Ya es oficial: la Comisión Europea considera ilegal la prórroga por la que, en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar extendió la concesión de la AP-9 desde el final previsto el 18 de agosto de 2023 hasta el mismo día de 2048. Las explicaciones ofrecidas por el Gobierno de España en el marco del procedimiento de infracción abierto en 2021 no convencen a las autoridades comunitarias y por eso llegan al escalón final antes de poner el asunto en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Este proceso comenzó en 2019 con una denuncia de la asociación de consumidores En Colectivo, que cuestionaba tanto la prórroga del 2000 como la aprobada por el Ejecutivo de Felipe González en 1994 (de 2013 a 2023). Ya entonces una portavoz oficial de la Comisión especificó, a preguntas de Praza.gal, que el proceso se ciñó únicamente a la prórroga vigente, la de 2000.
Durante el procedimiento la UE envió al Estado dos peticiones formales de explicaciones –cartas de emplazamiento– para justificar por qué Audasa recibió sin concurso público la prolongación de la concesión a cambio de extender la autopista hasta Ferrol como compensación por el accidente del Discoverer Enterprise en el puente de As Pías. Y ninguna de las dos respuestas convencieron.
Es así como, después de las cartas de emplazamiento, este 17 de julio de 2025 llega el denominado "dictamen motivado" en el que la comisión "insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas". En un proceso que incumbe también a la AP-66 –Autopista de la Ruta de la Plata–, la Comisión detalla que el Gobierno de Aznar amplió la concesión y, "más adelante, vendió la empresa concesionaria" sin "iniciar procedimientos de licitación ni publicar un anuncio a escala de la UE" –esto es, sin concurso público–, y eso implica vulnerar la directiva europea en la materia que regía en aquel momento.
Esta norma, resalta, impone los "principios de igualdad de trato y transparencia" en los contratos públicos y, según sus preceptos, "estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes" a una nueva concesión y por eso deben salir a concurso. El Gobierno de España, aclara la UE, "dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias". Si no lo hace, "la Comisión puede optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE", escenario en el que la rescisión de la concesión sería una de las posibilidades.
Una "prórroga prematura" para "obtener el máximo beneficio" con la privatización
Como expresaron formalmente durante estos años, en la Comisión Europea consideran que "la única explicación verosímil" para una "prórroga extremadamente prematura 20 años antes" del fin de la concesión es que el Gobierno de Aznar "tenía la intención de vender" la autopista y buscó "obtener el máximo beneficio gracias a la prórroga".
Esta hipótesis se atisbaba en el Boletín Oficial del Estado en la propia aprobación de la prórroga, al señalar que Audasa, como parte de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), iba a acabar afectada por la "política de privatización de empresas públicas" que aquel Gobierno del PP tenía en marcha.
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Y así sucedió. El 25 de julio de 2023, apenas tres años después, el Consejo de Ministros dio su visto bueno definitivo a la venta del 100% de ENA por 1.586 millones de euros a un consorcio participado al 50% por la constructora Sacyr junto a varias entidades financieras: Banco Santander –en origen, Santander Central Hispano– (20%) junto a Caixa Galicia y Caixanova (20% cada una). También participaba Torreal, el fondo de inversión fundado por el empresario Juan Abelló, que años después pasaría, al mismo tiempo, por el accionariado de Ence.
La AP-9 Es una de las autopistas más utilizadas de Galicia (une Ferrol con Tui), pero también una de las más polémicas debido precisamente a la prórroga de la concesión que ahora la Comisión tilda de ilegal, pero también al elevado coste de sus peajes, sobre todo entre Vigo y Pontevedra. La demanda social y de la oposición política al PP para su liberalización total o parcial es una constante desde hace años.
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Ya es oficial: la Comisión Europea considera ilegal la prórroga por la que, en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar extendió la concesión de la AP-9 desde el final previsto el 18 de agosto de 2023 hasta el mismo día de 2048. Las explicaciones ofrecidas por el Gobierno de España en el marco del procedimiento de infracción abierto en 2021 no convencen a las autoridades comunitarias y por eso llegan al escalón final antes de poner el asunto en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.