Decisión inédita

La citación de Rajoy como testigo en 'Gürtel' sacude al PP y devuelve la corrupción al primer plano

El presidente del Gobierno, Mariano Rajpy.

La decisión adoptada este martes por el tribunal que celebra el primero de los juicios del caso Gürtel encomendados a la Audiencia Nacional ha convertido a Mariano Rajoy en el primer presidente del Gobierno obligado a declarar como testigo en un juicio. Y no en uno cualquiera sino en el del mayor caso de corrupción conocido y cuyas consecuencias políticas daba ya por amortizadas el PP. La declaración del jefe del Ejecutivo, de la que ni siquiera se sabe en qué fecha se celebrará ni si tendrá lugar en la Audiencia o en su despacho, asesta un formidable mazazo al PP y a su líder por cuanto les obliga a enfrentarse a una pesadilla que habían creído ahuyentar en las urnas. El llamamiento del tribunal devuelve la corrupción al centro del escenario político y abre un horizonte cargado de incertidumbres.

Acordada a requerimiento de la acusación popular que ejerce la asociación de abogados Adade y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, la citación del hoy jefe del Ejecutivo marca un auténtico hito en una causa dividida en una docena de piezas pero dominada desde su inicio por una misma sospecha: la de que, con Rajoy en la sala de máquinas del partido ocupando sucesivos cargos de relevancia, de coordinador electoral a secretario general y luego presidente, el PP se financió de forma opaca gracias a una relación simbiótica con la trama corrupta que lideraba Francisco Correa. Es decir, la misma trama que recibió cientos de contratos públicos y que presuntamente actuó también como gran conseguidor de adjudicaciones para terceros a cambio de comisiones ilegales.

Aunque nadie se atreve a aventurar qué preguntas aceptará el tribunal que se le formulen al presidente, los precedentes de lo sucedido hasta ahora en el juicio –interrogatorios sin corsé– presagian dificultades serias para el líder conservador: no solo tendrá que someterse a una batería de preguntas que las acusaciones populares se esfuerzan ya por afilar al máximo sino que cualquier eventual error, olvido o desliz alegado por el testigo tendrá inmediatas consecuencias. No tanto jurídicas como políticas, con la oposición en estado de alerta a la espera de que se constituya formalmente la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP.

“El presidente del tribunal es hoy esclavo de su permisividad con la Fiscalía”, resumió este martes el abogado de uno de los 37 imputados. Sus palabras hacen referencia a cómo Ángel Hurtado, el único de los tres magistrados que se ha opuesto a la citación de Rajoy, ha permitido en estos meses que acusaciones y acusados aborden sin cortapisas hechos que deberán enjuiciarse en otras piezas del caso pero sin cuyo relato no pueden entenderse aquellos otros que sí se encuadran dentro del perímetro de la vista en curso.

El paradigma de ese planteamiento lo constituye la impactante declaración de Francisco Correa, quien en octubre destapó datos nuevos sobre la supuesta financiación ilegal del PP, capítulo que oficialmente se inscribe en la llamada pieza de los papeles de Bárcenas y no en esta, que aborda la llamada Época I de Gürtel (1999-2005) y en la que el PP ostenta la incómoda posición de partícipe a título lucrativo. O sea, de beneficiario económico de los manejos de la red corrupta aunque sin responsabilidad penal.

Y si lo declarado en octubre por Correa ya rompió el esquema de compartimentos estancos uno de los argumentos esgrimidos este martes por la Fiscalía Anticorrupción para oponerse al llamamiento de Rajoy como testigo –su declaración “ni es útil ni necesaria”, condensó la fiscal- fue el de que su testimonio sería “redundante”. ¿Por qué? Porque “la prueba practicada” sobre la caja B del PP –los testimonios, los documentos y los informes – “ya resulta suficiente para su acreditación”.

¿Puede el tribunal en esas circunstancias declarar improcedente una eventual pregunta de las acusaciones populares al presidente del Gobierno por los hipotéticos sobresueldos cuyo cobro le atribuyó Luis Bárcenas o por la alerta que, según Esperanza Aguirre, les transmitió a ambos –a Rajoy y a ella misma– el extesorero Álvaro Lapuerta en 2004 sobre el pelotazo que la trama planeaba en el municipio madrileño de Arganda de común acuerdo con políticos del PP y la constructora Martinsa?

Otra fuente jurídica del caso responde aquí del siguiente modo: “Puede declarar improcedente esa pregunta pero entonces, además de incurrir en una contradicción con lo que ha sido la práctica de los interrogatorios ya realizados, el tribunal abrirá la espita para que se pida la comparecencia como testigo de Rajoy en las otras piezas de Gürtel”. Y esas otras piezas, salvo de momento una relativa a Valencia –aquella en la que nueve empresarios han confesado ya que financiaron al PP al aceptar facturas falsas del grupo de Francisco Correa– llegarán a juicio exactamente con este mismo tribunal.

No se sabe aún con certeza si Rajoy deberá comparecer en la sala de vistas de la sede que la Audiencia Nacional posee en un aislado polígono industrial de San Fernando de Henares o si podrá declarar en su despacho oficial. O por videoconferencia, como algunos medios aseguran que ya ha sugerido su equipo. Sí parece descartado que se le permita responder por escrito a las preguntas que le formulen las numerosísimas partes personadas en la causa. Las circunstancias que rodean al desde ahora testigo Mariano Rajoy poseen tales peculiaridades que ninguna de las fuentes jurídicas consultadas se atreve a emitir una conclusión tajante sobre cómo le afectarán los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativos a cómo deben testificar distintos cargos públicos.

En todo caso, su rango de testigo le obliga a contestar toda la verdad, como este martes ha recordado ante los periodistas José Mariano Benítez de Lugo, el abogado de la asociación Adade que desde la acusación popular pidió ya a comienzos de 2016 al tribunal que llamara a declarar a Rajoy en este juicio.

Acordado por mayoría de dos a uno, el paso dado por el tribunal fue anunciado por su presidente, Ángel Hurtado, apenas dos horas y media después de que la fiscal Anticorrupción hubiera enunciado que no considera la comparecencia de Rajoy “ni útil ni necesaria”.

A Anticorrupción se adhirió la Abogacía del Estado. Y el abogado del PP. Y dos defensas. La más significativa sin duda, la que representa a Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias: “Rajoy no tiene nada que esclarecer”, dijo la letrada del matrimonio Bárcenas-Iglesias. Pero fueron las sorprendentes revelaciones que sobre la caja B del PP hizo el extesorero ante el juez Pablo Ruz en julio de 2013 las que incitaron a Adade a reclamar por primera vez la declaración de Rajoy como testigo en una pieza derivada de Gürtel.

Desde entonces, la Audiencia Nacional se había atrincherado en el no. De todos los dirigentes del PP que ocuparon el cargo de secretario general en el periodo objeto de este juicio –hasta 2005–, Rajoy es el único cuya testifical había denegado hasta ahora el tribunal.

Ha sido el voto de los magistrados Julio de Diego, conservador, y José Ricardo de Prada, de signo progresista, el que ha roto el marco de excepcionalidad que había blindado a Rajoy en una “urna de cristal”, por utilizar las palabras del abogado Benítez de Lugo.

En febrero, el tribunal denegó la solicitud de Adade. En octubre, una vez iniciado el juicio, volvió a denegarla pero dejando la puerta abierta a un cambio de posición si surgían nuevos elementos relevantes. Y, aunque los argumentos del tribunal para forzar la comparecencia del jefe del Ejecutivo no se conocerán hasta que emita su auto, todo indica a que la declaración de Francisco Correa y la del empresario Alfonso García Pozuelo sobre el pago de comisiones a cambio de contratos amañados ha resultado decisivo.

La citación del ahora presidente fue anunciada tras el segundo receso de una mañana tensa y apenas minutos después de que el abogado del PP, Jesús Santos, hubiera abandonado la sede de la Audiencia Nacional.

El interrogatorio del presidente sería “una diligencia enormemente perturbadora”, había diagnosticado horas antes Santos en un alegato que inicialmente parecía dirigido a devaluar el planteamiento de Adade y que, a la luz de los acontecimientos, cobra un nuevo y muy diferente sentido.

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