Urbanismo bajo sospecha

El Colegio de Arquitectos echa balones fuera en la denuncia de un edil contra Rocío Monasterio

La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, a su llegada a la atención a los medios a las puertas del Centro Mena.En Sevilla, a 04 de noviembre de 2019.

Ni por las obras en inmuebles de uso industrial que pasaron a convertirse en viviendas sin licencia ni por el hecho de haber estampado su firma como arquitecta en planos y certificaciones antes de poseer el título. Por ninguna de esas dos causas abrirá la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de la comunidad (COAM) una investigación interna sobre la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio

La dirección del colegio se niega a actuar porque se considera ajena al asunto Monasterio bajo el argumento de que carece de "competencias en materia sancionadora en aplicación del código deontológico". El entrecomillado forma parte de la versión oficial facilitada este jueves a infoLibre por los portavoces de la institución, cuya junta de gobierno decidió la víspera "dejar la investigación en manos de la comisión deontológica porque es a la que corresponde". Es decir, decidió no intervenir de ningún modo para, antes de concluir si procede o no aplicar sanciones, averiguar si Monasterio incurrió en las serias irregularidades que distintas informaciones han ido destapando.

La directiva del COAM se pone así de perfil de manera definitiva tras la denuncia que el día 5 entregó a la decana, Belén Hermida, el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo. Y desvía el caso a la comisión de deontología, un órgano de nueve miembros elegidos por sorteo, ajenos por tanto a la estructura de poder dependiente de las elecciones internas y a la que también Calvo dirigió un escrito para el que tampoco hay aún ninguna respuesta y que aborda igualmente las irregularidades en que habría incurrido Monasterio. 

La última la destapó el diario El País este mismo jueves por la tarde al desvelar que el presentador Arturo Valls acaba de demandar a Monasterio por venderle un loft para el que –siempre según esa noticia– no llegó a tramitar el cambio de uso de local comercial a vivienda. Con una venta fechada en 2005, en el expediente municipal de ese loft aparece la firma de Rocío Monasterio como arquitecta. Es –asegura el rotativo de Prisa– el noveno caso detectado con esas características.

El desmarque del COAM llegó en la sesión de la junta de gobierno celebrada el miércoles. Esto es, el mismo día en que el edil de Urbanismo de la capital, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, descartaba una investigación exhaustiva sobre los proyectos ejecutados por Monasterio y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, bajo el argumento de que el Consistorio no es "la Stasi". La Stasi era la Policía política secreta de la Alemania comunista.

Los estatutos del colegio madrileño atribuyen en efecto las competencias sancionadoras a la comisión de deontología. Pero incluyen también un artículo que el caso de Arturo Valls puede acabar situando en primer plano. Y ese artículo, el 32, faculta a la junta de gobierno para lo siguiente: "Actuar ante los Tribunales de Justicia contra quienes, sin poseer el debido título, pretendan ejercer funciones propias de los arquitectos, y, en particular, iniciar todas las acciones y procedimientos que se consideren útiles para la defensa de la profesión".

"Esconder la cabeza bajo el ala"

¿Posee margen la junta de gobierno para investigar qué pasó realmente durante el periodo 2003-2009, cuando Monasterio trabajó como arquitecta sin serlo aún y participó en proyectos que vulneraban la normativa urbanística? Entre quienes creen que sí, que ese margen existe, se cuenta Fernando Landecho, quien en primavera encabezó la candidatura del colectivo de arquitectos Nuevo Coam. A través de un comunicado difundido en las redes internas y oficiales del colegio, Nuevo COAM también exigió hace dos semanas una investigación.

Coordinador de Ciudadanos en Madrid hasta que el pacto con Libertas para las elecciones europeas de 2009 provocó su marcha, Landecho se reitera ahora en su línea argumental tras conocer por este periódico que la junta de gobierno no realizará ninguna investigación: "Puede abrirla de oficio y con el resultado que obtenga acudir luego a la comisión de deontología si hay motivos para ello; o puede incluso emitir un pronunciamiento para expresar su preocupación y subrayar que el ejercicio de la profesión está absolutamente reglado. Pero lo que no se puede hacer es quedarte callado y esconder la cabeza bajo el ala".

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