Violencia machista

Cinco ayuntamientos dejaron el sistema VioGén en 2019 y Ourense anuncia que también lo abandonará

Una mujer con el gesto del feminismo este viernes en Bilbao durante una manifestación del 8M.

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense por el partido Democracia Ourensana, ha incendiado la política local a través de una promesa: el regidor ha anunciado su intención de salir del sistema VioGén, aquel que realiza seguimiento de los casos de violencia de género, en un plazo máximo de un año. Así lo señaló el martes tras la reunión extraordinaria de la Xunta Local de Seguridade. El motivo, esgrime, es la falta de recursos para cumplir de forma eficaz y garantista con el servicio.

El Ayuntamiento, sostuvo el alcalde, "no dispone de suficientes recursos para llevar el tema con la dignidad que requiere". El sistema funciona con la participación de la Policía Nacional, Autonómica y Local, pero esta última sólo cuenta "con una persona dedicada al tema de la violencia de género". Para Jácome, "la Policía Nacional y Autonómica podrán ocuparse de ello, dado que tienen muchísimos más recursos".

A la determinación del martes le siguió el titubeo del miércoles. El líder ourensano insistió en que "lo que no se puede hacer es tener un servicio que lo está haciendo mal", especialmente "si hay otros cuerpos que lo pueden hacer mejor". Pero matizó sus palabras. La propuesta, aclaró, se planteó "por una decisión técnica", concretamente por una recomendación "de la jefa de Policía Local". "Vamos a ver si con esta información que nos da la técnica vamos a proceder políticamente o no, porque a lo mejor la técnica se confunde".

Ante la contradicción de las dos versiones, fuentes oficiales del Consistorio dicen a infoLibre que el servicio "se presta en precario", de manera que "desde la Policía Local se propuso derivarlo" a los otros cuerpos "para dar mejor servicio en la ciudad". En cualquier caso, sostienen las mismas fuentes, el martes "se acordó, en Xunta Local de Seguridade, que esta medida entraría en vigor el 22 de marzo" de 2020, aunque no garantizan que sea el último capítulo del conflicto. La Policía Local de Ourense colabora con el sistema VioGén desde el año 2011. En 2018, Ourense recibió 35.798,61 euros provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para los ayuntamientos y este año la cifra ha sido de 35.059,55 euros.

A finales de septiembre, en el municipio almeriense del Ejido, gobernado por PP y Vox en coalición, se fraguó la misma polémica. Entonces el Ayuntamiento deslizó la propuesta de abandonar el sistema VioGén que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2007 y al que el territorio pertenece desde 2014. Tal y como reveló el diario El País, "el Consistorio alega que con las bajas de policías locales que sufre no puede supervisar el bienestar de las 36 víctimas de nivel bajo de alerta, del total de 238 vecinas que están en peligro en el lugar". Por ello, continuaba el periódico, "ha optado por denunciar el convenio con Interior para que la Policía y la Guardia Civil asuman sus funciones".

No obstante, horas después de que el anuncio se hiciera público, el alcalde de la localidad dio marcha atrás por "el revuelo mediático causado" . No hay, en El Ejido, ninguna mujer a la que se haya retirado el seguimiento "ni lo vamos a hacer, al menos por el momento", dijo el regidor en aquel momento.

Fuentes oficiales del sistema VioGén explican a infoLibre que tanto la incorporación a la herramienta como la renuncia "se canalizan a través de las Unidades Contra la Violencia sobre la Mujer de las Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno". En ese sentido, el desistimiento a seguir formando parte del sistema se realiza "a solicitud del ayuntamiento concreto, que normalmente envía una carta a la Subdelegación del Gobierno correspondiente en la que suelen explicar los motivos de la renuncia". Hasta el momento, añaden las mismas fuentes, "estos motivos siempre se han basado en la imposibilidad de ofrecer un servicio de calidad y protección a las víctimas por la falta de efectivos y recursos del Cuerpo de Policía Local del respectivo ayuntamiento".

En lo que va de año, un total de cinco localidades se han dado de baja del sistema: las onubenses Palos de la Frontera y Aljaraque, y las madrileñas Torrejón de la Calzada, El Escorial y Morata de Tajuña. En los citados ayuntamientos existen hoy día gobiernos del PP, PSOE y Ciudadanos.

En el extremo opuesto, un total de 393 ayuntamientos se encuentran en la actualidad incorporados al sistema. Sus Cuerpos de Policía Local, por tanto, "ya están en modo interacción total" con VioGén. De todos ellos, 22 son capitales de provincia: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Oviedo, Palma de Mallorca, Santander, León, Salamanca, Valladolid, Alicante, Castelló de La Plana, València, Ourense, Pontevedra, Madrid, Pamplona y Logroño.

Los riesgos de renunciar al sistema

En septiembre de 2019, según los datos confeccionados por el Ministerio del Interior, se registraron un total de 60.697 casos dentro del sistema VioGén en activo. De ellos, 30 fueron catalogados de riesgo extremo y 451 alto (el 0,79% del total). Como riesgo medio se encuentran, según los mismos datos, 6.347 mujeres, mientras que la mayor horquilla se encuentra en la parte más tenue del riesgo: 23.154 mujeres se encuadran dentro de riesgo bajo y en 30.715 casos no se aprecia riesgo.

Los casos activos son aquellos que merecen atención policial, aunque el nivel de riesgo va evolucionando "en base al tiempo y circunstancias". Las mujeres con un nivel de riesgo no apreciado disponen de "medidas de seguimiento" como la "revisión periódica", aunque "de ser necesario" también pueden necesitar "medidas policiales de protección". En los casos de riesgo bajo, medio, alto o extremo, los instrumentos de protección "van aumentando en intensidad según se incremente el nivel de riesgo".

¿Qué consecuencias acarrea abandonar el sistema VioGén? Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, lo observa con cierto grado de sorpresa. "Me parece sorprendente que las bajas empiecen a surgir cuando los ayuntamientos tienen un refuerzo económico del Pacto de Estado", sostiene. Son las entidades locales, precisamente, las que "deben participar en el sistema de protección" de forma más activa, precisamente por su cercanía con las víctimas. Soleto subraya además que existen "modelos de intervención de la Policía Local que son extraordinarios".

Y aunque la experta reconoce que el instrumento no es la solución definitiva a la violencia machista, sí resulta "un sistema que nos ayuda a mejorar la protección de las víctimas", de manera que habría que "analizar las causas" de las bajas registradas.

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, percibe riesgo en varios planos. En primer lugar, apunta, la ausencia de VioGén en ciudades como Ourense implica "desprotección para las víctimas". Desde el momento de la renuncia, señala, las mujeres ouresanas "están más desprotegidas y por tanto más expuestas a la violencia de sus maltratadores". Aunque el trabajo de los otros cuerpos de seguridad siga vigente, el exdelegado recuerda que la cercanía y la acción local es uno de los pilares en la lucha contra la violencia.

Además, razona Lorente, el mensaje que se lanza a las víctimas ahonda en su "desprotección e incluso desprecio hacia su situación". Y ese mismo mensaje "es recibido en sentido contrario por los maltratadores". Ellos, continúa, entienden que la violencia que ejercen está justificada, por lo que con esta nueva situación "se sienten reforzados en ese planteamiento" porque "se están abandonando las posiciones críticas hacia su conducta".

Desde una perspectiva política, Lorente observa que la "irrupción de la ultraderecha ha introducido un debate" relativo al "cuestionamiento de la realidad de la violencia machista y los recursos para su erradicación y abordaje". Se trata "de una cuestión político-institucional", sostiene. En el plano social, recuerda que "al final el machismo es cultura, no conducta", de manera que "esa aparente neutralidad en la que se mueven muchos está reforzando una normalidad expectante" que, cuando se produce un conflicto, "rechaza las medidas tradicionales" para solucionarlo.

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