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Justicia

Cabreo de jueces y funcionarios con el ministro Catalá por la “chapuza” de la remodelada sede de la Audiencia Nacional

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso de los Diputados.

Declaraciones pospuestas por el mal funcionamiento de los sistemas de grabación, ausencia de salas de espera o de visita para abogados o público en general, goteras, juzgados entremezclados en la misma planta, falta de cobertura de la telefonía móvil y potenciales problemas de seguridad. De esta forma tienen que trabajar desde hace semanas los jueces y funcionarios tras su traslado a la remodelada sede de la Audiencia Nacional, en la madrileña Calle de Génova.

Estos son algunos de los motivos por los que los sindicatos CCOO, STAJ, CSI-F, UGT y CIG han convocado a los funcionarios a las concentraciones de protesta que se desarrollarán a lo largo de la próxima semana frente a la nueva sede entre las 10:00 y las 13:00 horas, por lo que la concentración coincidirá el jueves con la inauguración del edificio, prevista para próximo jueves y que contará con la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Precisamente, los funcionarios muestran su cabreo con el ministro, que en plena precampaña se hará la foto delante de la nueva Audiencia Nacional, cuyas obras de remodelación han acabado por disparar su presupuesto hasta los 27 millones, casi el doble de la suma presupuestada (14 millones) inicialmente por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

Salas pequeñas

De hecho, uno de los principales avances previstos en relación al anterior edificio, que era que cada Juzgado Central de Instrucción dispusiera de una sala propia para que se desarrollaran ahí las declaraciones, se ha quedado a medias, ya que son "muy pequeñas", explica a este diario un magistrado. De esta forma, las comparecencias que tengan una acumulación de más de 15 personas tendrán que desarrollarse en otro lugar, que todavía no se ha determinado.

Según ha podido saber infoLibre, algunos jueces tiene intención de reclamar la cesión de otras salas, que sí cumplirían los requisitos para declaraciones con más abogados, como por ejemplo son los casos Gürtel, Bárcenas o Banco de Valencia, por poner solo tres ejemplos.

La decisión de que el traslado de los funcionarios desde la Calle Prim a Génova, ambas en Madrid, ha provocado modificaciones en las agendas de varias causas. En concreto son los casos Banco de Valencia y Gowex, ambos instruidos por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz.

Precisamente, este magistrado sufrió el mal funcionamiento de los sistemas de grabación. Así, en la reciente comparecencia del concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Zapata, la declaración como imputado no pudo ser grabada. Al final el juez recurrió al viejo método de que un funcionario tomara nota de los testimonios. En el caso Banco de Valencia, las declaraciones de los peritos, que estaban señaladas desde hace meses, tendrán que posponerse. 

Protestas de los sindicatos

Además, los funcionarios acusan a los diferentes titulares del Ministerio de Justicia en el Gobierno del PP de no haber contado con el asesoramiento de los profesionales de la Audiencia Nacional. Catalá, que en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 6 de octubre con las consejeros de las Comunidades Autónomas apostó por la digitalización de los juzgados desde el 1 de enero, se encontrará el próximo jueves con una Audiencia Nacional bien diferente, en la que los funcionarios se desplazan entre las plantas con carritos llenos de folios en carpetas de los sumarios que se apilan en las esquinas.

Pero no todas las "chapuzas", tal y como califican los funcionarios la inauguración apresurada del edificio, tienen fácil solución, como la falta de cobertura de los teléfonos móviles o los problemas de las granaciones. En todas las dependencias no hay ni una sala de espera o de visita para los abogados o para el público en general. De esta forma, las visitas tienen que esperar en pasillos o en las propias dependencias que ocupan los funcionarios. Además, fuentes de la Audiencia Nacional explican a infoLibre que el espacio en el que se encuentran los juzgados centrales de instrucción apenas permitiría incluir a nuevos empleados públicos que pudieran llegar en el caso de ser necesario un refuerzo.

Problemas de seguridad

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Javier Hernández, responsable de Acción Sindical del Sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO, va más allá en sus críticas, al rechazar la ubicación de los funcionarios en el edificio, que a su juicio permite a las personas que visitan el mismo ver el contenido de las pantallas de sus ordenadores: "Además de un problema de seguridad, se podría dar el caso, nada raro, de que alguien que llegue a un juzgado se entere de lo que está escribiendo el funcionario, y eso podría tener consecuencias en cualquier sumario", destaca Hernández, que sostiene que hay una descompensación entre el tamaño de las estancias de los funcionarios y los despachos. En este sentido, esta diferencia se determina por el tamaño de los despachos de algunos jueces, que cuentan incluso con cuarto de baño propio.

Y una prueba de esta "descompensación", según el representante sindical de CCOO, es que el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional ha sido trasladado a la sede de Goya, en la que están ubicados los juzgados de lo Civil. "Entre tanto despacho no han encontrado sitio para el Juzgado de Menores, que ejerce las funciones de Vigilancia Penitenciaria", se lamenta Javier Hernández, que también alerta del mal funcionamiento de la calefacción y del aire acondicionado.

Tanto el sindicato CCOO, mayoritario en el área de Justicia, como el resto acusan a Catalá de mirar para otro lado: "Le hemos enviado numerosas cartas y solo obtenemos respuestas amables, pero sin embargo la inauguración de la sede la mantienen para el día 22, justo antes de que comience la campaña electoral", relata Hernández, que hace hincapié en la pésima situación en la que se encuentran los funcionarios cuyo puesto de trabajo está en el semisótano: "Sufren muchos ruidos que hacen muy difícil el desempeño de sus labores. Así no pueden trabajar", se lamenta el responsable de Acción Sindical del Sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO.

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