Día Internacional contra la Violencia de Género

De la calle a las instituciones: éxitos y limitaciones en la política contra la violencia machista

Manifestación contra la violencia de género.

Los avances en la lucha contra la violencia machista se han gestado en las calles, pero su éxito sólo ha sido posible desde el trabajo institucional. El movimiento feminista bebe del activismo que las mujeres han articulado a través de la presión de base, las movilizaciones organizadas y las redes de apoyo en los barrios. A su vez, una de las conquistas de la lucha feminista consiste en entrar en las instituciones para hacer efectivas las demandas del colectivo, con las victorias pero también las limitaciones y las contracciones que ello implica.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra cada 25 de noviembre, la Policía Nacional ha publicado en el Boletín Oficial del Estado un código que recopila toda la legislación sobre violencia de género. Las dos normas que sentaron base fueron impulsadas en el año 2004 y 2007, con la Ley Orgánica contra la Violencia de Género y la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ambas articuladas bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Este 25N infoLibre habla con activistas y representantes de los principales partidos sobre los logros contra la violencia machista y las dificultades de llevar la lucha feminista a la agenda política.

Las dificultades de hacer política feminista

Nuria Varela es periodista y activista, pero en el año 2008 pasó a desarrollar su trabajo en el terreno institucional, a través de la puesta en marcha del Ministerio de Igualdad de la mano de la ministra socialista Bibiana Aído. "El feminismo institucional ha sido difícil", dice en conversación con este diario. "El paso de estar ya fue complicado, pero es necesario: hay que concretar en política lo que demanda el movimiento".

En el momento en que las mujeres feministas entran en las instituciones haciendo políticas de igualdad, el movimiento "propone una crítica al poder, un cambio de sistema desde los cimientos". Varela entiende que el colectivo feminista "no pretende pintar las paredes, sino cambiar las estructuras". Ahí surgen, como consecuencia, "resistencias estructurales del propio sistema", también por las formas de hacer política y el núcleo duro en la toma de decisiones. Y por este motivo es necesaria una mayor "masa crítica". "Si sólo hay una mujer feminista con ganas y conocimiento, lo único que consigue es agotamiento para ella".

"Límites y contradicciones, muchas". Habla Beatriz Gimeno, activista feminista y por los derechos LGTBI. Actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y miembro del área de Feminismos de la formación morada. "Nos encontramos en un momento en que el feminismo tiene una presencia social importante", sostiene, pero eso conlleva asimismo que "su lenguaje más banal y menos transformador se asuma por actores que no son feministas". Como consecuencia, añade la activista y política, "todo el mundo menciona al feminismo pero al mismo tiempo parte de esa gente, partidos o actores, no tienen ánimo de transformar nada". "Da la sensación de que todas decimos lo mismo y no es así", lamenta Gimeno. Todo ello, sentencia, se suma al "permanente recorte" y a la escasa voluntad por incidir en la educación. "La palabrería se combina con no hacer nada", censura.

Ángeles Álvarez comparte una carrera como activista por los derechos de las mujeres. Es, además, diputada del PSOE y secretaria de Igualdad y Diversidad de los socialistas. En conversación con este diario, reflexiona sobre la entrada en política por parte de las mujeres feministas. Su actividad en el terreno político supone una "toma de conciencia de la importancia de la presencia femenina, que aporta otro tipo de reflexiones y pone en la agenda política temas que, hasta entonces, se suponía que eran de mujeres". En este sentido, su labor consiste en "ayudar a los compañeros y a la sociedad" a entender que se trata de una cuestión democrática.

Los cambios, no obstante, "no se pueden producir exclusivamente a través de las leyes", sino que es fundamental el "cambio de una cultura que está relacionada con los valores patriarcales". Las leyes sirven para "acelerar los procesos de cambio" pero no a zanjarlos. Patricia Reyes, diputada por Ciudadanos y responsable del Área de Mujer y LGTBI, también percibe la necesidad de un cambio en la sociedad. "Vivimos en una sociedad machista y eso requiere un cambio cultural que nos llevará muchos años", analiza, y añade que "ningún país del mundo es igualitario" pese a los avances de las mujeres en la conquista de derechos. "Cada vez más mujeres estamos ahí", relata la diputada de la formación naranja, "y todas intentamos de nuestros partidos ir consiguiendo más referentes femeninos y cumplir objetivos". 

Para Carmen Dueñas, portavoz de la Comisión de Igualdad del PP en el Congreso, las dificultades son "relativas". "Afortunadamente hemos conseguido avanzar mucho en las reformas llevadas adelante por los grupos políticos responsables del Gobierno, en este caso PP y PSOE", opina la conservadora. No obstante, Dueñas se suma a sus compañeras a la hora de argumentar que el cambio tiene que producirse en "la sociedad en su conjunto", de forma que toda ella "debe implicarse".

Cumplir las leyes

A pesar de las dificultades, observa Nuria Varela, "los éxitos son muchos". Menciona leyes que, aunque "mejorables", son "muy dignas". Se refiere, entre otras, a la Ley contra la Violencia de Género, que define por vez primera en 2004 "la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia". Las cinco feministas consultadas por este diario coinciden en alabar las leyes confeccionadas por los socialistas, medidas pioneras que marcaron un antes y un después. Sin embargo, todas ellas lamentan el escaso cumplimiento de las mismas.

"Leyes no hacen falta muchas más", explica Gimeno. El problema, agrega, es que "no se cumplen" porque algunas de ellas, como la Ley de Igualdad, "no obligan en algunos casos de manera taxativa poniendo multas". El resultado es que "no hay paridad" en prácticamente ningún ámbito: "Ni en empresas, consejos de administración, campañas institucionales, ni en los salarios". El motivo, es que "hay una tendencia en todas las instituciones del Estado a no cumplirlas" porque hacerlo "conlleva acabar con los privilegios masculinos, y acabar o combatir los privilegios siempre es duro, hay un sector que se va a oponer de manera activa o pasiva". Esta oposición, que parte de las estructuras culturales, se produce porque a través del feminismo "tocas algo suyo, el privilegio, para decir qué es molesto, para decir desde dónde se nombra, desde dónde se legisla y desde dónde se está en el mundo".

También Patricia Reyes percibe que las leyes no se cumplen debido a que "no hay obligatoriedad" de hacerlo. La diputada cree que debería haber "un seguimiento por parte de los poderes públicos para que se cumpla todo lo que está previsto". Sin embargo, los planes de igualdad, que son obligatorios en las empresas con un plantilla superior a los 250 trabajadores, no siempre se desarrollan e implantan en las compañías: sólo el 10% de ellas cumplen con la ley. "Dejadez y falta de transparencia absoluta", detecta Reyes como causantes del problema. La representante de Ciudadanos recuerda que hasta el pasado mes de octubre el Congreso ni siquiera contaba con su propio plan de igualdad.

Ángeles Álvarez entiende que existe una arquitectura institucional "construida y constituida a favor de la igualdad" pero no cesan, en su opinión, los "intentos por derrocarla". "Ha resistido porque son instrumentos que la sociedad ha ido haciendo suyos", de modo que esa estructura se ha consolidado como una herramienta que "ayuda a que cambien las cosas, favorece a la democracia y es imprescindible. Por eso aguantamos", explica. No obstante, lamenta, "con el tema de la violencia ha habido grandes problemas y resistencias al cambio". 

En este sentido, existe una oposición "brutal por parte de la derecha y del neoliberalismo". En 2011, insiste, "se congelaron por completo las políticas contra la violencia y para la igualdad, todo se paró, la falta de diligencia y de inteligencia del Gobierno se sustentó en retroceso". Y por ello se han producido "resistencias en la aplicación de las leyes". El PP, censura Álvarez, "en materia de violencia no ha hecho nada nuevo, sólo una reforma para introducir a los menores como víctimas de violencia, pero en términos prácticos no se ha sustentado en nada porque era algo que ya reconocía la Ley contra la Violencia de Género". Los conservadores, prosigue, "hacen literatura legislativa", pero faltan "recursos humanos, materiales y económicos". El artículo 19.5 de la citada ley establece que "también tendrán derecho a la asistencia social integral a través de los servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida", pero en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una Ley de la Infancia y la Adolescencia para conceder a los menores hijos de mujeres agredidas el estatus de víctimas.

La situación es que "se ha conseguido la igualdad formal, pero eso no te da automáticamente la igualdad real", sostiene Varela, "la ley no cambia todo lo que hay que cambiar". El trabajo sobre el marco legal, añade, fue el primer paso necesario, pero "ahora es el momento de dar otro más profundo".

Pacto contra la violencia: alcanzar consensos

En torno a la cuestión de voluntad política se fraguó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace dos meses con la abstención de Unidos Podemos. Sobre esta cuestión habla Beatriz Gimeno, quien reconoce estar a favor de la negociación entre adversarios políticos como forma de alcanzar metas. Sin embargo, añade, "mi posibilismo es de máximos, no de mínimos". Gimeno critica que "el pacto no contempla al movimiento feminista como actor principal en el desarrollo de políticas públicas feministas" y tampoco incluye la violencia sexual como forma de violencia machista. Aunque admite que un Pacto de Estado "tiene que ser asumido por todos los partidos, y por tanto no va a ser de máximos" también recalca que "en cuestiones feministas" se dan una serie de requisitos de necesario cumplimiento. Por otro lado, añade, "la abstención permitía que se aprobara", es decir, se trata de una postura crítica pero activa.

Patricia Reyes coincide en que "pactar es renunciar a cuestiones importantes y que consideras tuyas", pero por encima de ello, el Pacto de Estado acoge "medidas buenas que ayudarán a luchar contra la violencia de género". A su juicio, el acuerdo "se ha quedado un poco cojo" porque a su partido le habría gustado "una ley ambiciosa que recogiera todas las formas de violencia de género".

Más satisfecha se encuentra, por el contrario, la conservadora Carmen Peñas. "Lo bueno es que a pesar de los matices hemos conseguido con absoluta generosidad un paquete importante de medidas que tienen como protagonista, no a ninguna de las formaciones, sino sólo a las mujeres víctimas". En este sentido, cree que "las limitaciones van siendo superadas, y hay que hacerlo por la realidad social, por las que denuncian y las que no".

Los consensos a nivel político conllevan en muchos casos renunciar a las exigencias ambiciosas que provienen de los movimientos sociales. Renunciar a escenarios ideales genera contradicciones entre las mujeres feministas que trabajan desde las instituciones, y los límites que deben sortear son manifiestos. "En política necesitas consenso y eso significa que no vas a conseguir un escenario tal y como imaginas", explica Varela, pero eso "no es negativo, porque consigues un éxito cuando cambias la situación legal pero además la sociedad hace suyo ese cambio". Un éxito importante, en esa línea, fue la modificación de la ley del aborto. "No sólo se modificó sino que la sociedad la hizo suya, y cuando el ministro Alberto Ruiz Gallardón intenta cambiarla la sociedad le dice que no". A pesar de que no sea una norma ideal para el movimiento feminista, "es una ley digna y necesaria". Es imposible, en este contexto, conseguir que la sociedad haga suya una ley o protesta feminista "si no la explicas bien, negocias y hay consensos".

Conexión con las calles

Para Beatriz Gimeno, el vínculo entre las instituciones y las calles lo es todo. "Como persona que ha estado dentro y fuera, si el activismo no marca el camino nos perdemos". Es precisamente desde fuera donde "tiene que surgir el impulso transformador" y es en las instituciones donde se tiene que recoger el mandato. "Los partidos no aprueban las cosas porque sí, necesitas el apoyo de la gente en la calle", sostiene. "Desde fuera no hay límites en las reivindicaciones" y por eso son los movimientos sociales los que marcan la agenda política. "Un partido desvinculado de los movimientos sociales es una empresa" y ahí es donde la barrera "entre activistas y políticas se borra un poco, porque las mujeres implicadas de manera potente son activistas".

Y como activista se define también Ángeles Álvarez, quien asegura no haber dejado el activismo. "Creo que la única manera que tenemos de conectar con la realidad es a través de las personas que defienden esos intereses", señala la socialista, quien apuesta por "hablar con las organizaciones que están atendiendo a las mujeres y las que tienen información de los casos". Si alguien pretende "hacer política de igualdad fuera del circuito de esas personas que marcan la agenda y las prioridades", concluye, se está equivocando de camino.

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