Casado propone una vía de dudosa legalidad para quitar las competencias de Prisiones a Cataluña

"Recuperaremos las competencias en materia de administración penitenciaria, que el PSOE transfirió en el año 1983 a Cataluña para así garantizar el cumplimiento de las condenas y que no hay tratos diferenciados ni discrecionalidad para la aplicación del tercer grado". Es una de las nueve iniciativas legislativas que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que su formación aplicará en el momento en el que lleguen a la Presidencia del Gobierno para hacer frente a la situación en Cataluña. Y la expuso el mismo día que se hizo pública la sentencia del procés, en la que se contemplan penas de hasta 13 años de cárcel por sediciónprocés.

El líder de los conservadores no explicó en ese momento cómo llevaría a cabo esa "recuperación de competencias" que se antoja altamente complicada. Porque el proceso implicaría que se aprobase una reforma de la Constitución o una reforma del Estatut catalán que cuente con el apoyo de al menos dos tercios de los diputados del Parlament. 

Este lunes, Casado protagonizó un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press y fue cuestionado sobre la fórmula mediante la que él recuperaría esa compentencia de la Generalitat para el Estado central. "¿No hay que reformar el Estatuto?", le preguntó el moderador de la jornada. "El Estatuto de Autonomía y probablemente hubiera que hacer una tramitación parlamentaria de esa ley", respondió el líder del principal partido de la oposición.

Acto seguido, tras declararse partidario de "modificar las leyes que haga falta", puso sobre la mesa una fórmula para hacerlo: la del artículo 150.3 de la Constitución.

"El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad", reza el citado artículo. Los constitucionalistas consultados por infoLibre coinciden en que Casado ha hecho "una interpretación forzada" de la ley en tanto en cuanto la gestión de las instituciones penitenciarias de la Generalitat está en el Estatut.

En su exposición, Casado recordó que los artículos 148 y 149 de la Constitución hablan, repectivamente, de las competencias exclusivas del Estado y de las que son "transferibles en su su administración, no en su titularidad". Y que el 150 "habla de la armonización de las mismas". "Por tanto, si hay una deslealtad en la administración de alguna competencia que sigue siendo estatal pero que ha sido transferida su administración del Estado a una autonomía, se puede armonizar vía el 150.3 si hay causas que lo motivan".

"Reforzamiento institucional"

A su juicio, ahora estamos ante una de esas "causas" y, por tanto, "se puede hacer rápido armonizando esa competencia". No obstante, en todo caso, estaría dispuesto a abordar una reforma estautaria: "Pero yo no rehúyo de un debate en el cual el marco estatutario y constitucional para Cataluña, aglutine todo lo que tiene que ser un reforzamiento institucional en esa comunidad autónoma".

Los expertos en derecho constitucional consultados por este diario apuntan a que esta pretensión de los conservadores sólo tendría una vía posible de articularse: con una reforma del Estatuto.

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona (UB), considera que Casado ha hecho una interpretación "muy forzada" de las leyes de armonización.

En este contexto, señala que la competencia en materia de instituciones penitenciarias de la Generalitat está en el artículo 168 del Estatuto de autonomía y que "privar a la Generalitat de esas competencias, comportaría reformar el Estatuto".

Arbós asegura que asiste con preocupación a la "banalización" de lo que significan los estatutos de autonomía y recuerda que si hay quejas o irregularidades en lo que se refiere al régimen penitenciario ahí está el recuso a los tribunales de justicia para denunciar.

Otras fuentes jurídicas enmarcan esta vía avanzada por Casado en el contexto electoral en el que nos encontramos, a menos de un mes para las elecciones generales. E insisten en que dado que la gestión de las prisiones está en el Estatuto de Autonomía, sería ese texto el que habría de ser modificado.

Destacan, además, que el artículo 150.3 sólo permite establecer principios para armonizar normas autonómicas y en el caso nos ocupa, el de las competencias penitenciarias, no hay nada que armonizar puesto que se trata de una competencia asumida por la Generalitat.

"Único" y "frustrado" precedente

En la sinopsis del artículo 150.3 de la Constitución que puede consultarse en la página web del Congreso de los Diputados se recuerda que este precepto, que se refiere a las leyes de armonización, tiene un "único" y "frustrado" precedente. Se trata del Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). El texto de esta ley, que recibió luz verde del Congreso en junio de 1982, fue impugnado a través del recurso previo de inconstitucionalidad, una figura que después fue suprimida. Una sentencia del Tribunal Constitucional con fecha del 5 de agosto de 1983 declaró inconstitucional buena parte de la LOAPA.

En los fundamentos jurídicos de esta sentencia se recoge que el 150.3 "constituye una norma de cierre del sistema" y que es "aplicable sólo a aquellos supuestos en que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general, pues en otro caso el interés que se pretende tutelar y que justificaría la utilización de la técnica armonizadora se confunde con el mismo interés general que ya fue tenido en cuenta por el poder constituyente al fijar el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas". "Las Leyes de armonización vienen a complementar, no a suplantar, las demás previsiones constitucionales", subraya.

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Cárceles fuera de Cataluña

Por otra parte, y también en materia de prisiones, Casado pidió al Gobierno socialista este lunes que contemple la posibilidad de trasladar a los presos del procés a una cárcel ubicada fuera de Cataluña, ante la posibilidad de que después de las elecciones generales del 10N, la Generalitat inicie la tramitación de la excarcelación de los mismos. Se refería a una información de El Mundo en la que se señala que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene previsto dar ese paso tras las generales.

"Los tratamientos penitenciarios diferenciados sólo existen en los narcoestados y en las dictaduras", mantuvo.