Siete años después del inicio de las pesquisas, el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos, va camino de alargarse en el tiempo. Por el momento, y tras la última prórroga, la fecha límite para el desarrollo de la instrucción es el 26 de julio. Pero todo parece indicar que las pesquisas se extenderán mucho más allá. La enorme cantidad de partes personadas, unido al aluvión de recursos planteados por las decenas de investigados –todavía no resueltos– y la gran cantidad de diligencias aún pendientes de practicar, algunas de ellas encargadas desde hace meses, anticipan un lento y farragoso avance de la causa.
La investigación arrancó en el verano de 2018. Y surgió a raíz del hallazgo casual en una causa por delito urbanístico de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de "una organización", de la que formarían parte altos cargos del Gobierno y la Administración, desde la que se "habrían ido creando una red de influencias" cuyo fin último sería la obtención de "lucro económico". "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", recoge el juez instructor en sus resoluciones.
Durante siete años, la causa estuvo bajo secreto de sumario. Aunque se conocía su existencia y habían trascendido algunos detalles de la misma, lo cierto es que el veló no se levantó hasta el pasado verano. Fue ahí cuando se conoció la dimensión de una trama que gira alrededor de Equipo Económico –ahora Global Afteli–, el despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Y que salpica también a media decena de empresas gasistas asociadas a la patronal AFGIM que, según la tesis del instructor, "habrían contratado" al bufete para que "interviniese" en el procedimiento legislativo tendente a la modificación normativa del Impuesto Eléctrico y el Impuesto de Actividades Económicas.
Con el levantamiento del secreto, la causa ha pegado un frenazo. En estos momentos, según expone el juez en su auto de prórroga de la instrucción, "se está a la espera" de que todas las partes personadas en el procedimiento "queden plenamente instruidos en el contenido de las actuaciones". Y no son pocas. Hay más de una treintena de investigados –entre personas físicas y jurídicas– por cohecho, fraude contra la administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Y una decena de acusaciones populares: desde Vox o Manos Limpias hasta CGT o Adade.
El elevado número de partes en la causa, que han llegado a solicitar plazos de hasta tres meses para instruirse, se ha traducido en una montaña de escritos, lo que ha complicado la "diligenciación de los mismos". Entre ellos, un gran número de recursos de reforma y apelación –para cuya interposición se llegaron a otorgar plazos extraordinarios– contra las decisiones del magistrado. Lo resumía a la perfección la fiscal Anticorrupción encargada del caso, Carmen García Cerdá, en noviembre: "Son muchos los escritos presentados por las partes, adhiriéndose a los recursos interpuestos por otros investigados para, utilizando el escrito de adhesión, introducir alegaciones nuevas y alegar sobre motivos distintos".
En aquel informe, la fiscal Anticorrupción daba respuesta a más de una veintena de recursos y escritos de los imputados. Las defensas buscan la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso, alegando una supuesta indefensión. Disparan, por ejemplo, contra el mantenimiento del secreto de las actuaciones. O alegan una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", lanza uno de los escritos.
"Es necesario dejar claro y sentado que lo que revelaban [los correos incautados que provocaron la apertura de la causa] no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología alguna", respondió entonces Anticorrupción. Los recursos, por el momento, no han sido todavía resueltos. La contestación a los mismos depende de la Audiencia Provincial de Tarragona. Y puede demorarse varios meses. El año pasado, según consta en la memoria del órgano, el tiempo de respuesta de su Sección Segunda en los rollos de apelación se situaba en dos o tres meses en el caso de recursos contra autos –a lo que se suma el tiempo que tarda el instructor en elevar el asunto–.
Además de la resolución de los recursos, de los que depende la supervivencia del procedimiento, aún quedan numerosas diligencias por practicar. Para empezar, el tiempo de espera establecido por el juez para que todas las partes de la causa tomen pleno conocimiento de la misma ha impedido, por el momento, recoger declaración a los investigados, entre ellos el exministro de Hacienda, el ex secretario de Hacienda Miguel Ferré y otros tantos ex altos cargos –desde exsubsecretarios a ex directores generales de Tributos–. Es más, todavía no se ha fijado siquiera fecha para ello.
Por otro lado, aún está por concluir el análisis en profundidad de las cuentas bancarias vinculadas a Equipo Económico y sus socios. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el 17 de febrero de 2025, dieciséis meses después de que se empezara a solicitar la información a las entidades, un informe de 77 páginas en el que solo analizaba de manera pormenorizada solo una decena de cuentas de entre más de un millar de productos bancarios. Los investigadores entendían que el resto carecían de relevancia para las pesquisas. Sin embargo, adjuntaron junto al informe un anexo con toda la información proporcionada por las entidades financieras y crediticias.
El juez alarga la instrucción del 'caso Montoro' e indaga en el régimen económico matrimonial del exministro
El instructor acordó dar traslado de toda esa documentación a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción para que realizase un nuevo estudio de las cuentas y para que, con los datos analizados, concluyese también otros dos informes de avance que la unidad de apoyo emitió en 2020, hace ya casi seis años, y cuyo contenido debía ser contrastado con más datos, entre ellos financieros. Unas labores que, según se desprende del auto de prórroga y del último escrito del Ministerio Público pidiendo alargar la instrucción, aún están pendientes de concluir.
Además, esta misma semana el instructor ha acordado una nueva batería de diligencias solicitada por Anticorrupción para profundizar en las estructuras empresariales, en los pagos y hasta en las economías de los investigados. Así, ha solicitado a los registros mercantiles abundante documentación sobre las empresas investigadas. También a las gasistas, a las que reclama, del mismo modo, documentación y facturas que acrediten la prestación de servicios por los que se contrató al despacho, así como copia de la normativa interna de pago a proveedores y de las comunicaciones mantenidas con los socios o trabajadores de Equipo Económico/Global Afteli y con órganos del Ministerio de Hacienda.
Del mismo modo, el instructor ha decidido indagar en el régimen económico matrimonial de los investigados, solicitando "inventario de bienes" y otros documentos que le permitan "conocer el detalle" de los "bienes de titularidad de la sociedad conyugal y su valoración". Y ha avanzado que es previsible que en un futuro vaya a tener que solicitar más diligencias de investigación. "Es previsible que deban acordarse en lo sucesivo nuevas, derivadas de las peticiones de las partes, una vez instruidas en la causa, las declaraciones de los investigados, así como las que pudieran derivarse del informe de la AEAT pendiente de recibir", deslizó en su auto de prórroga.
Siete años después del inicio de las pesquisas, el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos, va camino de alargarse en el tiempo. Por el momento, y tras la última prórroga, la fecha límite para el desarrollo de la instrucción es el 26 de julio. Pero todo parece indicar que las pesquisas se extenderán mucho más allá. La enorme cantidad de partes personadas, unido al aluvión de recursos planteados por las decenas de investigados –todavía no resueltos– y la gran cantidad de diligencias aún pendientes de practicar, algunas de ellas encargadas desde hace meses, anticipan un lento y farragoso avance de la causa.