Las comparaciones con la Polonia ultraderechista del PiS, que trató de poner el Poder Judicial de ese país al servicio del Gobierno de Varsovia, han desaparecido. La versión final del informe de la Comisión de Venecia sobre las propuestas del CGPJ sobre la renovación de 12 de sus 20 vocales no contiene en su texto definitivo ningún parangón con la reforma judicial del ex primer ministro Mateusz Morawiecki (del ultranacionalista PiS) que, en 2017, provocó la intervención de la Comisión Europea al considerarla un "riesgo sistémico" para el Estado de derecho. El Gobierno quita peso a las referencias a ese país y subraya que el órgano consultivo del Consejo de Europa ha advertido sobre el riesgo de politización del CGPJ a través de las asociaciones judiciales en caso de que fueran los jueces los que eligieran a los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, como defiende el dictamen. El Ejecutivo sigue apostando porque el Parlamento tenga la última palabra.
El borrador previo al informe definitivo contenía al menos tres referencias a la Polonia del anterior Gobierno de extrema derecha y ultracatólico, que puso en marcha una serie de reformas judiciales sin precedentes que buscaban la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. La gravedad de la iniciativa fue tal que la propia UE decidió actuar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para paralizarlas, lo que logró en una decisión histórica. La crisis creció tanto que el Ejecutivo europeo de Ursula von der Leyen amenazó, además, a Varsovia con la congelación de las ayudas millonarias a la recuperación tras la pandemia de covid. Las asociaciones judiciales españolas más conservadoras y corporativas reclamaron al unísono a Bruselas que actuara de la misma forma contra el Gobierno de Sánchez por "poner en riesgo la independencia judicial". El organismo comunitario jamás las creyó ni tomó una decisión semejante hacia España.
El documento final de la Comisión de Venecia sobre el sistema de renovación del Consejo, hecho público este lunes, omite en su texto cualquier referencia a Polonia. Sí contiene, sin embargo, las sentencias y dictámenes previos que citaba textualmente el anterior borrador, pero los traslada a referencias a pie de página. La comparación con uno de los mayores ataques a la separación de poderes en un Estado miembro de la UE había causado sorpresa y asombro en el sector progresista del CGPJ. Porque la Comisión Europea jamás ha mostrado con España una preocupación semejante por un método de nombramiento de vocales que, con algunas modificaciones puntuales, está vigente desde 1985. Las únicas observaciones se produjeron gracias al bloqueo de más de cinco años y medio que provocó el PP al negarse a sentarse a negociar con el PSOE y el resto de partidos que apoyan al Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo quitaron importancia a la comparación que incluía el borrador y aseguraron que estaba completamente "fuera de lugar". Para el Gobierno, lo importante es que la Comisión de Venecia reconoce que "no existe un modelo estándar que un país democrático esté obligado a seguir al establecer su Consejo". No existe una norma que imponga un modelo y, en democracias consolidadas como Alemania y Austria, por ejemplo, ni siquiera existe un órgano de gobierno de los jueces. El dictamen, recoge la posición tradicional de ese órgano, que prefiere que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la magistratura, pero fuentes del Ministerio de Presidencia y Justicia, recalcan que introduce, por primera vez, "los grandes riesgos de interferencia política a través de las asociaciones judiciales" que tiene ese modelo, el preferido también por la derecha judicial.
"El riesgo de politización interna no debería pasarse por alto, especialmente cuando las asociaciones judiciales pueden ejercer una influencia significativa sobre las nominaciones y las campañas electorales", sostiene la Comisión de Venecia sobre la propuesta conservadora que defiende que sean los jueces los que elijan y no el Parlamento, como ahora. "El proceso de elección debe ser protegido no solo de interferencias [políticas] externas sino también de las politización interna ya que las dos pueden socavar la independencia judicial". El informe también advierte del riesgo de corporativismo.
Los foros en los que todo el cuerpo judicial puede ejercer su voto en España –esencialmente las elecciones a Salas de Gobierno y las que sirven para seleccionar a los miembros de la Comisión de Ética del Consejo– muestran, convocatoria tras convocatoria, que las asociaciones más de derechas y más críticas con el Ejecutivo actual, copan casi hegemónicamente los puestos en liza. Sin embargo, la Comisión de Venecia sostiene que carece de elementos fácticos para sostener que la judicatura española es un estamento conservador.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces recuerdan que fueron precisamente los vocales de esa sensibilidad los que impusieron al CGPJ que reclamara la opinión del órgano consultivo del Consejo de Europa porque sabían que defendería su propuesta frente a la de los progresistas, que quieren que la última palabra sobre los 12 vocales jueces la siga teniendo el Parlamento "para garantizar el pluralismo de la sociedad". La reforma legal que acompañó a la última renovación del órgano de gobierno de los jueces, en junio de 2025, obligó al Consejo a redactar una propuesta de reforma que pudiera ser valorada positivamente por el informe sobre el Estado de derecho de la UE, que redacta cada año la Comisión Europea. La opinión del Ejecutivo europeo –y no la de la Comisión de Venecia– es la realmente vinculante en este proceso.
Con Polonia o sin ella, el dictamen de la Comisión de Venecia no ha hecho cambiar de opinión al Ejecutivo, que sigue defendiendo el modelo actual de elección Parlamentaria. Consideran que el sistema vigente desde hace cuatro décadas ha asegurado la independencia judicial y ha evitado "que una sensibilidad corporativa o partidista pueda capturar el CGPJ". Fuentes del Gobierno recuerdan, además que en 2001, durante el segundo mandato de José María Aznar, los principales partidos con representación en el Congreso revalidaron su apuesta por el sistema actual en el Pacto de Estado por la Justicia firmado ese año. Las fuentes consultadas advierten, además, del riesgo de que, en caso de que el Gobierno pasara en un futuro al PP y a Vox y estas formaciones decidieran modificar unilateralmente el sistema de renovación de los vocales, se abriera la vía a que, con cada nuevo gabinete se modificara el sistema de elección de vocales judiciales, lo que supondría "un enorme riesgo para la estabilidad del Poder Judicial".
Las comparaciones con la Polonia ultraderechista del PiS, que trató de poner el Poder Judicial de ese país al servicio del Gobierno de Varsovia, han desaparecido. La versión final del informe de la Comisión de Venecia sobre las propuestas del CGPJ sobre la renovación de 12 de sus 20 vocales no contiene en su texto definitivo ningún parangón con la reforma judicial del ex primer ministro Mateusz Morawiecki (del ultranacionalista PiS) que, en 2017, provocó la intervención de la Comisión Europea al considerarla un "riesgo sistémico" para el Estado de derecho. El Gobierno quita peso a las referencias a ese país y subraya que el órgano consultivo del Consejo de Europa ha advertido sobre el riesgo de politización del CGPJ a través de las asociaciones judiciales en caso de que fueran los jueces los que eligieran a los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, como defiende el dictamen. El Ejecutivo sigue apostando porque el Parlamento tenga la última palabra.