable del Summa 112 o en los geriatras de enlace. Si en aquellos meses de marzo y abril de 2020 realmente se cometió un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios la orden tuvo que llegar desde instancias superiores, entienden. Por ahora, no han sido pocos los que han apuntado en este sentido a un nombre propio: el de Enrique Ruiz Escudero.
Este martes lo hizo el exasesor de Ayuso Antonio Burgueño. Pasaban pocos minutos de las 11.30 de la mañana cuando apareció, abriéndose paso entre una nube de periodistas, para acudir a declarar como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Fue su jueza titular, María Pilar Esteban Pellicer, la que le había citado en el marco de una querella presentada por dos mujeres que habían perdido a dos familiares durante lo peor del covid en la residencia Los Frailes. Las dos lo hicieron en las mismas condiciones: con una asistencia sanitaria que o bien llegó tarde o, directamente, no llegó. Ni dentro ni fuera del geriátrico. "Tendríamos que haber revisado científicamente la epidemia", dijo Burgueño a preguntas de los medios.
Una vez en la sala, y frente a la jueza, su declaración no duró mucho más tiempo. La Fiscalía interrumpió su relato porque el papel que según estaba narrando había jugado en las primeras semanas de marzo apuntaban a que el exasesor debía declarar en la causa como imputado, no como testigo. La decisión por ahora no se ha tomado, pero en caso de producirse sería la segunda vez que es llamado como investigado, puesto que ya le ocurrió la semana pasada, en el marco de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid ante el Juzgado de Instrucción número 3. Concretamente, esa causa parte de una petición de repertura de la Fiscalía Provincial de Madrid, que recibió parte —53— de los casos en los que se dividió la macrodenuncia que 109 familiares presentaron ante el Ministerio Público el pasado mes de octubre.
Según lo poco que le dio tiempo a narrar a Burgueño, fue la propia presidenta madrileña la que le llamó por teléfono el 10 de marzo para convocarle a una reunión que tuvo lugar sólo 24 horas más tarde. A la cita de aquel día 11 acudieron, además de ellos dos, el entonces consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el de Sanidad, Escudero, y la mano derecha de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Según ha detallado el abogado de las familias presente en la declaración, Carlos Castillo, Burgueño especificó que en aquel encuentro propuso la creación de un mando único sanitario liderado por Ayuso pero del que él era responsable nominal, nunca de manera oficial o formal. Fue ahí cuando se cortó su declaración.
En cualquier caso, no era esta la primera vez que el exasesor hablaba de aquella reunión. En la breve comisión de investigación que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid, aseguró que aquel día trasladó a los presentes que había que hacer "un plan" y que presentó un documento con "270 puntos" de los cuales "unos diez o quince se referían a la actuación de las residencias". Utilizó entonces la palabra "medicalización", pero no fue la primera vez que lo hacía. Tampoco llegó a producirse nunca. "No se llevó a cabo", dijo, en una entrevista en El País. En cualquier caso, Escudero estuvo presente. Y tuvo conocimiento de todo lo que se habló entonces.
Aprobación de los 'Protocolos de la Vergüenza'
La macrodenuncia que apuntó por primera vez a la vía del delito de denegación de asistencia santiaria por motivos discriminatorios explicaba claramente que ese supuesto abandono se había producido por la confluencia de varias decisiones que habían derivado en 7291 fallecimientos sólo entre los meses de marzo y abril de 2020. Por un lado, la no medicalización de las residencias; pero por otro, también, la existencia de unos protocolos que incluían literalmente criterios de exclusión y que impedían que los mayores que vivían en residencias y tuviesen un deterioro físico o cognitivo fueran trasladados a los hospitales, tuvieran o no covid.
Para explicar cómo se aprobaron y su funcionamiento, junto a Burgueño acudió también este martes a declarar a Leganés el que entonces fuera consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Fue recibido y despedido con los aplausos de los familiares que le esperaban a las puertas del juzgado, y en declaraciones a los medios detalló que había explicado lo mismo de siempre: que los Protocolos de la Vergüenza eran discriminatorios y que así lo trasladó a sus compañeros de Gobierno. En concreto, el exconsejero ha confirmado que los documentos fueron firmados por el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y que establecieron un sistema de geriatras de enlace, que hasta ese momento no había existido.
Y al igual que Burgueño, apuntó a Escudero. En concreto, Reyero ha señalado que el 21 de marzo se dirigió a él —los protocolos se firmaron los días 18, 20, 24 y 25 de marzo— y al propio Mur para decirles que si esas órdenes se aplicaban los mayores que vivían en las residencias morirían "de forma indigna".
Además, y según consta en la macrodenuncia, de más de 160 páginas, la Consejería de Sanidad en manos de Escudero conocía de primera mano el estado de las residencias prácticamente a tiempo real. La de Políticas Sociales, que dirigió Reyero hasta octubre de 2020, elaboraba dos excel con datos pormenorizados de las 25 residencias de gestión pública y de las 450 en manos privadas. Día a día recopilaba información detallada que recibían, entre otros, en Sanidad. Y entre los datos que se incluían en cada comunicación estaban, por ejemplo, el número de residentes positivos y en aislamiento, la plantilla del centro, la necesidad de personal, de materiales de proyección y, también, el número de ancianos fallecidos, distinguiendo entre los que habían muerto en el hospital o en el propio centro.
Mur declaró que Escudero aprobó los protocolos
En esta misma causa acudirán el próximo 17 de junio, pero en calidad de imputados, los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y respectivos firmante y autor de los Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el director del Summa 112 en el momento en el que sucedieron los hechos, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Los dos primeros, además, ya acudieron como investigados en la primera causa abierta por el mismo delito en Madrid, pero consiguieron aplazar su declaración porque sus abogados argumentaron que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente con suficiente antelación y que, por tanto, no habían podido preparar su defensa.
Habrá que esperar a ver si la estrategia del próximo día 17 pasa por lo mismo, pero en cualquier caso no será en ningún caso esa la primera vez que Mur se explique ante un juez. Las otras vecez que lo ha hecho, siempre como testigo, ha sido claro: firmó los protocolos, pero le trasladó siempre a Escudero su oposición a los mismos.
La primera vez que lo hizo fue en marzo de 2023, en el marco de la investigación de cuatro delitos —homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva— presuntamente cometidos tras el fallecimiento de tres residentes del centro DomusVi Albufera. Entonces, Mur fue claro. Según aseguró ante el juez, él no estaba de acuerdo con el criterio que recomendaba no trasladar al hospital a las personas dependientes, pero que firmó el documento "para proteger a los profesionales de la Sanidad", dándoles así una guía homogénea para aplicar. A preguntas entonces del abogado de Marea de Residencias —la asociación detrás de la causa— admitió que todo lo relacionado con el Protocolo lo comentó con "su superior", el consejero de Sanidad, y que Ruiz Escudero dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que el Protocolo se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad.
La jueza abre la puerta a imputar a Burgueño en el segundo caso que investiga la discriminación en residencias
Dos años antes, ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, aseguró que el Gobierno de Ayuso tampoco permitió que los ancianos que no podían ser derivados fuesen atendidos ni en el hospital de campaña montado en Ifema ni en los hoteles medicalizados. Textualmente, señaló, "se dijo que se trasladasen a Ifema personas sin problemas para actividades básicas de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Y lo mismo para los hoteles medicalizados".
Mur fue apartado de su cargo en mayo de 2020 y le sustituyó Peromingo, hasta ese momento geriatra de hospitales de Quirón, una de las principales concesionarias de la sanidad madrileña. Actualmente, además, es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital, también, de Quirón.
En cualquier caso, en el supuesto de que alguna causa elevara la responsabilidad de la posible discriminación sanitaria en las residencias de mayores, a Escudero sólo lo podría investigar el Tribunal Supremo, puesto que está aforado como senador por designación autonómica.
Las familias de las víctimas fueron claras desde el primer momento: "Hay que apuntar a cargos más altos". Lo dijeron cuando conocieron la primera imputación de ex altos cargos del Gobierno que Isabel Díaz Ayuso tuvo durante lo peor de la pandemia y lo repitieron cuando conocieron la segunda. Para las organizaciones que llevan cinco años peleando en los tribunales que se juzgue la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid no es suficiente con que lo sucedido recaiga únicamente en el autor y el firmante de los Protocolos de la Vergüenza. Ni en el presunto responsable del plan de choque que incluyó una medicalización que no se produjo. Ni en el responsable del Summa 112 o en los geriatras de enlace. Si en aquellos meses de marzo y abril de 2020 realmente se cometió un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios la orden tuvo que llegar desde instancias superiores, entienden. Por ahora, no han sido pocos los que han apuntado en este sentido a un nombre propio: el de Enrique Ruiz Escudero.