La política española rara vez concede treguas. Y esta vez la sacudida judicial que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado solo unas horas después de que el PP empezara a digerir su victoria más amarga del nuevo ciclo electoral, la del presidente andaluz Juanma Moreno. El barón del PP ganó holgadamente, pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta que hasta entonces tenía, y por tanto necesita de nuevo a Vox para ser investido, como ya ocurrió en 2018 cuando llegó a la Presidencia de la Junta tras la irrupción de los ultras. Un peaje que el andaluz quería evitar, pero que deberá pagar si quiere seguir gobernando.
La imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, citado a declarar el 2 de junio por el juez José Luis Calama, permite al PP desplazar el foco. La Audiencia Nacional investiga al expresidente por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y otros conexos en una causa vinculada al rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Zapatero negó de inmediato a través de un vídeo cualquier irregularidad y defendió que toda su actividad pública y privada se ha desarrollado "con absoluto respeto a la legalidad".
La coincidencia temporal permite al PP desplazar la conversación sobre Vox y sobre el precio que está dispuesto a pagar Moreno para seguir gobernando. El lunes, el presidente andaluz insistía en que quería un gobierno en solitario, pero Vox le dejaba claro poco después que no regalará sus votos. Su exigencia estrella, la "prioridad nacional", vuelve a situarse en el centro de la negociación. En privado, según apuntaban fuentes conservadoras, dirigentes de Génova y barones del PP presionaron a Moreno para que acepte esa propuesta xenófoba, como ya han hecho otros líderes territoriales.
La irrupción del caso Zapatero permite al PP pasar de pantalla, como ya sucedió la pasada semana con la gestión del hantavirus. Los conservadores pueden volver a su terreno preferido, la denuncia de la corrupción socialista, la exigencia de explicaciones al Gobierno y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, rechazan presentar una moción de censura que le exige Vox. En la dirección del PP celebran que lo que era una negociación incómoda con Vox pueda quedar tapada informativamente por el caso judicial del exdirigente socialista. Así, encuentran munición justo cuando tenían que explicar por qué su partido, después de ganar con claridad en Andalucía, aumenta su dependencia de la ultraderecha.
El PP tratará de estirar la imputación para diluir el foco sobre Moreno
En todo caso, el PP pretende explotar políticamente la imputación y el propio Feijóo se lo recriminará a Sánchez en la sesión de control el miércoles, según avanzan fuentes de su equipo. Este martes, la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, aseguró que "Zapatero no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al Gobierno de España" y definió al expresidente como "el líder espiritual e ideológico de Sánchez" y "muñidor de esa mayoría Frankenstein". Feijóo abundó en esa línea al escribir en X que "Sánchez llegó al Gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero" y que "la corrupción es la razón fundacional de este Gobierno".
El resto de la cúpula conservadora siguió el mismo camino. El vicesecretario Elías Bendodo aseguró que "Zapatero es el muro de carga del proyecto sanchista y hoy se ha derrumbado" y encadenó el golpe judicial con las derrotas electorales del PSOE: "Derrota tras derrota, redada tras redada". La imputación del expresidente, en suma, permite al PP transformar una semana que empezaba hablando de su dependencia de Vox en una ofensiva general contra Sánchez. Y fuentes populares avanzan que esto es solo el principio. “Nuestra obligación no es quemar todas las balas el mismo día sino amplificar el daño durante varios”, apuntan.
También intervino el expresidente José María Aznar, aunque evitó hablar sobre los hechos que se imputan al socialista. "Sobre ese tema no tengo nada que decir y no voy a decir nada. En España los jueces son independientes y las decisiones judiciales se toman en función de los hechos que conocen". Lo cierto es que él mismo pactó una comisión del 1% con el grupo Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Muamar Gadafi en 2010.
El PP sitúa al PSOE como el “partido más radical” por detrás de Bildu
Pero el calendario judicial no elimina el político. La investigación a Zapatero tendrá su recorrido en los tribunales, con todas las garantías y con la obligación de distinguir entre indicios, acusaciones y hechos probados. La investidura andaluza, en cambio, tiene una urgencia institucional inmediata, ya que el Parlamento se constituirá el próximo 11 de junio. Y ahí Moreno debe decidir si resiste la presión de Vox o acepta una agenda que contradice su pretendida centralidad.
La paradoja es que Zapatero, que durante la campaña había denunciado la "prioridad nacional" como una propuesta discriminatoria e inconstitucional, aparece ahora en el centro de una investigación judicial que da oxígeno político a quienes quieren imponerla. Vox no necesita demostrar nada sobre el caso Plus Ultra para utilizarlo como contexto. Le basta con que el PP tenga menos presión mediática sobre la negociación andaluza y más incentivos para endurecer el discurso contra el PSOE, al que fuentes de la dirección del PP ya sitúan como el “partido más radical” del arco parlamentario por detrás de EH Bildu. Por ese motivo, alegan que Moreno no puede reclamar su abstención de cara a la investidura.
La derecha sabe que las crisis judiciales socialistas cohesionan a su electorado y pueden llevar a la abstención al de izquierdas, un temor expresado también por cargos socialistas. Así, la imputación de Zapatero llega como una tabla de salvación que permite presentar al PP como “alternativa moral al sanchismo”, en palabras de dirigentes del partido, justo cuando está a punto de comprobarse que su alternativa institucional únicamente pasa por depender de Abascal. Y la "prioridad nacional", que Moreno preferiría mantener lejos de San Telmo, vuelve a llamar a la puerta: el caso de Zapatero permite cambiar el titular del día, pero no cambia su aritmética.
Las otras acusaciones del PP sobre Zapatero
No es la primera vez que las investigaciones judiciales alteran el tablero interno del PP o le permiten reordenar el foco. El caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, también coincidió con un momento incómodo para la derecha madrileña. La investigación del juez Juan Carlos Peinado comenzó en abril de 2024, semanas después de que se conociera la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Aquella secuencia permitió al PP y a su entorno cambiar el eje del debate, del novio de Ayuso a la esposa de Sánchez. Y ello también derivó en la condena al entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
El PP hizo lo mismo tras el éxito de la gestión del barco con el brote de hantavirus. En plena campaña andaluza y tan sólo unos días antes de que se conociera su imputación, Feijóo ya elevó el tono contra el expresidente socialista en un mitin, en el que le acusó de haber usado la Presidencia del Gobierno para "arrastrar la imagen de España" y, "al parecer", para "llevarse dinero sucio”. Los conservadores también le acusaron, sin pruebas, de "pilotar el plan político para normalizar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez", de participar "en negociaciones con EEUU para buscar una transición en Venezuela", de estar "entre los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro" o de reforzar su seguridad a través de Interior.
La política española rara vez concede treguas. Y esta vez la sacudida judicial que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado solo unas horas después de que el PP empezara a digerir su victoria más amarga del nuevo ciclo electoral, la del presidente andaluz Juanma Moreno. El barón del PP ganó holgadamente, pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta que hasta entonces tenía, y por tanto necesita de nuevo a Vox para ser investido, como ya ocurrió en 2018 cuando llegó a la Presidencia de la Junta tras la irrupción de los ultras. Un peaje que el andaluz quería evitar, pero que deberá pagar si quiere seguir gobernando.