Corrupción en el PP

La confesión de los principales acusados en el nuevo macrojuicio de 'Gürtel' acerca al PP a una tercera condena

El líder del PP, Pablo Casado, y el expresidente Mariano Rajoy, en la Convención Nacional del PP celebrada en Santiago de Compostela.
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Francisco Correa, Arturo González Panero, Pablo Crespo... Así hasta ocho acusados en el próximo macrojuicio del caso Gürtel que con sus confesiones ponen contra las cuerdas una vez más al PP. La llamada Época II, referida a las actividades de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, comenzará a juzgarse el próximo 16 de noviembre y el reconocimiento de los hechos por parte de los principales imputados puede acercar al partido conservador a una tercera condena por beneficiarse de la corrupción. Sería la segunda que llega en tiempos del nuevo PP de Pablo Casadonuevo, el mismo que se niega a comentar desde hace meses la "herencia" que recibió de las anteriores direcciones de Mariano Rajoy y José María Aznar, bajo cuyo mandato se produjeron las corruptelas investigadas y juzgadas.

Ya son diez los acusados que han decidido confesar los hechos, iniciativa con la que buscan reducciones de condena de prisión y con la que se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve a la Fiscalía Anticorrupción para acreditar su acusación ante el tribunal. En su escrito provisional, el Ministerio Público considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

El juicio por la Época II comenzará sólo tres semanas después de que el partido resultara condenado como responsable civil subsidiario por pagar en negro con dinero de la caja b parte de las obras de la sede central de la calle Génova. Sin olvidar que la primera condena, de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por la primera época de Gürtel, propició la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en junio de 2018.

En el juicio que examinará las actividades de la Gürtel en Boadilla habrá 27 personas sentadas en el banquillo, de las cuales han confesado ocho (de momento). Fue el pasado mes de marzo cuando uno de los principales acusados en esta pieza de la macrocausa de corrupción, el líder de la trama Francisco Correa, envió un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que le tiene que juzgar, y una carta a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo como "ciertos" los hechos del escrito de acusación y proponiendo una rebaja sustancial de la petición inicial de 76 años de cárcel a 13 años y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones de euros.

Según el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio madrileño a cambio de comisiones, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

Correa ya acumula unos 90 años de condenas por otras ramas de la macrocausa, pero el cumplimiento efectivo será, de momento, de dieciocho años en virtud del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. En el caso del líder de Gürtel, la más grave de las penas es de seis años por el delito de cohecho.

Han pasado ya trece años desde que comenzó la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional y algunos más desde que se cometieron los hechos. Y precisamente es este paso del tiempo lo que está llevando a los tribunales que están juzgando las distintas piezas a aplicar a los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, lo que ha llevado a la Sala a reducir sustancialmente las condenas a los líderes de la trama Gürtel en casos como el de las adjudicaciones ilegales por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En esta experiencia previa es en lo que se basó la defensa de Correa para presentar su escrito, puesto que en el caso de la pieza de Boadilla la investigación se cerró hace casi cinco años.

Un constructor, el primero

En realidad, el acusado que abrió la veda fue el empresario Alfonso García-Pozuelo, exgerente de Constructora Hispánica, quien ya admitió en julio de 2016 que los hechos descritos por la Fiscalía en su escrito de acusación son "ciertos" y se comprometió a declararlo así en la vista oral que empieza el 16 de noviembre, igual que ya hizo en el juicio de la primera época de Gürtel, donde afirmó que había abonado comisiones a Correa para lograr que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la etapa como alcalde de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. También explicó que parte de esas comisiones ilegales que pagó se entregaron al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Años después es cuando ha llegado la confesión de Correa sobre el pago a cargos públicos del Ayuntamiento de Boadilla de "dádivas en especie, viajes, ropa, regalos, etc" a cambio de adjudicaciones de contratos públicos a sus empresas y en los siete meses posteriores que han pasado, los escritos de reconocimiento de los hechos de otros acusados en la Época II, a los que ha tenido acceso infoLibre, han ido llegando a cuentagotas al tribunal.

El siguiente fue el consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, ya condenado por los contratos en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia y que ahora ha admitido que pagó a Correa 1,8 millones de euros a cambio de adjudicaciones públicas y que el líder de la trama le consiguió los contratos dadas las “magníficas relaciones” que éste tenía con distintas administraciones “gobernadas por el PP”.

Comisiones, dinero para campañas y "vías de presión"

El número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, hizo lo propio unos días después, admitiendo que cobró comisiones de entre el 3% y el 4% por intermediar en adjudicaciones a constructoras y que las empresas de la trama ordenaron pagar gastos del PP de la localidad relativos a las elecciones municipales de 2007. Le siguió el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch, al que llamaban el bujías o el neveras por su apellido, explicando que el modus operandi del Grupo Correa incluía "vías de presión para la consecución de sus objetivos económicos" y que su relación con la trama comenzó en 1995 dado que colaboraba por entonces con la organización territorial del PP nacional y participaba en las campañas electorales.

Los empresarios José Luis Ulibarri y Jacobo Gordon también admitieron la comisión de delitos de cara al juicio y el último en confesar ha sido uno de los principales acusados, el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla. La suya es una de las declaraciones más esperadas por el cargo que llegó a ejercer en la localidad y la información que puede aportar ante una posible tercera condena para el PP por lucrarse con las actividades de la trama. Ha confirmado, tal y como le acusaba Anticorrupción, que dio un "trato de favor" a las empresas de Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, en línea con lo admitido por el líder de Gürtel. También acaba de reconocer que la dirección nacional del PP le ordenó desviar una parte de las mordidas a campañas electorales.

Es llamativo el cruce de acusaciones entre Correa y González Panero en sus respectivos escritos. Ambos se acusan mutuamente de tener una ambición desmedida y mientras el primero califica al segundo de "amoral" en su conducta, el exalcalde considera que el líder de la trama corrupta le llegó a hacer propuestas "desproporcionadas que implicaban un mayor riesgo de exposición". La relación entre ambos, efectivamente, no debió terminar muy bien, pues González Panero asegura, como Bosch, que Correa y Crespo le llegaron a imponer unas "reglas de conducta" que él interpreta como "amenazas y presiones" y le recordaban los regalos que con que la trama le había surtido.

Pero hasta ese momento, la relación debió ser fructífera para ambos. Así lo expone el abogado Javier del Valle, asesor fiscal del exalcalde González Panero, acusado también en este próximo juicio que reconoce que "ocultó a través de distintas estructuras societarias y financieras una parte de los fondos percibidos en consideración a sus cargos" de regidor y de presidente de la empresa municipal del suelo "y prevaliéndose de los mismos". En su escrito, describe las estructuras financieras que el Albondiguilla compartió con Correa en Madeira y Panamá, por lo que admite delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Antonio de Miguel Reyes, arquitecto del Ayuntamiento de Boadilla, también ha enviado su propio escrito admitiendo los hechos de los que le acusa Anticorrupción. Según afirma, desde el Consistorio “se le daba a entender” que había "empresas en las que había especial interés" para adjudicarles contratos públicos, por lo que hacía informes técnicos favorables.

Habrá que esperar al inicio del juicio para ver si las confesiones de los procesados se traducen en acuerdos de conformidad con la Fiscalía y qué efectos pueden llegar a tener para el resto de acusados, incluido el PP. Tras el escrito de Correa, desde Anticorrupción se mostraron prudentes sobre el alcance que podría tener y se apresuraron a recordar que la investigación realizada antes de que esta pieza se enviara a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento ya consiguió demostrar los hechos más relevantes de la misma.

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