La Comisión Europea no sancionará a España por la falta de un nuevo Presupuesto el 15 de octubre

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, urgió este miércoles la formación de un nuevo Gobierno con el argumento de que, si no hay una investidura en las próximas semanas, será imposible tener listos a tiempo los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, lo que implicaría una multa millonaria de Bruselas a España.

"No olvidemos que, si no llegamos al 15 de octubre con unos presupuestos presentados en las Cortes Generales y elaborados por el Gobierno, nos van a caer 6.000 millones entre fondos estructurales y también lo que nos sancione o la imposición que nos ponga Europa por no cumplir con esos presupuestos", dijo Rivera tras reunirse con Rajoy.

El dirigente del partido naranja se hacía así eco de informaciones publicadas en los últimos días por varios medios que apuntan que, si no se forma un nuevo Ejecutivo para septiembre, no se podría presentar a tiempo a Bruselas el plan presupuestario para 2017, que debería basarse a su vez en los presupuestos para ese ejercicio.

En ese escenario, sostienen estas publicaciones, España se enfrentaría a una multa de hasta el 0,5% de su PIB –en torno a 5.000 millones de euros–, a la que habría que sumar una sanción adicional consistente en la congelación de unos 1.100 millones de euros de los fondos estructurales. En total, 6.100 millones de penalización.

Un portavoz de la Comisión Europea, en cambio, aseguró a infoLibre este mismo miércoles que esas informaciones son "pura especulación" y subrayó que "la Comisión Europea no ha hablado en ningún momento de imponer multas a España si no dispone de Gobierno".

El Gobierno no se pronuncia

A preguntas de este diario, un portavoz del Ministerio de Economía que pilota en funciones Luis de Guindos no respondió a la pregunta de si España será sancionada automáticamente en caso de que no haya nuevos Presupuestos antes del 15 de octubre, y tampoco entró a valorar si la cifra de unos 6.000 millones se corresponde con la hipotética sanción.

"El plan es tener Presupuestos y enviar la comunicación a Bruselas. Estamos trabajando con este objetivo", fue la única respuesta del portavoz del Ministerio de Economía a las cuestiones planteadas por infoLibre este miércoles.

El propio Guindos dijo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, que "la principal obligación" de España "es la del Presupuesto". "A mediados de octubre tendremos que mandar lo que en la terminología de Bruselas se llama el draft budgetary plan, es decir, el plan del borrador presupuestario", precisó el ministro en funciones.

A preguntas de los periodistas, agregó que "ahí es donde se verá" si España está cumpliendo la senda de reducción del déficit acordada y advirtió de que, "si eso no es así, se puede abrir un nuevo período de sanciones". "Es vital tener un Presupuesto y tener unos compromisos porque, más allá de lo que son las sanciones, que son graves, hay una serie de compromisos".

"Tenemos nuestra responsabilidad compartida con nuestros socios comunitarios y eso, evidentemente… Tú les puedes explicar que estás en funciones, pero todo va teniendo ciertos límites. Sería importantísimo que España, vía la constitución de un Gobierno, tenga un borrador de Presupuesto que se presente en tiempo y cumpla con nuestro compromiso con nuestros socios comunitarios", zanjó.

Las obligaciones de España

¿Pero entonces, a qué está obligada España? Efectivamente, como aseguró el ministro en funciones, el Gobierno de cada país de la UE está obligado a presentar un borrador de sus cuentas para el ejercicio próximo antes del 15 de octubre de cada año, tal como establece el artículo sexto de la regulación 473/2013 aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en mayo de 2013.

Fuentes de la Comisión Europea precisaron a infoLibre que esa obligación no deriva de la inclusión de un país en el procedimiento de déficit excesivo, sino que afecta a todos los países miembros porque es un elemento más de las tareas de la Unión Europea para monitorizar los Presupuestos nacionales. El año pasado, por ejemplo, España remitió el 11 de septiembre ese borrador de las cuentas.

Claro que, aunque no se forme en las próximas semanas un Gobierno capaz de elaborar un proyecto de Presupuestos para el año que viene antes de que termine 2016, España no se quedará sin cuentas vigentes, sino que se prorrogarán automáticamente las cuentas de este año, tal como establece el artículo 134 de la Constitución.

Las fuentes comunitarias consultadas por este diario recuerdan que "siempre" hay Gobierno –con independencia de que esté en funciones– y "siempre" hay presupuestos –aunque estén prorrogados–, y sugieren que, si no hay nuevas cuentas, el Ejecutivo español "tendría que presentar lo que se fuera a aplicar hasta aprobar definitivamente los presupuestos de 2017", es decir, las cuentas de 2016 prorrogadas.

E incluso si el Gobierno español no enviara ese borrador, señalan estas mismas fuentes, no está prevista ninguna sanción automática. Estas voces señalan que lo más probable en ese escenario sería un "apercibimiento" al Ejecutivo para que remitiera el borrador de sus cuentas y, en caso extremo de reiterado incumplimiento, una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir los normas.

Sin multa por la ausencia de pactos

Lo cierto es que este último escenario parece improbable. Por ejemplo, el año pasado Portugal remitió con más de tres meses de retraso su borrador de Presupuestos: el Ejecutivo luso no lo hizo llegar a Bruselas hasta el 22 de enero de 2016, sin que de ello se derivase ninguna multa ni penalización. En 2013 y 2014, en cambio, todos los países cumplieron los plazos.

El retraso del Gobierno del país vecino en enviar su borrador de Presupuestos se produjo, precisamente, después de que se celebraran elecciones parlamentarias el 4 de octubre de 2015 y de que el actual primer ministro, el socialista Antonio Costa, tomara posesión del cargo el 26 de noviembre. 

Además de que las fuentes consultadas por este diario subrayen que el Gobierno en funciones podría enviar el borrador a Bruselas basándose en las cuentas prorrogadas y de que no haya sanciones previstas por un eventual retraso, hay otro elemento que refuerza la tesis de que España no será multada por no tener un nuevo Ejecutivo, y que tiene que ver con los usos y costumbres de la Comisión Europea.

El argumento lo reflejó el Consejo de Estado –el máximo órgano consultivo– a finales de marzo en su informe sobre la Ley de Contratos a la que dio luz verde el Consejo de Ministros, que incorporaba al ordenamiento español un paquete de directivas comunitarias y que, sin embargo, no puede aprobar definitivamente el Gobierno mientras esté en funciones y las Cortes disueltas.

Pues bien, el órgano reflejó en su dictamen que España podría retrasarse en la transposición de esas directivas europeas –debían estar incorporadas para abril de 2016 y aún no lo están– y alertó de que el "incumplimiento del citado plazo puede comportar la incoación por parte de la UE del correspondiente procedimiento sancionador".

Sin embargo, el Consejo de Estado recordó que "en virtud de una práctica de uso", la Comisión Europea no acostumbra a imponer sanciones "cuando se ha culminado el procedimiento interno de elaboración de la norma de incorporación", esto es, que Bruselas tiene en cuenta las situaciones como tener un Gobierno en funciones– y evita las multas si las autoridades nacionales han trabajado en la línea adecuada, aunque no hayan podido aprobar definitivamente normas precisamente por esa excepcionalidad.

Sanciones por déficit excesivo

El motivo por el que sí podrían llegar a imponerse multas, apuntan fuentes de la Comisión Europea (CE), es un incumplimiento de los objetivos de déficit. Esos objetivos son del 4,6% del PIB para 2016, del 3,1% para 2017 y del 2,2% para 2018, tal como acordó la Comisión y debe adoptar formalmente en fechas próximas del Consejo Europeo, que también debe aprobar la recomendación de la CE de no multar a España.

El proceso para aprobar la imposición esas eventuales sanciones es, en todo caso, largo, y está descrito en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En síntesis, la Comisión informa al Consejo cuando advierte un déficit excesivo, y este último órgano advierte reiteradamente al Estado incumplidor y le dirige recomendaciones antes de plantearse la adopción de sanciones.

Sobre la cuantía de esas penalizaciones, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE establece que el importe puede elevarse hasta el 0,2% del PIB si los estados "no respetan las normas preventivas ni las disuasorias" o hasta el 0,5% del PIB si se "incumplen repetidamente las normas disuasorias". Además, en este último escenario, pueden suspenderse los pagos de los fondos estructurales o de inversión.

infoLibre contactó este miércoles con el Ministerio de Economía y Competitividad para preguntar si, en caso de no remitir antes del 15 de octubre el borrador de los Presupuestos para 2017 a Bruselas, España se enfrenta a una multa de forma automática y para, si así fuera, confirmar que la cuantía de la sanción sería de 6.100 millones de euros. Estas fueron las preguntas planteadas por este diario:

1. Si no hay nuevos Presupuestos para el 15 de octubre, ¿enviará el Gobierno los datos de los Presupuestos prorrogados?

2. ¿Mantiene el Gobierno que si no hay Presupuestos nuevos el 15 de octubre España será obligatoriamente sancionada?

3.

La Comisión Europea mantiene abiertos 42 procesos de infracción contra España

Ver más

En caso afirmativo, ¿mantiene el Gobierno que la cifra de la sanción será necesariamente de 6.100 millones?

4. En caso afirmativo, ¿en qué norma se regula esa sanción?

La única respuesta a estas cuestiones ofrecida por un portavoz del Ministerio fue la siguiente: "El plan es tener Presupuestos y enviar la comunicación a Bruselas. Estamos trabajando con ese objetivo".